Alejandro Sinibaldi: El ministro que tenía el control de todo

Alejandro Sinibaldi se ufanaba de tener control de todo. Su postura no estaba tan equivocada, ya que habría dirigido una red en la cartera de Comunicaciones que lo volvió millonario, tenía diputados que le eran fieles y era uno de los mandos del partido político que capturó una buena parte de las instituciones públicas.
 
Ciertamente, “nada dura para siempre”, reza un popular adagio y la fortuna política y económica que él acumuló se vio opacada por la persecución penal que emprendió en su contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
 
Eso lo llevó a estar prófugo de la justicia por cuatro años, período en el que acumuló cinco órdenes de captura y que pusieron en entredicho el poder que había construido tras dirigir el Instituto Guatemalteco de Turismo, ser diputado y dirigir el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
 
De hecho, esta última institución le sirvió de plataforma para erigir sus aspiraciones presidenciales, las cuales se frustraron en 2015 por la revelación del caso La Línea y las disputas que tenía con Roxana Baldetti, a quien señaló de intentar de sabotear su candidatura.

Es más, debido al escándalo en las aduanas de aquel año, el exfuncionario expresó que esa investigación de la CICIG fue “profesional” y añadió que, con eso, el ente internacional “dejó muy clara la importancia de su permanencia en el país” porque puso en evidencia una “debilidad institucional”.
 
Por supuesto, el exministro trató de desvincularse de esa “debilidad institucional” auspiciada por el Partido Patriota. Sin embargo, esto no fue posible y, según las pesquisas, Sinibaldi fue uno de los tantos políticos oficialistas que lucraron ilícitamente con los fondos del Estado.
 
En el caso del excongresista, las autoridades expusieron que sus operaciones estuvieron centradas en recibir sobornos de constructoras. Fue su exasistente, Aneliese Herrera, quien explicó el mecanismo empleado por el exministro para captar comisiones ilícitas por cada proyecto.
 
Herrera indicó que para recibir el dinero Sinibaldi creó un entramado de empresas de cartón. Además, subrayó que el exfuncionario repartió dinero entre sus viceministros, guardó dinero en efectivo en varios apartamentos adquiridos cuando era jefe del CIV y sumaba más de Q100 millones.

El relato de la exasistente fue anulado como prueba, pero este dejó muestras del carácter autoritario del exministro, la subordinación y obediencia de sus colaboradores, su ambición y el poder político que obtuvo y que aún posee, mismo que le ha servido para librarse de la justicia mientras sus allegados son condenados uno a uno.

Cooptación del Estado

Sinibaldi ya había salido del país cuando se reveló el caso La Coperacha, una de las fases del expediente Cooptación del Estado, en el cual se le señaló de incurrir en asociación ilícita y lavado de dinero por hacer aportes para que se le compraran regalos para celebrar los cumpleaños del Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
 
La FECI y la CICIG indicaron que el exfuncionario hizo la entrega de los fondos en efectivo, un método para ocultar las transacciones ilícitas. En total, según la investigación, el exministro entregó Q2.50 millones y US$245,000 para adquirir obsequios lujosos para el binomio presidencial.
 
Entre los bienes que se le dieron a Pérez Molina y Baldetti con esos recursos están una lancha, una casa de playa en Santa Rosa, un inmueble en Honduras y un helicóptero. La pesquisa explicó que el exjefe del CIV facilitó la cifra aludida entre 2012 y 2014 con el objetivo de congraciarse con sus superiores y asegurar su puesto en el gobierno.

Este fue el primer caso por el que se giró orden de captura. Esta se emitió en 2016, pero a finales del año pasado, la jueza Eva Recinos decidió cerrar el caso de Sinibaldi, aduciendo que no había pruebas de que los bienes onerosos se le hayan entregado al expresidente y la exvicepresidenta.

Construcción y Corrupción

“Los ministros son aves de paso”, dijo Sinibaldi a su regreso a Guatemala y refirió que son las constructoras los que han creado “un sistema de corrupción para lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesa”. Esa fue su descripción de lo que la FECI y CICIG revelaron en el caso Construcción y Corrupción.
 
Sin embargo, dicha pesquisa, presentada el 14 de julio de 2017, mostró al exfuncionario como líder de una estructura criminal que cobraba entre el 5% y 15% de comisión por cualquier pago que tenía que hacer el CIV, ya sea por la deuda que poseía con las constructoras o por la adjudicación de nuevos proyectos.
 
Para recibir las coimas, el exministro habría creado una serie de sociedades de cartón que facturaban sumas millonarias a las empresas contratistas, a las que supuestamente les prestaban servicios sin contar con la maquinaria, personal especializado ni la infraestructura para efectuarlos.
 
El propósito era darle apariencia de legalidad a los ingresos que percibían. Posteriormente, el dinero presuntamente sirvió para comprar múltiples bienes: apartamentos, casas, fincas ganaderas y agrícolas, entre otros. Las empresas “fantasma”, además, habrían sido utilizadas para captar fondos para las campañas electorales del Partido Patriota de 2011 y 2015.

Por todo esto, el exdiputado fue acusado de cometer asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, pero su caso fue cerrado. La jueza Abelina Cruz Toscano emitió el fallo, argumentando que no había posibilidad de que los hechos que le fueron imputados pudieran ser demostrados en un juicio.

Odebrecht

El escándalo de corrupción que inició en Brasil y se extendió hacia varios países de América, entre ellos Guatemala, terminó por envolver a Sinibaldi con la empresa Norberto Odebrecht, una compañía que pagó sobornos a cambio de que se le asignara el desarrollo de obras de infraestructura.
 
Para el contexto nacional, la constructora le habría dado US$11.64 millones al exjefe del CIV por la adjudicación del mejoramiento y ampliación de la ruta CA-2 Occidente, en la parte que une Escuintla con San Marcos. La FECI y la CICIG refirieron, el 24 de enero de 2018, que el dinero fue trasladado a offshores de Panamá.
 
Estas entidades, denominadas Latam Independent Advisors y Roa Corporate Legal & Economic Advisory, estaban bajo la dirección de colaboradores del exministro. Dichas sociedades aparentemente fingieron prestarle servicios a Norberto Odebrecht para ocultar el origen de los fondos.
 
Por este caso, fueron condenadas tres personas, pero la sentencia fue anulada. Los testimonios de tres directivos de la constructora brasileña que acusaban al exlegislador  también fueron invalidados De hecho, el caso de Sinibaldi fue cerrado, pero el fallo fue revertido y deberá enfrentar juicio por lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo.

Transurbano

Parte del dinero para la implementación de este nuevo sistema de transporte en la Ciudad de Guatemala fue desviado a empresas de cartón, presuntamente, vinculadas con el extitular de la cartera de Comunicaciones. La fase de la investigación que involucra al exdiputado fue presentada el 9 de septiembre de 2019.
 
En esa ocasión, la FECI refirió que las entidades Seguridad ASA y Servicios Marítimos Aéreos del Norte recibieron Q978,794 de fondos públicos, que iban a servir para contratar agentes de seguridad para el sistema del Transurbano. Sin embargo, dichos servicios nunca se brindaron.
 
Las indagaciones establecieron que estos recursos fueron trasladados a las citadas sociedades en 2010, cuando Sinibaldi todavía era diputado del Partido Patriota e integraba la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obra Pública. De esa manera, fue señalado de cometer lavado de dinero.
 
No obstante, el caso fue cerrado por la Sala Tercera de Apelaciones Penal, cuya instancia apuntó que el exministro era sujeto de una doble persecución, porque las empresas mencionadas ya habían sido incluidas en otro expediente: el caso Construcción y Corrupción (también engavetado).

Arca

 
La ruta que la FECI tomó para esclarecer el desfalco de al menos Q26.19 millones del Banco de los Trabajadores los llevó, según esa unidad de investigación, nuevamente al exministro. El epicentro de la pesquisa fue la entidad Estrategias e Inversiones Arca, la cual aparentemente captó parte del dinero extraído de la entidad financiera.
 
La fiscalía manifestó que Arca, después de recibir los recursos, envió Q525,000 a la entidad Avanzando Al Progreso, misma que sirvió como un “centro de recaudación” para financiar la campaña del Partido Patriota en 2011 y ocultarle al Tribunal Supremo Electoral las donaciones y aportes recaudados para ese propósito.
 
Los fiscales aseveraron que, tras verificar la información de Avanzando Al Progreso, pudieron establecer que hubo pagos realizados por publicidad de la agrupación naranja que se hicieron a petición de Sinibaldi. En aquel año, el exministro aspiraba dirigir la alcaldía metropolitana, pero fracasó.
 
En esa línea, el Ministerio Público lo señaló, el 30 de octubre de 2019, de financiamiento electoral no registrado, pero un año después el juez Pedro Laynez decidió cerrar el expediente judicial por la falta de indicios que hicieran sospechar que él cometió tal delito.

Riqueza en extinción de dominio

El ser funcionario le generó grandes réditos a Sinibaldi y le permitió aumentar su patrimonio, al menos eso era lo que sospechaba la antigua FECI, que lo vinculó con una serie de viviendas y apartamentos en lugares de alta plusvalía como la “Casa Noble” en Antigua Guatemala o pisos en los edificios Murakami, Casa Margarita y Premiere Gaudí.
 
El exministro también adquirió, supuestamente de forma ilícita, la “Casa de los Sueños” en Escuintla, la “Casa Verde” en la zona 10 capitalina, las fincas El Lago y Paso Caballo en Petén, otra finca en Izabal, dos yates y vehículos. En resumen, el exdiputado habría acumulado 145 bienes irregularmente, todos actualmente inmovilizados.
 
Asimismo, se encuentran embargados ocho cheques de caja que suman US$4 millones y una cuenta con aproximadamente Q60 millones abierta en Suiza. Producto de las investigaciones en contra del exdiputado, también fueron inmovilizadas bodegas, ofibodegas y la casa de campaña del Partido Patriota.

Investigaciones “deficientes”

Paolo Montes, abogado del exministro, dijo que el Ministerio Público faltó a la objetividad en las acusaciones contra su patrocinado. “Del simple análisis de los expedientes pudimos establecer que se le señalaba de acciones que él no pudo cometer, por no encontrarse en la esfera de sus funciones o responsabilidades”, agregó.
 
El profesional manifestó que las acusaciones formuladas hacia el exjefe del CIV “no llenaban los requisitos mínimos para poder discutir en un debate oral y público”. Asimismo, afirmó que la defensa pudo advertir “serias deficiencias en la investigación del Ministerio Público”.
 
Al preguntarle acerca de que los expedientes del exministro han sido cerrados, pero su antiguos colaboradores han sido condenados, Montes añadió que la “responsabilidad penal es personalísima, por lo que cada quien debe ejercer su defensa de la forma en que lo considere conveniente a sus intereses”.