Distintas fiscalías del MP indagan la gestión de Sinibaldi Aparicio sobre su relación con el uso clientelar de obras, pago de diésel, irregularidades en recursos asignados al Programa Nacional de Reconstrucción, a las que se sumarán la reactivación de una denuncia por más de Q3 mil millones interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La denuncia señala irregularidades en el manejo del Sistema Integrado de Contabilidad (Sicoin) por Q3 mil 125 millones 26 mil 552.45, que será accionada de nuevo, informó el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos.
Sinibaldi, su equipo completo de viceministros y otros exfuncionarios —42 en total— fueron denunciados por los auditores el 25 de mayo del 2015. Unos días después, el 8 de junio, el caso fue desestimado por la agencia 4 de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Los contralores presentaron un recurso de oposición para que el proceso no fuera cerrado. El 25 de enero del 2016, no obstante, la jueza Julia Marisol Rivera, entonces a cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, le dio la razón al MP.
Al ser consultada al respecto, la fiscal de Delitos Administrativos, Tamara De León, afirmó que el exministro no es investigado.
Con fines partidarios
Durante la audiencia del caso Cooptación al Estado se evidenció que al menos 70 contratos de obra pública y dragados, por los que se pagaron coimas, pudieron haber generado Q290 millones a la estructura.
El financiamiento ilícito de un partido tiene diversas formas, han explicado las autoridades. Una de estas, según el fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, es el aprovechamiento de la obra pública.
A raíz de una denuncia, esa fiscalía hace “una investigación forense” de cientos de documentos de las gestiones de los ministros de Comunicaciones desde el 2008 al 2015.
Dos expedientes más que involucran a Sinibaldi Aparicio se encuentran en la Fiscalía contra la Corrupción.
En el 2014, el valor de los contratos suscritos entre la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones, con varios contratistas, ascendió a Q3 millones 512 mil 980.55.
Según la CGC, los pagos con cargo al programa 96, Programa de Reconstrucción N7, con el que se decretó estado de Calamidad Pública —después del terremoto del 7 de noviembre de 2012 y que estuvo vigente al 4 de julio de 2013— se siguieron procedimientos irregulares que afectaron la fuente de financiamiento 52, que corresponde a Préstamos Externos.
A criterio de los auditores, no se atendió la naturaleza del gasto ni la vigencia de la normativa relativa al estado de Calamidad decretado.
En la denuncia presentada el 29 de abril del 2016, además de Sinibaldi se señala a Víctor Enrique Corado Valdez, Juan Francisco Sandoval Girón, Maziel Ivone Arango, Ivón Sofía Bocanegra Cuéllar, Francisco Javier Presa Aguirre y Édgar Marinelli Rubio.
Otra investigación está relacionada con un aporte de Q55 millones para diésel, según los registros de la Fiscalía contra la Corrupción. El delito por el que Sinibaldi y el exviceministro Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez son investigados es malversación. La denuncia fue presentada por la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, el 30 de abril del 2015.
Después del terremoto
“Pensé que lo que mis ojos veían era mentira, una casa que mi padre me dejó de herencia me sirvió para cobijarme, pero el 7 de noviembre del 2012 el terremoto se lo llevó todo”, cuenta Juan de Dios Méndez, vecino del cantón Gallo Rojo, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
Méndez podría haber sido uno de los beneficiados del Plan de Reconstrucción N7, que ofreció dos mil 575 viviendas en San Marcos y estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones.
“Hoy vivo con mi familia en una galera de lámina. Con mucho esfuerzo compré la lámina, pero esta galerita no resiste el frío ni el calor. Estamos tristes y esperamos un milagro para construir una casita”, agregó.
Francisco de León, de El Recreo, San Marcos, cuenta que el alcalde de ese entonces ayudó solo a su gente. “Nosotros, los verdaderamente necesitados, nos quedamos sin la ayuda. Hoy no tenemos casa y quienes más sufren son los niños”, manifestó.
Aportó Q2 millones
Álvaro Mayorga, representante legal de Constructora Nacional (Conasa), es señalado por el MP de haber aportado Q2 millones al PP. Está en prisión por el caso Cooptación del Estado. En un comunicado la empresa rechazó señalamientos de corrupción y se solidarizó con Mayorga.
Financiaron ilícitamente
Según el MP y la Cicig, la segunda modalidad de financiamiento ilícito incluía pagos a constructoras. A los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, como “uso de maquinaria por mil horas”, lo que se repite constantemente.
