Guatemala

Carencia  de recursos agrava drama de bebés abandonados

La carencia de recursos  e insumos  en el Hospital Regional de Huehuetenango agrava el drama de cinco bebés que fueron abandonados y permanecen en ese nosocomio, situación que preocupa a las autoridades y personal médico, quienes piden apoyo al Gobierno.

Personal del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Regional de Huehuetenango cuida a bebés abandonados. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo).

Personal del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Regional de Huehuetenango cuida a bebés abandonados. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo).

Una de las enfermeras del Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del Hospital Regional de Huehuetenango lamentó que  no  haya presupuesto para el sostenimiento de los  infantes desamparados, quienes  necesitan medicamentos, alimentos,  ropa, frazadas,   pañales y  pachas; así como   jabón, talcos, esponjas, champú   y    toallas.

“Los niños con síndrome de abandono solo cuentan con el amor y  cuidados que  les brindan   las enfermeras y el  personal médico”, expresó.

Lauri Félix, jefa  del CRN, manifestó: “Necesitamos  apoyo económico  de instituciones, para  cubrir las necesidades de estos bebés, pues    la  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional nos abastece de  algunos insumos, pero son específicamente para los niños  desnutridos,  que necesitan recuperar peso”.

Tres en un mes

Carmen Roblero, vocera del hospital, informó  que tres      recién nacidos  han sido abandonados en lo que va del mes,     en  barrancos o viviendas deshabitadas, en diferentes municipios de Huehuetenango.

Recordó que el  caso más reciente  es el de  Ángel Gabriel, quien el pasado 13 de abril  fue hallado dentro de una bolsa   plástica, en San Gaspar Ixchil.

Desde ese día, Angelito, como cariñosamente le llaman,     permanece estable en el nosocomio, por   orden judicial de abrigo temporal. 

“La mayoría  de bebés son abandonados porque sus padres  viven en  extrema pobreza, las  madres son menores de edad o   porque    se convierten
en una carga”,  explicó Roblero. 

Érick Villatoro, auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestó  que  los casos de abandono representan una grave violación a los derechos de estos niños, que no tienen garantía de alguna protección por parte de sus parientes.

Deber del Estado

El funcionario explicó que  el Estado es el responsable de dar atención a los menores, con efectiva protección y celeridad, para ubicarlos en una institución que les  ofrezca las condiciones mínimas para  su    desarrollo.

Herbert Ralda, jefe del Área de Salud en Huehuetenango, afirmó que no tienen  presupuesto asignado para ese rubro  y    crear una partida presupuestaria para los niños abandonados no es viable, debido a la crisis que afronta  el Ministerio de Salud.

Agregó que son las autoridades del hospital las que  deben gestionar con  asociaciones e instituciones  la  donación de artículos para apoyar a los menores abandonados, mientras  se resuelve  su situación legal. “No tenemos recursos destinados específicamente para  los bebés abandonados”, explicó Ralda.

Menores con futuro incierto

José Ríos, secretario del Juzgado de la Niñez de Huehuetenango,  explicó  que   cuando se rescata a un menor, lo  evalúa  un médico, y posteriormente lo remite al hospital regional. 

El Juzgado de la Niñez es el encargado de  brindarle  medidas de abrigo y protección temporal, mientras se desarrolla un proceso judicial para establecer a qué institución es enviado.

Comentó que con  base en las audiencias que se programan para cada caso, el juez establece la adoptabilidad del niño, dicta la sentencia y luego  certifica al Consejo Nacional de Adopciones para que continúe el proceso con la Procuraduría General de la Nación. 

Agregó que se hacen publicaciones en los diarios para alertar a    los padres o algún familiar; si no aparecen ,  se busca una familia adoptiva.

Cada proceso  es diferente y puede durar  años para poder ser legalizado, pues una vez se dicta la sentencia, debe pasar un año en trámites administrativos, en el juzgado, para determinar el futuro del menor.

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