Justicia
Magistrados del TSE recurren a acciones legales para detener investigación
Funcionarios cumplen 80 días fuera del país y argumentan periodo de vacaciones.
El TSE por ahora está desintegrado, ante la ausencia de cuatro magistrados titulares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
A 80 días de que los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) salieron del país, no hay información clara sobre cuándo regresarán a sus labores, o si regresarán para enfrentar a la justicia por la supuesta compra sobrevalorada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales del 2023.
Desde diciembre último, los magistrados, Mynor Franco, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas e Irma Palencia, han promovido acciones legales para tratar de detener el proceso en su contra.
En el caso de Palencia, ha promovido cinco amparos ante la Corte de Constitucionalidad en contra de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y del Congreso, al argumentar que se violó su derecho de defensa y no se cumplieron los procesos de ley en el proceso de antejuicio.
Palencia reclama que la CSJ no tenía la potestad de decidir cuando aún fungían de manera ilegal los magistrados de la anterior legislatura que debieron dejar el cargo cuatro años atrás. También afirma que la Comisión Pesquisidora no la citó para escucharla como “antejuiciada”.
“Palencia reclama que se le violó su derecho de defensa porque la citaron antes que los denunciantes, sin saber qué dirían para poderse defender. Ella cuestiona la votación del congreso porque no discutió a fondo el informe de la pesquisidora para quitarle la inmunidad”, dice el abogado Édgar Ortíz, al interpretar los amparos que ha interpuesto Palencia ante la CC.
Poder
Ortíz afirma que aunque estos amparos sean resueltos en tres o seis meses, tan solo uno de ellos que se dicte a favor puede tener el “poder” para retroceder los procedimientos.
“Si la CC encontró que se violó el proceso en la pesquisidora se retrocederá el proceso en el Congreso, al igual que si se determina que se integró de forma ilegal la Corte Suprema de Justicia que le dejó la responsabilidad al legislativo”, refiere.
El 7 de febrero último, el Juzgado Duodécimo Penal aceptó un oficio enviado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ponerse a disposición de la jueza a cargo del proceso por la compra del TREP. Sin embargo, Ministerio Público (MP) recusó a la juzgadora.
Sin titulares
Ante la ausencia de los magistrados titulares, el TSE permanece desintegrado, puesto que no pueden conocer temas de materia electoral que ameriten la integración del pleno, debido a que solamente se encuentra la magistrada titular, Blanca Alfaro.
Ella es acompañada de los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón, con quienes es imposible llegar al quórum del pleno, debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) dice que deben ser cinco magistrados.
El 13 de febrero, el juez Fredy Orellana, ordenó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) abra una investigación contra Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.
Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.
En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche reprochó que Alfaro acudiera a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución. La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.
Señalamiento
El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones, habría sido sobrevalorado, según consta en una auditoría independiente practicada por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Derivado de esta investigación, el 1 de febrero la Sala Segunda de Mayor Riesgo ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., por vender el TREP al TSE.
La resolución también frenó el pago de Q40 millones que el TSE adeuda a esa empresa por los servicios prestados en la primera y segunda vuelta electoral de 2023.
Además, el 24 de noviembre del 2023, la CGC encontró posibles inconsistencias en la forma en que el TSE, utilizó los Q500 millones destinados para la preparación del evento electoral del 2023.
Defensa
Ejecutivos de Datasys señalaron al MP de quererlos incluir en el plan para evitar que el presidente electo tomara posesión y afirmaron que no hubo sobrevaloración de costos en la venta del TREP, al afirmar que en Guatemala el proyecto incluyó el servicio del sistema, capacitaciones, servicios profesionales y teléfonos celulares.
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