El juez Kevin Castel fijó la fecha tentativa del próximo 26 de junio para sentenciar a Hernández (también conocido como JOH), de 55 años y que años atrás se jactaba de su estrecha relación con EE.UU.
Sin embargo, el Gobierno de EE.UU ha señalado con insistencia tanto en documentos como durante el juicio en Nueva York, que el pasado viernes culminó con el veredicto de culpabilidad, que el exmandatario dijo que quería “meter las drogas por las narices de los gringos”, y que “no se iban a dar ni cuenta”.
Un testigo de la Fiscalía, el contador José Sánchez, aseguró haber escuchado ese comentario durante una reunión que Hernández presuntamente sostuvo con un narco.
Ya había contado ese mismo diálogo durante el juicio por narcotráfico abierto en Nueva York contra Tony Hernández, hermano menor de Juan Orlando y exdiputado por el Partido Nacional, condenado en 2021 a cadena perpetua.
El exmandatario ya parecía estar en el ojo del huracán durante el juicio a su hermano -ante el mismo juez Castel-, pero él siempre negó su relación con los narcos alegando que los testimonios que lo implicaban eran falsos.
Falsos o no, esos mismos narcos volvieron a sentarse en la silla de los testigos en su juicio para acusarlo nuevamente de haber aceptado sobornos a cambio de proteger el tráfico de drogas a través de Honduras.
La larga sombra del hermano Tony
Las acusaciones contra Juan Orlando abarcan de 2004 a 2022, tiempo durante el que EE.UU mantenía sus relaciones con Honduras mientras investigaba la participación del político en el tráfico de drogas, investigación que también incluyó a varios narcos hondureños y a Tony, que estuvo a su manera “presente” durante el juicio a su hermano.
Tony Hernández fue mencionado varias veces por su relación con varios carteles y haber recibido el millón de dólares que, según la acusación, donó el cartel de Sinaloa en 2013 para la campaña presidencial de su hermano.
Por su parte, su defensa presentó al exmandatario como una especie de adalid en la lucha para detener el paso de drogas por Honduras, y destacó las leyes que adoptó desde la presidencia del Congreso nacional (2010-2014) para hacer que los traficantes fueran responsables por su crimen al impulsar una enmienda constitucional para la extradición de hondureños así como la de confiscación de bienes producto de dinero ilícito, entre otras.
Ironías del destino, ambas leyes terminaron perjudicando a Hernández cuando fue extraditado a EE.UU. en 2022, dos meses después de haber dejado la presidencia, y se le confiscaron varias propiedades.
La defensa también destacó su relación con John Kelly, exjefe del Comando Sur y luego jefe del despacho presidencial bajo Donald Trump, quien en 2015 elogió ante el Congreso de EE.UU. al Gobierno de Hernández y sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y proteger a sus ciudadanos de la violencia, pese a que semanas antes Human Rights Watch había señalado la “delincuencia desenfrenada y la impunidad con relación a los derechos humanos” en ese país.
“Yo tenía una política contra toda esa gente porque no los soportaba”, dijo el expresidente refiriéndose a los narcotraficantes, cuando decidió declarar en su propio juicio, en el que dijo además que pidió ayuda a Kelly, entonces al frente del Comando Sur, con el que se reunió varias veces, para detener el flujo de drogas que pasaba por Honduras.
Sin embargo, EE.UU. lo acusó de haber convertido a su país en un “narco-estado” al que transformó en una especie de “autopista” para la entrada de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos.
