Guevara explicó que durante el juicio no se presentaron medios probatorios que demostraran que Muadi reclutó a personas para trabajar en el Congreso de la República cuando dirigió ese organismo del Estado.
“El MP ha venido a decirles a ustedes que él -Muadi- es el único responsable de todo lo que pasa en el Congreso de la República, con los cheques y todos, pero se debe acreditar y para eso están las leyes”, dijo.
Ejemplificó con el supuesto reclutamiento de familiares y allegados en 2013 y “se le acusa que reclutó a Alejandra Bracamonte Chilín, en julio, pero fue contratada el 1 de abril del 2013, no tiene lógica, eso la deja descartada”.
Agregó: “También se supone que reclutó a Patricia Guillén, fue contratada el 3 de junio del 2013, previo a la fecha en que se le da el nombramiento en la asociación para que él reclute, se debió hacer un análisis más profundo. Y después vienen más personas”.
El defensor, durante su alocución, indicó que en la apertura del juicio mencionó “la importancia de que interviniera la Contraloría General de Cuentas, porque es un órgano de prueba por mandato constitucional, y en materia de justicia se dio un antecedente en 1996 cuando se excluyó a la Contraloría en un proceso”.
El 27 de enero pasado, el Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal una condena de 35 años de prisión para Madi, señalado de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero en el caso Plazas Fantasma dentro del caso denominado por el órgano investigador como Plazas Fantasma. Además, pidió que se le imponga el pago de una multa de Q4.4 millones.
La defensa de Muadi señaló que para investigar lavado de dinero se deben desarrollar técnicas especiales de investigación señaladas en la ley, y que los métodos especiales están determinados también en la ley contra la delincuencia organizada. Luego de haber hecho el análisis, Guevara pidió que Muadi sea absuelto de asociación ilícita.
Continuó explicando por qué el tribunal también debe absolver al acusado de los otros dos delitos.
Según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Muadi habría facilitado la contratación de personas que estarían a su disposición, pero aunque estas cobraban su sueldo mensual no acudían a trabajar al Congreso.
Los hechos se dieron cuando Muadi fungió como presidente del Congreso de la República (2013-2014) y se supone que contrató un cuerpo de seguridad de una empresa, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.
Los agentes dieron su testimonio ante el Tribunal durante el juicio y expusieron la forma en la que fueron contratados, abrieron cuentas bancarias y les pagaron en efectivo.
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