Orellana decidió resolver que Gómez permanezca en prisión preventiva y que siga siendo procesada por el delito de revelación de información confidencial o reservada, pese a los argumentos presentados por la defensa.
Gómez dijo durante la audiencia de este miércoles que actuó con base a lo establecido en el convenio de colaboración eficaz “en ningún momento yo realicé acciones contrarias a las instrucciones de la agente fiscal a cargo del expediente”, argumentó.
Sin embargo, Gómez deberá permanecer en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, mientras el MP concluye con la investigación en el caso donde también se encuentra ligado a proceso el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.
El pasado 9 de agosto, el juez orellana ordenó la prisión preventiva para Gómez por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por ser, en ese entonces, trabajadora de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y podría tener contacto con documentación del caso.
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Además, Zamora Marroquín fue imputado el 9 de agosto por el juez Fredy Orellana, por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Además, Orellana ordenó que el periodista permanezca en prisión hasta la continuación del proceso judicial, en diciembre próximo.
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el 18 de agosto al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la puesta en libertad del periodista Jose Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico y encarcelado desde el pasado 29 de julio.
En una carta enviada a Giammattei, la SIP denuncia que este caso puede considerarse “un atentado contra la libertad de prensa”, por lo que solicita “garantías de debido proceso, que se respete la integridad del periodista y se brinde un marco adecuado para la continuidad de la empresa”, entre otros puntos.
Rechaza la SIP la detención de Zamora, que califica de “acto de intimidación y hostigamiento contra la prensa”, y pide su “libertad inmediata”.
Zamora, denuncia la organización hemisférica con sede en Miami (Florida), “ha sufrido represalia por su labor periodística” y el “allanamiento del diario”, la retención de sus trabajadores durante horas en la sede y “embargadas las cuentas bancarias de la empresa”.
