Qué significa para Guatemala el hecho de poner ante la justicia a personas que fungieron como autoridades gubernamentales?
Yo creo que Guatemala está madurando como país. El que sea posible que la justicia opere de la manera en que ha venido actuando y que haya habido hasta el momento respeto a la juridicidad, yo creo que es algo destacable.
¿Se trata de una revancha hacia el PP, como se ha dicho?
Tengo claro que la justicia no es venganza, que no se puede admitir ni siquiera un revanchismo de personas que han cometido delitos. La justicia tiene que ser objetiva, serena, ecuánime. Una justicia, valga la redundancia, justa.
¿Qué se requiere para que se pueda avanzar en materia de justicia?
Digamos en general, en el respeto de garantías procesales y constitucionales que también son procesales. Creo que hay un debido proceso, naturalmente en cuanto a conjunto de normas que regulan la manera de cómo se desarrolla un proceso penal, ese es el debido proceso.
La crítica de la parte que defiende está en la presunción de inocencia. ¿Cuál es el alcance de ese principio?
Creo que todo se debe discutir en términos de la prueba que se ha aportado en un proceso y que en esa medida se derive la responsabilidad o no de esa persona. Pero no podría exigirse que en virtud de la presunción de inocencia no se hagan señalamientos con fundamento en la prueba.
¿Qué hace falta para entender esa situación?
Un desarrollo legislativo que se va haciendo en Guatemala, pero que creo que en ese punto resulta todavía insuficiente para enfrentar la gran criminalidad.
¿Cómo ve el actuar de la Fiscalía en relación a los casos contra exfuncionarios del PP?
El Ministerio Público ha venido adelantando investigaciones de tal naturaleza y con tal suficiencia probatoria, que desde el momento en que formula la imputación considera que tiene elementos probatorios suficientes para la condena. Ni siquiera para la imputación ni para la acusación, sino para la condena.
¿El sistema penal guatemalteco es apto para garantizar el desarrollo eficiente de procesos de alto impacto?
Hay necesidad de reformas procesales. Un tema que sin ser específicamente del crimen organizado, sino en general, es el funcionamiento del sistema penal que debe rediseñarse en el país, y que podría significar una mayor eficiencia también en ese terreno de la lucha contra la impunidad en su conjunto.
¿Cuáles podrían ser esas reformas?
Con el establecimiento de mecanismos de sentencia anticipada que permita descongestionar, no solo las cárceles sino también los órganos de investigación y de juzgamiento. Veo la posibilidad de contemplar una reducción de pena por aceptación de cargos que conduzca inmediatamente a la imposición de una condena con una reducción de pena. Pero que no haya necesidad de hacer todo el trámite de un proceso y un juicio, en el que el propio procesado encuentra que no tiene más mecanismos de defensa que buscar que la pena no sea muy alta.
¿El mecanismo que propone sería similar a lo que ya contempla la Ley contra la Delincuencia Organizada?
Hay un mecanismo de procedimiento abreviado en el país que depende de la voluntad del MP y de la decisión del juez, de la aceptación o no de mecanismos como este del procedimiento abreviado. Yo pienso más en mecanismos que se convierten, inclusive, en derechos del procesado.
¿Cómo califica los pronunciamientos hechos en contra de la Cicig, la investigación y el colaborador eficaz —Juan Carlos Monzón—?
Siempre se debe actuar con lealtad procesal, con respeto. Un proceso penal es un proceso dialéctico en el que sobre un hecho específico, el MP expone todos los argumentos y lo que acredita por qué tal asunto o tal hecho sí constituye un delito, y por qué ese delito se le atribuye a una persona, y por qué la comisión de ese delito de esa persona merece la declaratoria de la responsabilidad, y por qué esa responsabilidad supone la imposición de una pena.
¿Podría generarse una confusión de los hechos con la carga emotiva del proceso?
Todo lo demás —aparte de los señalamientos— que en un proceso se introduce, muchas veces teatralmente, sea por cualquiera de las partes tratando de confundir, yo creo que en eso, particularmente el juez, tiene que estar tan centrado para poder separar todos esos elementos perniciosos y centrarse exclusivamente en el tema que es el objeto de ese proceso.
¿Hay algún aspecto o garantía procesal que se perjudica en el desarrollo del proceso?
Podría citar varios casos, por ejemplo, con el derecho de intimidad, que es uno de los derechos tan preciados que tenemos.
¿Cómo se debe actuar ante esa situación?
Un órgano de investigación tiene que ser tan respetuoso que proteja la intimidad de la persona, de manera que solo se afecte en la medida que interese para el proceso.
¿Cuáles podrían ser algunos casos en los que podría vulnerarse ese derecho?
Las interceptaciones telefónicas afectan el derecho a la intimidad. Hay una gran cantidad de información que se obtiene en una interceptación que no tiene que ver con el hecho que se investiga. Pero que esta persona interceptada tiene tales relaciones conyugales o extraconyugales, o que tiene tales amistades, o que utiliza tales expresiones, eso no contribuye nada al proceso.
¿Existen otros casos?
Nos ha ocurrido con personas que se han presentado a la Comisión a entregar grabaciones. Nosotros tenemos que respetar cuál es la porción de cesión del derecho de intimidad.
¿Puede citar algún caso específico en el tema de grabaciones que fueron entregadas a la Cicig?
La magistrada Claudia Escobar, presentó una grabación del día domingo de las conversaciones con el diputado Gudy Rivera y con el abogado Vernon González, tenía otra grabación del día lunes que no entregó, ella no estaba dispuesta a ceder intimidad respecto de la conversación del lunes, sus razones tendrá. Cede los derechos del día domingo. Nosotros no podemos obligar a la persona a que ceda más intimidad a la que voluntariamente ofrece cuando formula la denuncia lo hace.
Para retomar el tema del sistema de justicia. ¿Cómo debería?
Hay que pensar en un funcionamiento del sistema penal, en su conjunto, de una manera integral. Eso supone desde la persecución, desde la investigación y la persecución penal, es decir, en la actividad del MP. Pero también en el Organismo Judicial, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, en la posibilidad de tener dictámenes serios, científicos, de parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pero también de parte del Sistema Penitenciario.
¿Cómo se debe analizar la situación del sistema de justicia de Guatemala?
Mirando todo el sistema en su conjunto, reflexionar cómo está normativamente, cómo está establecido desde que una persona es ligada a proceso penal, hasta que termina el cumplimiento de la ejecución de la pena. Si miramos eso, encontramos que hay muchos vacíos y que es necesario llenarlos. Que hay que mejorarlo, que hay que perfeccionarlo. Eso supone no solo variaciones normativas, sino también recursos, teniendo una legislación mucho más adecuada y que sea respetuosa de las garantías.
¿Cómo funciona el crimen organizado?
El crimen organizado tiene, podríamos decir, niveles, de acuerdo con su propia capacidad, con su propio poder, porque crimen organizado puede ser de simplemente estructuras dedicadas a delitos contra la propiedad, y hablamos de esta otra macro criminalidad que en la medida en que tiene mucha mayor capacidad, penetra las estructuras legales, penetra el Estado, pretende obtener beneficios de cualquier forma de parte del aparato de justicia, e inclusive antes de actuar el aparato de justicia pretende garantizarse impunidad para que sus integrantes ni siquiera sean llevados ante la justicia.
