Las expertas fueron invitadas por Causa Abierta, una iniciativa que hace llamados a los gobiernos de América Latina y el Caribe para dar cumplimiento a los acuerdos de población, niñez y derechos sexuales adquiridos durante el Consenso de Montevideo en 2013.
Ana Cristina González Vélez, doctora en bioética, ética aplicada e investigadora social en temas de salud, indicó que las menores “llegan a un lugar donde se suponen que las protegen y encuentran más abuso, menos protección y más violencia”.
La experta colombiana criticó que para recibir a las niñas debería existir un “Comité que vigile que los hogares las estén protegiendo. Que haya personal capacitado, recursos suficientes, que no signifique más aislamiento porque a veces quedan tan lejos de poblados, que no pueden asistir a la escuela. Es decir, se incumple otro derecho humano, que es el derecho a la educación”.
La investigación del Ministerio Público (MP) señala que 56 menores que estaban internas en el Hogar fueron encerradas en un aula con capacidad para 26 personas, el pasado 7 de marzo de 2017, luego que fueron atrapadas por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando escaparon del lugar por los malos tratos que recibían.
Durante el encierro, las autoridades del hogar les facilitaron colchones para dormir en la madrugada, pero algunas menores perdieron la calma y encendieron un fósforo para prenderle fuego a una colchoneta y así exigir que las dejaran salir.
Según la investigación, por esta colchoneta incendiada agarraron fuego más colchones y las niñas pedían que las sacaran del lugar, pero las autoridades tardaron mucho tiempo en quitar el candado de la puerta y se quemaron dentro del lugar.
González recordó que antes de la tragedia existieron muchas denuncias de los menores del hogar, quienes señalaban que eran víctimas de trata, malos tratos y explotación, pero nadie les creyó.
“Su palabra ha sido cuestionada porque es la palabra de niñas, porque es la palabra de mujeres y al cuestionar esa palabra se minimizó un problema que estaba teniendo el lugar adentro. Las niñas se desesperaron y vino toda la tragedia. Entonces el tema de la violencia no puede seguir siendo impune en nuestra sociedad”, criticó la experta.
Investigan a menor
En octubre pasado organizaciones civiles y familiares de las víctimas de la tragedia informaron en conferencia de prensa, que una de las niñas es investigada por el MP por una en la que es señalada de iniciar el incendio en la habitación.
Para Lucy Garrido, profesora uruguaya de Literatura, periodista y productora creativa, la denuncia e investigación contra la sobreviviente del incendio es aberrante. “No puede ser que ahora estén denunciando a las víctimas. Las acusan que ellas fueron quienes iniciaron el fuego. Es una cosa aberrante. Esto es como las cinco patas del gato. Es como acusar ahora a la gente que murió durante la Segunda Guerra. El Estado te tortura y te acusa”, criticó.
Mientras que para González la denuncia contra la víctima y el retiro de las 41 cruces que conmemoraba la muerte de las niñas en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, refleja la falta de compromiso que existe en el país para solucionar el problema de forma estructural.
“Es darles la espalda a esas familias y sobre todo impedirles una reparación social, porque ellos no solo necesitan reparación monetaria sino también que la sociedad entera rechace lo que pasó. El altar era una expresión de dejar viva esa memoria. Eso fue un acto poco compasivo y poco justo. Desde afuera existe una sensación de preguntarse si en Guatemala realmente se valora la vida de las mujeres”, se cuestionó la experta colombiana.
Caso emblemático
Line Bareiro, abogada y politóloga paraguaya e investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), indicó que el caso del Hogar Seguro es importante para tener sentencias claras porque las situaciones graves contra derechos humanos no se pueden tomar a la ligera.
“En estos casos hay gente de mandos altos que toleró lo que se hiciera -en el hogar- mediante presupuesto, mediante gente que contrataba, mediante falta de supervisión y no les importe que se hizo con esas niñas. Eso se tiene investigar en serio. En mi opinión hay que centrarse en poder ver y delimitar responsabilidades. No es lo mismo la de un señor que trabajaba en el lugar como limpiador o guardia o que el ministro o el presidente. Son responsabilidades distintas”, señaló la experta.
González cree que todavía hay muchas cosas por hacer en el caso, “la primera es una enseña pedagógica con la sociedad, porque cuando una mujer dice que la violan es porque la violan y palabra de la mujer tiene que ser suficiente para creer. Por supuesto que tiene que haber un proceso”.
Señaló además que la impunidad que existe en estos casos es común. Las tres expertas coincidieron que el hogar seguro es una tragedia que no debería pasar de nuevo en Guatemala y en ningún otro país. Además, esperan que el Gobierno entrante de Alejandro Giammattei se comprometa para que atienda las problemáticas que afectan a la niñez.
Tres fases
El Juzgado Cuarto de Instancia Penal y el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal conocen las investigaciones contra los exfuncionarios señalados por la muerte de las 41 menores del incendio. Las causas penales están divididas en tres fases.
El primer expediente es contra la ex subsecretaria de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller; el exsecretario, Carlos Rodas y el exdirector del hogar, Santos Torres, quienes están a la espera que inicie el debate en su contra por la responsabilidad que tenían al resguardar a las menores en la institución.
La segunda causa judicial es contra, Procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores; la exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro; la exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato del Hogar Seguro, Brenda Chamán; la subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), Lucinda Marroquín; y el subcomisario, Luis Armando Pérez Borja, ambos en situación especial, quienes fueron enviados a juicio en febrero pasado.
En la tercera fase figuran la jueza de Paz, Rocío Murillo; exsecretario de la judicatura, Rolando Miranda; monitora del centro Los Gorriones, Cruz y Flor de María López y la excoodinadora de Mi Hogar, Ofelia Pérez, quienes están en la audiencia de primera declaración.
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