El Comisionado Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, dijo este miércoles que en la pesquisa que llevan a cabo para identificar a los involucrados en la estructura “La Línea 2”, han encontrado empresas de papel, con datos equivocados de personas.
Las investigaciones han determinado que al menos 300 importadores pudieron haber pagado soborno a la estructura criminal la Línea, según el expediente que se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo B.
El Ministerio Público confirmó ayer por la tarde que horas antes se le había solicitado al juez Miguel Ángel Gálvez que se cite a 50 empresarios, pero por la cantidad de personas se pidió que se dividan en dos grupos, de 25 cada uno. Estos son señalados de haber cometido cohecho activo y falsificación de documentos.
También se supo que primero se empezó con los comerciantes individuales y que se está recopilando información sobre las sociedades anónimas.
Otto Pérez, expresidente de la República.
Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de la República.
Juan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti.
Carlos Muñoz, ex superintendente de la SAT.
Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria.
Salvador González, jefe externo e interno.
Francisco Javier Ortiz, jefe operativo de la red.
Claudia Méndez, exintendente de Aduanas.
Mientras tanto, en la judicatura se dio a conocer que la mencionada cantidad de importadores es solo una parte de unos 300 que aparecen en el expediente, relacionados con los depósitos que se hicieron a las nueve cuentas de Corpo Gold.
Para este caso se han utilizado como medios de investigación la declaración única aduanera (DUA), comprobantes de depósitos bancarios y escuchas telefónicas en las cuales los importadores informan que ya depositaron el dinero.
Entre los vinculados aparecen importadores guatemaltecos y asiáticos. En el expediente hay documentos que revelan que la mayoría de contenedores procedían de Panamá, China e India.
La audiencia se programaría para después de concluida la fase intermedia de los primeros 24 capturados, o sea en aproximadamente 15 días.
Continúa pesquisa
El pasado 1 de julio fueron detenidos los primeros 10 empresarios que se beneficiaban con el pago de sobornos, y nueve de ellos fueron ligados a proceso penal.
A casi seis meses de los primeros operativos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemal (Cicig) continúa una minuciosa investigación para determinar cuántos importadores son reales.
“Es un proceso que se ha venido adelantado con mucho cuidado, para no comprometer a personas que no estén verdaderamente involucradas”, explicó Iván Velásquez, jefe de la Cicig.
El comisionado detalló que durante la investigación se ha detectado suplantación de personas, empresas de papel y sociedades comerciales inexistentes que fueron utilizadas por los integrantes de la Línea para defraudar al Estado.
Enfatizó que los 50 importadores que fueron citados se presentarán en grupos diferentes, por la cantidad de personas y casos paralelos que se llevan en relación con la organización delictiva.
“Es para que se entienda que si hay unos tiempos prolongados no es por falta de actividad, sino por la naturaleza propia del trabajo que tanto el juez —Miguel Ángel Gálvez—, desde su función, como el Ministerio Público, con la colaboración de la Cicig, proceden”, puntualizó el comisionado.
