De acuerdo con residentes del pueblo, la vida política de Gómez ha estado bajo el estigma de la corrupción. Los pobladores comentan que para autorizar condominios exigía terrenos o casas, y con ello daba “privilegios” a empresas.
De acuerdo con versiones de líderes comunitarios, la vida de Gómez cambió gracias a las acciones ilícitas en las que participaba como alcalde, pues ahora es propietario de gasolineras y hoteles; y se cree que posee propiedades en México.
Jorge Morales, del Frente Huehueteco contra la Impunidad, considera que la situación económica del exalcalde floreció de manera acelerada, y que a escala comunitaria se cree que fue por actos de corrupción, aunque no se tienen evidencias contundentes para demandarlo.
“Estoy tranquilo porque no he actuado al margen de la ley”, respondió al respecto el exjefe edil.
El caso de Gómez es solo uno de los tantos que se registran en el país, donde alcaldes, diputados y representantes de instituciones de Gobierno se enriquecen de manera ilícita, pero que por temor o indiferencia, la población no denuncia.
Los casos más sonados son los de los exjefes ediles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Édgar Francisco Ruiz Paredes, capturado el 21 de enero último, y Adolfo Vivar, detenido en el 2012, señalados de haber cometido actos de corrupción.
Otros casos son los del exjefe edil de Chinautla, Arnoldo Medrano, capturado la semana pasada; y el arraigo contra el Concejo de Xela, encabezado por el exalcalde Jorge Barrientos, por un faltante de Q4.1 millones en la comuna.
Acto contra la moral
“La corrupción e impunidad que tanto daño ha causado en el sistema político del país erosiona la moral, atenta contra el estado de Derecho y frena el desarrollo de las comunidades”, citó Carmen Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.
“Es un delito que constituye una falta de lesa humanidad, porque se enriquecen con dinero destinado para salud, educación y programas sociales”, sentenció Ibarra.
La activista destacó el trabajo que ha llevado a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, así como el eco de una población que motivó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicemandataria Roxana Baldetti, sindicados de dirigir una estructura de defraudación aduanera.
“Los servidores públicos deben tener un cambio de actitud; ellos deben ser probos —honestos— y no corruptos”, refirió Ibarra.
Edie Cux García, asesor legal de Acción Ciudadana, se unió al clamor de la transparencia y opinó que es “importante y trascendental” investigar los casos ilícitos a todos los niveles; instó a la población para que denuncie ese tipo de anomalías.
“El enriquecimiento ilícito es un delito que ha sido ornamental en la ley penal, tal es el caso del exdiputado de Quiché, Mario Rivera —despojado de su inmunidad en el 2015, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito—, y otros casos de alcaldes que no han llegado a la sentencia”, comentó Cux García.
Añadió que los funcionarios deben declarar sus patrimonios antes, durante y después de ejercer una gestión pública.
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, se refirió específicamente a los alcaldes, quienes, según él, utilizan la autonomía municipal como una herramienta de protección e impunidad.
“Sin estigmatizar a las comunas, el crimen organizado las utiliza como fuente de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, agregó.
Piden investigación
Tony Pérez, del Movimiento Vos de Quetzaltenango, criticó la deshonestidad de los funcionarios y exigió que se investiguen a varias quetzaltecos por fraude, entre ellos Armando Paniagua, exdirector del Fondo Nacional para la Paz; Jorge Barrientos, exacalde; Carlos Prado, exconcejal; Leonel Soto y Delia Karina de Paniagua, exdiputados; María Luis Ixtabalán, exdiputada del Parlacén, y Carlos Illescas, exsíndico.
“Es urgente que se investigue el enriquecimiento ilícito, porque vemos que andan en Xela, como se dice comúnmente, como Pedro por su casa, sin que nadie diga o haga algo”, exclamó Pérez.
“Los guatemaltecos somos indiferentes ante estos temas, no tenemos conciencia ciudadana; sin embargo, el año pasado despertamos y debemos seguir firmes”, opinó Osbaldo Ochoa, conocido como el Caminante de Xelajú.
Líderes comunitarios de Sacatepéquez coinciden en que los políticos se han aprovechado de los puestos para reportar obras sobrevaloradas.
Nim Sanik, del Consejo Maya Kakchikel de Chimaltenango, indicó que la corrupción en el departamento es alta: “Las autoridades se aprovechan para agenciarse de millonarias cantidades”.
Elvia Nohemí Pablo Ortiz, quien representa al sindicato de trabajadores de la comuna de El Tejar, Chimaltenango, señaló que durante la administración del anterior alcalde, Manolo Méndez, los recursos de la comuna sirvieron para “engordar” los bolsillos del exjefe edil, ya que la mayoría de los proyectos tenían de fondo un negocio del cual obtenía beneficios.
“Solo en diciembre pasado la Municipalidad debió recibir unos Q2 millones por un negocio de selecto —arena—, pero los recursos sirvieron para enriquecer más al jefe edil, quien junto a sus hijos andan en carros último modelo y con viviendas por todos lados”, señaló.
Soporte legal
En la lucha por la transparencia existe la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito o Ley Anticorrupción, y tratados internacionales contra ese flagelo, entre ellos la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Nacionales Unidas contra la Corrupción.
El Código Penal, en el artículo 448 Bis, establece que quien comete delito de enriquecimiento ilícito será sancionado con pena de prisión de cinco a 10 años, multa de Q50 mil a Q500 mil e inhabilitación especial.
