Adriana Beltrán, la directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola, en inglés) conversó con Prensa Libre y hace un análisis de los efectos de este proceso y por qué EE. UU. también debe analizar con preocupación lo que está sucediendo.
¿Cuál es el análisis del actual proceso de elección de Cortes?
Como organización internacional hemos dado seguimiento a este importante proceso y vemos con profunda preocupación los últimos acontecimientos que se han dado. Como hemos reiterado en múltiples ocasiones, jueces independientes e imparciales son un requisito esencial para que el sistema de justicia guatemalteco pueda operar efectivamente y pueda responder adecuadamente a los desafíos en materia de seguridad, justicia y corrupción que enfrenta el país.
El Congreso no sólo tiene la responsabilidad, sino también la obligación de garantizar a la ciudadanía un proceso que no permita la infiltración de jueces vinculados a intereses privados o ilícitos. Lamentablemente, los acontecimientos recientes sugieren que el objetivo de la alianza oficialista es atrasar el proceso de elección de cortes para eventualmente poder incidir sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad y así poder mantener cooptado el sistema de justicia y poder procurarse impunidad y protección. Se ve con preocupación y sospecha las mas recientes acciones y velocidad con la que se ha actuado en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
¿Cómo afecta al Estado de Derecho y la institucionalidad de un país que se atrase la elección de la CSJ?
La resolución de la Corte de Constitucionalidad estableció lineamientos claros de lo que es la carrera judicial y los requisitos constitucionales que deben llenar las personas que integren las cortes, los cuales exigen que se designe a personas capaces, idóneas, honestas y honorables. La resolución de la Corte buscaba corregir el camino a un proceso cuestionado y opaco y restablecer estabilidad en el poder judicial en plazos razonables. La alianza oficialista esta buscando la manera de simular cumplimiento con los plazos estipulados por la Corte de Constitucionalidad, pero en realidad no están cumpliendo con el fondo ni el espíritu de la resolución.
La continua desobediencia de las órdenes de la Corte de Constitucionalidad y ataques contra los magistrados debilitan aun más el sistema de justicia y la institucionalidad del país. En un país democrático, basado en el principio de separación de poderes, las decisiones judiciales se respetan y acatan. Las acciones recientes de los tres poderes del Estado sugieren un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos en Guatemala, lo cual es sumamente peligroso para la gobernabilidad y democracia en Guatemala. La crisis institucional que se está dando no debe pasar desapercibida para los Estados Unidos, dado que también afecta la seguridad y estabilidad regional. La corrupción e impunidad han contribuido, en gran parte, a la incapacidad del aparato estatal de atender las necesidades básicas de la población y obligado a muchos a migrar de sus comunidades en busca de mejores condiciones de vida y seguridad.
¿Se debería considerar un cambio en el proceso de elección? ¿Acaso una reforma más profunda, constitucional?
El actual proceso de elección de cortes nuevamente ha evidenciado la debilidad del modelo de Comisiones de Postulación y lo susceptible que es a la influencia e injerencia de intereses externos y opacos. Indudablemente, el modelo requiere de reformas profundas, basadas en la carrera judicial para evitar el tráfico de influencias y las negociaciones políticas que interfieren en la independencia del poder judicial. Mas, el proceso también ha evidenciado que sin voluntad política, la efectividad del modelo se va a ver comprometida. Cualquier modelo para elegir cortes va a depender de la voluntad política y de la convicción de los electores.
Cuando esta se encuentra plagada de conflictos de interés, se pierde el principio de bien común y acceso a la justicia para la ciudadanía.
El Congreso decidió no expulsar de la lista de elegibles a personas que la Fiscalía señala de reunirse con Gustavo Alejos, un convicto y supuesto manipulador del proceso de postulación. ¿Cómo se debe entender esto, más allá de la “presunción de inocencia”?
La Corte de Constitucionalidad fue enfática en instruir al Congreso a excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté en duda. En ese sentido, el Congreso debió haber excluido del proceso, por mínimo, a las personas que aparecen en el informe circunstanciado que presentó el Ministerio Público ante la gravedad y la seriedad de las imputaciones realizadas a los candidatos y las candidatas que se reunieron con el señor Gustavo Alejos. Otros aspirantes que tampoco cumplen con los requisitos constitucionales también deben ser excluidos del proceso. La cuestión que debió y tiene que evaluar el Congreso es si la conducta de los y las aspirantes es compatible o no con el perfil que requieren las altas cortes. La cuestión sobre presunción de inocencia es competencia de los tribunales. En este sentido, la información presentada por el Ministerio Público da indicios suficientes de haber comprometido su independencia judicial.
El mantener la candidatura de aspirantes que no cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez levanta preocupaciones y es una señal mas de que el objetivo es la cooptación del sistema de justicia para procurarse impunidad y protección.
¿La nueva Corte tendrá comprometida su legitimidad?
El Congreso tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía que las cortes estén integradas por personas con los méritos profesionales y éticos necesarios para desempeñar la función con competencia, independencia e imparcialidad. Lastimosamente, todo da a indicar que la estrategia actual es asegurar una elección amañada a intereses privados y oscuros para poder mantener impunidad y la justicia capturada.
¿Dónde está el camino que garantice que, en menos de cuatro años, cuando se tenga que renovar de nuevo el Poder Judicial, no se repitan errores como los de ahora?
Como mencione anteriormente, el modelo de Comisiones de Postulación requiere de una profunda reforma. No obstante, una reforma seria requiere de voluntad política y un verdadero compromiso para establecer un proceso basado en los estándares y prácticas reconocidas internacionalmente para garantizar un sistema de justicia independiente y eficaz. Lastimosamente, las acciones de la alianza oficialista no demuestran que actualmente exista esa voluntad política para poder reformar de manera efectiva el modelo de elección de las altas cortes.
