La comitiva que acudió al Congreso estuvo integrada por los embajadores de la Unión Europea, Stella Zervoudaki; de Alemania, Mathias Sonn; y de España, Manuel Lejarreta, además de representantes de Suecia y de Gran Bretaña.
Diplomática sacudida
Durante cerca de media hora, los diplomáticos insistieron a los diputados en la necesidad de reformar las leyes Electoral y de Partidos Políticos, la de Contrataciones del Estado, la de Servicio Civil y las que impliquen mejorar el sector justicia.
“Para el Congreso, este momento de crisis debe convertirse en una oportunidad. La solución no es una solución revolucionaria. El Legislativo tiene en su mesa propuestas discutidas por años y años… Lo que se necesita es voluntad política y una medida de coraje”, manifestó Sonn.
Lejarreta les recordó a los diputados que en los últimos tres meses se han producido demandas sociales importantes, la mayoría de ellas dirigidas al Congreso, tal como ocurre en otras naciones, ya que los legislativos son “instancias fundamentales para atender a la población”.
El diplomático español añadió: “Queridos amigos diputados, da la sensación de que el traje político legislativo que tiene Guatemala se ha quedado pequeño para lo que demanda la sociedad. Da la sensación de que Guatemala necesita un traje nuevo que le siente mejor para el futuro inmediato”.
Zervoudaki expuso que Guatemala atraviesa por un momento histórico que ha colocado al Congreso en el centro de la reestructuración del Estado, por lo que ofreció continuar con el apoyo y acompañamiento que Europa ha brindado.
“El diálogo no siempre es fácil, muchas veces es complejo; pero solo a través del diálogo se puede ir adelante”, manifestó Zervoudaki.
Los diplomáticos europeos también solicitaron a los jefes de bloques que tomen en consideración aprobar antes del 25 de julio el protocolo especial firmado entre Guatemala con Belice que permitiría efectuar la consulta popular durante la segunda vuelta de las elecciones, para conseguir que el añejo referendo pueda ser trasladado a la Corte Internacional de Justicia.
Esta no es la primera vez que el Congreso recibe la visita de funcionarios internacionales para impulsar reformas a las leyes del Estado; el lunes último, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, acudió a la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde manifestó su apoyo a los cambios al rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado.
Sobre la mesa
A la reunión de la mesa que analiza reformas al sector justicia asistió por segunda vez el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, quien presentó de nuevo una lista de modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial.
A la sesión también acudió Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las propuestas fueron trabajadas por ambos organismos internacionales.
En opinión del jefe de la Cicig, las modificaciones que plantearon son necesarias para el sistema judicial, porque garantizan la independencia de los jueces y mejoran la jurisprudencia.
El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la mesa coordinadora, explicó que la próxima semana convocará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para iniciar con el trabajo de discusión y lograr dar un dictamen favorable y que el pleno las conozca.
Velásquez aseguró que hay consenso sobre las propuestas presentadas y que es necesario que se aprueben para que exista mejor aplicación de la justicia.
“Es conveniente que el Consejo de la Carrera Judicial se dedique permanentemente a tomar decisiones que le corresponden respecto de los aspectos ordinarios y que dé directrices y políticas generales”, afirmó el comisionado.
De brazos cruzados
Pareciera que los diputados no terminan de entender el mensaje, pues en la instancia de jefes de bloques la discusión sobre el mecanismo que se usará para conocer los resultados de las cuatro mesas formadas el 28 de mayo fue breve y sin conclusiones.
La única propuesta concreta fue la de Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que coordinó la mesa de reformas a la Ley Electoral, quien planteó que la iniciativa presentada por esa instancia fuera dispensada de dictamen y así conocerla junto con los 31 artículos que ya fueron aprobados por la Corte de Constitucionalidad.
Para esa propuesta no hubo respaldo de los congresistas, y ni siquiera se entró a votar por la iniciativa de Barreda.
Contrario a ello, el diputado Pablo Duarte, jefe del bloque del Partido Unionista, dijo que el Tribunal Supremo Electoral había sugerido a través de un comunicado que las reformas las debía conocer la legislatura del 2016, lo que fue rechazado por otros diputados.
La aprobación de las leyes ha causado división. La semana pasada, sindicalistas allegados al oficialismo acudieron al Congreso con amenazas de que tomarían medidas si se aprobaban las normativas que se discuten en las mesas, pues exigen apoyo a otras propuestas de demanda social, como la de Desarrollo Rural Integral o la nacionalización de la energía eléctrica.
