Una investigadora de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, del Ministerio Público (MP), quien no se identificó por seguridad, confió: “Hay jóvenes que con 16 años han participado en más de 10 asesinatos, en diferentes hechos. Una persona como esta no va a tener el mismo tiempo de apoyo de educación conductual por medio de psicólogos que una que tiene un año dentro de la pandilla y no ha matado”.
La investigadora agregó que los niveles de violencia en los adolescentes no son los que se registraban en el 2000. Antes eran procesados por robo, hurto u homicidio, mientras que en la actualidad reciben jóvenes por asesinato, extorsión, robo de equipo terminal móvil y violaciones.
Estos delitos se cometen en el seno familiar, entre amigos, vecinos, personas conocidas y algunas desconocidas. Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), señaló a finales de febrero último que del 2008 a esa fecha la cantidad de jóvenes atendidos subió más del 200 por ciento.
Para ser más exactos, 264 por ciento, ya que en el 2008 tenían 284 jóvenes y en el 2016 cerraron con mil 34.
Según datos de la Secretaría a cargo de estos, del total de privados de libertad, el 69.3 por ciento (716) están sancionados y el resto (317) han sido recluidos en forma provisional. Del total de estos, 949 fueron llevados por haber cometido alguno de los delitos más comunes.
Penas bajas
Para la investigadora, este aumento se debe a que las estructuras criminales ven como opción captar a más niños y jóvenes porque las penas que la ley contempla para este grupo son bajas; es decir, si tienen de 13 a 15 años reciben dos años de privación por delitos graves, y a los de 15 hasta un día antes de cumplir los 18 años se les dictan seis años.
Esta situación, hace un tiempo, abrió el debate para que se buscara reformar la Ley y se bajara la edad para penalizar a los jóvenes o imponerles mayores sanciones.
Ábner Paredes, defensor de la Juventud, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, refirió que la Ley de Protección a los Menores es clara, y esa propuesta no sería la solución. Agregó que más bien se debe fortalecer la investigación, para dar con los grupos que los captan y controlan.
Enfatizó que la falta de oportunidades, acceso a educación y fuentes inciden para que los menores se involucren en delitos, además de la falta de protección de la misma familia.
Rodas señaló que las desigualdades en las que crece la mayoría de estos jóvenes han pesado para que sean captados por grupos criminales o infrinjan la ley. Refirió que la educación que se les ha brindado a algunos en los centros ha sido clave para su reinserción en la sociedad. “Específicamente la educación, no fue ni lo religioso ni la formación técnica”, afirmó.
Según información del Juzgado de Control de Ejecución de Medidas para Menores en Conflicto con la Ley Penal, de los jóvenes que son remitidos a los juzgados, el 70 por ciento se rehabilita con terapias y talleres impartidos en los centros de detención. El 90 por ciento de los que no pertenecen a una pandilla se regeneran, y de los que integran alguna, solo lo hace el 40 por ciento.
