Los investigadores cuestionados son Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, y Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal de esa misma unidad.
En el caso de Campo, Porras lo trasladó recientemente a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
El caso se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo C, que en marzo último procesó a seis implicados que previamente habían sido beneficiados por el entonces juez Mynor Moto.
Dentro de las personas vinculadas a proceso penal se encuentran los tres integrantes de la junta de licitación del Ministerio de Comunicaciones que favoreció artificiosamente a la entidad mercantil denominada Renova Ingenieros S.A., misma que al ser adjudicada y contratada por el Estado de Guatemala, trasladó el 98.46% de los recursos recibidos hacia Conasa; ascendiendo la defraudación a Q90 millones 406 mil 91.97.
