Los magistrados que integran la Sala, Haroldo Ortiz -presidente-, Edwin Ruano Martínez y Santos Sajbochol Gómez -vocales- recibieron la acción de amparo el 1 de mayo pasado y por unanimidad lo otorgaron.
Fue el abogado Julio Roberto García-Merlos -defiende a Felipe Antonio Bosch Gutiérrez- quien interpuso la acción judicial que detuvo la continuación de la audiencia de etapa intermedia.
“Habíamos sido convocados para conocer la etapa intermedia con empresarios, sin embargo, la Fiscalía fue notificada de un amparo presentado por uno de los empresarios y entonces se deja en suspenso la audiencia”, se refirió José Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales.
El argumento “básicamente se centra a que el caso ha dejado de ser de mayor riesgo y por lo tanto corresponde conocerlo a un juzgado que no tenga competencia para casos, como lo dice el interponente, que son delitos menos graves”.
En este proceso los empresarios Bosch Gutiérrez junto con José Fraterno Vila, Salvador Paiz, José Miguel Torrebiarte y José Guillermo Castillo fueron procesados por la juzgadora por financiamiento electoral ilícito el 6 de junio del 2018 en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, conocida como “megasala”, después la audiencia de primera declaración.
El Congreso hizo modificaciones al Código Penal el 18 de octubre del 2018 relacionado a los delitos electorales el año pasado. Fue creado el financiamiento electoral no registrado.
Los abogados de los empresarios han evitado pronunciarse al respecto.
Análisis
Omar Ricardo Barrios Osorio, del Centro de Estudios de Derecho, explicó que el financiamiento electoral ilícito y no registrado no deben ser conocidos en juzgados de Alto Impacto.
“La ley para conocer procesos de mayor riesgo, en el artículo 3 establece la condición de qué delitos pueden ser llevados a tribunales de mayor riesgo. Ahí aparece genocidio, asesinato, secuestro y otros pero en el listado no aparece ni financiamiento electoral ilícito ni financiamiento electoral no registrado como lo reformó el Congreso”, explica.
“No estoy diciendo que no sean delitos ni que no se deban investigar, sino que sea pero en los juzgados habituales y no en juzgados especializados para mayor riesgo”, agrega Barrios.
Existe una situación que sí se podría llevar el delito de financiamiento electoral no registrado a mayor riesgo con la figura de la conexión, complementa Barrios Osorio, aunque ninguno de esos criterios aparecen hasta ahora en el caso. “El ejemplo más sencillo es que un empresario o cualquier otra persona cometieron hechos relacionados con narcotráfico o otros delitos y son sujetos peligrosos y por eso fueron llevados a mayor riesgo en una primera investigación. Después se descubre que habían cometido otros ilícitos como falsedad, por ejemplo. Entonces, si están relacionados con los primeros delitos sí se pueden conexar”.
El caso de los empresarios, para Barrios Osorio, fue “una especie de colecta que le aportan a una persona y esta persona hace ciertos pagos. Ahí es donde se empieza a analizar desde la academia cómo ver este delito de financiamiento electoral ilícito, el original, que se debe separar cuando proviene de algo ilícito como lavado de dinero y narcotráfico”.
El fiscal de Delitos Electorales, José Curruchiche, informa que la audiencia intermedia por financiamiento electoral no registrado contra empresarios fue suspendida por un amparo provisional que otorga una sala centrado a que el caso no debe estar en alto impacto. pic.twitter.com/FxsMsd4ywL
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 9, 2019
Lo que sigue en este caso
La Sala les otorga a las partes procesales, después se haber sido notificadas, 48 horas para enviar sus posturas y ser tomadas en cuenta en la discusión definitiva del amparo que fue otorgado, de forma provisional, a Bosch Gutiérrez a través de su abogado.
Una vez la Sala cuente con los documentos, se abrirá un tiempo de ocho días para recibir las pruebas que sustenten el amparo y las de la Fiscalía centradas a que el caso debe seguir en la judicatura de Aifán.
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Se prevé otras 48 horas para que los magistrados se reúnan y revisen los documentos para emitir su resolución definitiva, aunque depende de la agenda de la Sala que tiene casos para conocer de todos los juzgados de alto impacto por lo que el trámite se podría atrasar algunas semanas.
Hasta que finalice el trámite del amparo Aifán tendrá detenida la audiencia de apertura a debate.
Los incidentes que se iban a conocer
En la judicatura informaron que con la audiencia de etapa intermedia también se conocerían un incidente de declinatoria y otro incidente de obstaculización a la acción penal, que se centran a que el caso debe estar en un juzgado ordinario. También la revisión de medidas de coerción.
Lo que ha sucedido en el caso
El pasado 28 de marzo inició la audiencia intermedia y la jueza Aifán rechazó el criterio de oportunidad planteado por el fiscal Curruchiche para los cinco empresarios.
La juzgadora también ordenó lo conducente contra Curruchiche para que la fiscal General, María Consuelo Porras, determine si él incurrió en falta o delito por haber realizado el acuerdo de criterio de oportunidad con los procesados sin la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), querellante adhesivo, y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que es el representante del Estado.
En este caso la Fiscalía de Asuntos Internos ya abrió un proceso contra el fiscal Curruchiche que avanza con la revisión de los hechos.
El acuerdo estaba centrado a que los empresarios se habían comprometido a organizar y financiar tres capacitaciones regionales relacionadas con el evento electoral y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Ese día el abogado Leopoldo Zeissig, mandatario de la Cicig, explicó que no era viable el criterio de oportunidad y manifestó su oposición.
Mynor Ortega, representante de la PGN, dijo que le sorprendía el criterio de oportunidad que planteó el fiscal, del cual la institución no fue incluida en el convenio.
Investigación contra empresarios
El señalamiento es por haber ocultado financiamiento electoral a la agrupación política FCN-Nación en 2015.
El Ministerio Público y la Cicig señalaron al partido que llevó a la presidencia a Morales de no haber reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q15 millones que gastó en las elecciones de 2015.
El 26 de febrero del 2018, Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, llegaron de manera voluntaria al MP para aportar información importante sobre el financiamiento de la campaña de Morales con el partido FCN Nación.
Tanto Paiz como López presentaron documentos, correos y facturas que respaldaban sus declaraciones, ambas con cargos de gerencia en Novaservicios Sociedad Anónima, empresa que recibió los aportes para la campaña de Morales.
La investigación llamada Financiamiento Ilícito FCN-Nación tiene relación con el pago para fiscales electorales de mencionado partido y pago de publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral de la campaña de 2015.
A ambas empresarias ya se les archivó el caso.
