Seguridad vial
Sin consecuencias por manejar mal: Piden aplicar la ley para reducir accidentes en Guatemala
A medida que los accidentes de tránsito en el país aumentan, expertos consideran que la aplicación frecuente de multas, una infraestructura vial segura y una entidad rectora son fundamentales para reducir la siniestralidad.
Casi la mitad de accidentes en el 2024 involucraron a motoristas. Foto ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Sobrepasar los límites de velocidad, no respetar señales de tránsito, usar carriles no permitidos, así como estacionar en lugares prohibidos y conducir sin licencia son las principales infracciones registradas por la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) en la Ciudad de Guatemala a noviembre de 2024.
La velocidad, que encabeza la lista con el 39% del total, suele ser un elemento clave en la siniestralidad de los accidentes de tránsito, los cuales durante el 2024 -con datos hasta el 24 de noviembre- suman 7 mil 432 hechos de tránsito, según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Lo prioritario debe ser controlar la velocidad y el mejor elemento para eso son las multas y las cámaras. –La clave es– la agilidad de la multa, es decir, que haya poco tiempo entre el período en donde se genera la falta y que la persona sea notificada”, identifica Juan Carlos Botrán, director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala. Para cambiar el comportamiento del conductor, la periodicidad de la multa es más importante que el monto, según Botrán, y ejemplifica: “las multas por carreras de autos y por conducir bajo influencia son muy altas, son de Q25 mil, pero la gente igual lo hace, (por eso) lo más importante es la frecuencia con la que se imponen”, complementa.
Castigo que deja de funcionar
Adolfo Priego, juez primero de asuntos municipales de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, considera que el monto de castigo por multas se ha endurecido y que suele superar la capacidad económica del vecino, pero adelanta que estos son la consecuencia de no respetar las señales de tránsito. “Por ejemplo, al conductor que sea sorprendido conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas tiene una multa entre Q5 mil y Q25 mil, incluso le pueden retener o suspender la licencia por un año. Cuando es para vehículos comerciales, la sanción puede ser de Q10 mil hasta Q 50 mil”, señala.
El próximo 24 de diciembre entran en vigencia las reformas a la Ley de Tránsito, modificaciones que según Botrán podrían empeorar la certeza de castigo. “Convierte las vías internacionales y nacionales en áreas sin ley y sin control, le impone procesos a las autoridades que no tienen la capacidad de cumplir y no lo tendrán en varios años. Además, facilita la impunidad por parte de los infractores y enmarca la multa a un tema netamente económico” critica. Con estos cambios, Botrán señala que el país cambiará a un entorno en donde el conductor puede abusar del sistema.
Según un análisis publicado por Prensa Libre, uno de los cambios que establece la nueva ley, en su artículo 31, las multas que no sean notificadas correctamente de ahora en adelante prescribirán en un plazo de 120 días (4 meses) desde la fecha en que se impusieron, y no podrán ser cobradas. Es decir que, si no se notifican adecuadamente al conductor o propietario del vehículo, incluyendo las pruebas y detalles que se exigen, dentro de ese plazo, perderán su validez legal. "En caso de que la resolución sea desfavorable, el infractor deberá pagar la multa o multas impuestas, en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de que la resolución quede firme. Las autoridades de tránsito deberán emitir un recibo de respaldo por el pago de la multa, autorizado por la Contraloría General de Cuentas y entregarlo al infractor de manera física o electrónica" se indica.
Por su parte, Salvador Morales, experto en seguridad vial, añade que, según el estudio realizado por la Universidad del Valle de Guatemala, titulado “Voces ciudadanas por la seguridad vial”, en Guatemala “estaríamos dispuestos a ceder para que las multas y las penalidades sean mayores” y añade que “hay una percepción ciudadana muy grande de que las multas ya no son un disuasivo como tal”, menciona el experto.
Lo que sucede, a criterio de Héctor Flores, gerente general de Emetra, es que en Guatemala no existe garantía de ser penalizado por infringir la ley. “Por ejemplo, cuando un guatemalteco conduce en los Estados Unidos le aseguro que maneja con precaución, respetando los límites de velocidad, haciendo lo que en Guatemala no hace. La razón y la diferencia estriba en lo que se llama la certeza del castigo”, explica Flores.
Otra de las irregularidades en el parque vehicular que Botrán identifica es el estado de los vehículos, por ejemplo, los vehículos sin luces. “¿Cuántos vehículos, automóviles y motocicletas, vemos cada noche sin luces? Son terribles, son peligrosísimos”, resalta Botrán, y señala que en Guatemala existe “una deficiencia de las autoridades para hacer cumplir las reglas”.
En esa misma perspectiva, Waleska Sterkel, directora ejecutiva de Amcham Guatemala, cuando enfatiza que las autoridades son piezas clave para aplicar la ley. “Hay que poner una sanción a la par de una autoridad que realmente pueda dar seguimiento a esas multas, pero la tarea está dispersa, no sabemos si es Emetra o si es la PNC la autoridad que nos pone las multas”. Por ejemplo, Emetra registra su mayor número de infracciones por sobrepasar límites de velocidad. Mientras tanto, la Onset registró -a noviembre del 2024- 92 mil 177 sanciones, el 52% de ellas impuestas a motoristas, el 7% por hablar por teléfono, el 4% por equipamiento básico, y el 3% por llantas lisas.
Respecto a las motocicletas, este tipo de vehículo aumentó –con datos a octubre del 2024– un 12% en el parque vehicular y, con ello, las multas a estos conductores. Según Priego, “muchos motoristas no tienen licencia o dicen no tener con tal de que no les pongan multa, pero, de todos modos, el no tener licencia o que esté también vencida corresponde a una multa”.
Carreteras inseguras
Además de la periodicidad de aplicación de las multas, la infraestructura vial juega un papel clave en la seguridad. “No hay carreteras adecuadas porque hay agujeros, hundimientos, no hay buena señalización, no hay buena iluminación”, enlista Sterkel.
Existe un rezago en la forma en que se diseñan carreteras y las nuevas tecnologías que se pueden implementar en su construcción, por esto Morales considera que se requiere de “la actualización de estándares técnicos. El Libro Azul de construcción de Caminos es del año 2000, para el 2024 las tendencias en materiales, en técnicas de mitigación, dispositivos de seguridad activa y pasiva y elementos de señalización han evolucionado drásticamente en el mundo y parece que nosotros no evolucionamos con ellos”.
Un ejemplo es la vuelta El Chilero, ruta a El Salvador, que es una carretera que tiene un diseño de 1940 para carros de 2025 -que ya están circulando-. "¿Qué es lo que pasa allí? Tiene una gran pendiente, en vez de tener contra pendientes. No tiene un buen diseño que incluya elementos de seguridad vial”, explica Morales.
Las carreteras bien diseñadas y construidas tienen el potencial de reducir las cifras de siniestralidad vial, que de 2023 a 2024 aumentaron en un 5% en cuanto a hechos viales y fallecidos un 6.2%. “La inversión más efectiva es implementar medidas de seguridad vial dentro de las construcciones de las calles. Una vía que se construye con elementos de seguridad se va a volver una herramienta que reduzca accidentes, y siempre y cuando le demos el mantenimiento adecuado esos beneficios van a seguir funcionando por muchos años”, indica Botrán.
Falta de entidad rectora
Aunque aplicar la ley y construir carreteras son medidas de seguridad vial claves, hace falta un ente que lleve el liderazgo en la política pública. “Cuando hay un vacío de autoridad no hay un responsable, y cuando no hay un responsable del cumplimiento de la ley, la tarea se ve ambigua o dispersa”, explica Morales
Un ente rector en materia de seguridad vial debe integrar planes a largo plazo, acciones puntuales de las instituciones, formular políticas e integre elementos de seguridad vial dentro de los planes de las entidades. “Si hay muchos soldados y no hay un general probablemente la guerra vaya perdida desde su concepción”, compara Morales.
Al no existir una autoridad que coordine, en Guatemala “muchos tienen las funciones de regir el tránsito en la ciudad capital, no digamos afuera de lo que es la ciudad, entonces es necesaria una autoridad máxima o suprema vial en donde se concentran realmente las reglas del juego, si no hay reglas claras trasladamos esa certeza de reglas viales a los usuarios y el tránsito se vuelve un caos, que es lo que actualmente tenemos”, señala Sterkel.
En septiembre del 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, en el cual se detalla que los gobiernos deben “crear mecanismos de coordinación; y de garantizar la recolección y análisis de datos sobre accidentes, muertes y lesiones”. Morales resalta que “Guatemala como país firmante se compromete, en teoría, a cumplir esas metas de reducción de siniestralidad vial y para que esto funcione tiene que existir un ente rector, una agencia líder que de alguna manera planifique, ejecute e integre a los distintos actores que tengan injerencia en este tema”. A su criterio, en Guatemala deberían existir auditorías viales, evaluaciones de seguridad, estadística y análisis de los puntos de concentración de accidentes para crear un plan de acción con los datos.
Hay diversos caminos que Guatemala puede seguir para contar con una entidad rectora, por ejemplo, Botrán señala que “en otros países se ha tenido una entidad coordinadora, una agencia o una secretaría que gestiona las labores de otras entidades que son ad hoc a la especialización que cada uno tiene”. Otro ejemplo es El Salvador, que cuenta con un Viceministerio de Transporte que coordina y normas políticas de transporte y tránsito, “que crea un Consejo de Seguridad Vial en donde participa la ciudadanía, las oenegés, la academia pero que está bajo la tutela de un viceministerio que aglutina emisión de licencias, de placas y control de vehículos; aglutina transporte público, transporte de carga; aglutina construcción y mantenimiento de obra vial”, destaca Morales.
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