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¿Puede una nueva ley aliviar estos 7 “dolores de cabeza” de las carreteras en Guatemala?
Si se aprueban las nuevas reglas para dar mantenimiento a las carreteras del país, en el mediano plazo podrían resolverse temas como la falta de fondos o la baja velocidad en el tráfico, dicen expertos.
Según los especialistas consultados, hay al menos siete desafíos del panorama actual que podrían corregirse gradualmente si se implementa efectivamente la nueva ley y su posterior reglamento. (Foto Prensa Libre: Óscar Vasquez)
El pasado martes 15 de octubre, la ley 5431, conocida como Ley de Infraestructura Prioritaria, fue aprobada en tercer debate y quedó a la espera de conocer enmiendas para la aprobación de artículos y redacción final.
A pesar de que estaba agendada para discutirse el pasado martes 22 de octubre, los diputados terminaron la sesión al llegar a ese punto. En el caso de que se logre discutir y aprobar, este sería apenas el inicio de un largo camino para la transición a un nuevo modelo de carreteras, ya que hay una serie de acciones que se deben ejecutar, principalmente por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para avanzar con los trámites administrativos de oficio.
Cecilia Pivaral, quien es parte de la mesa de Infraestructura de la iniciativa Guatemala No se Detiene, señala que el CIV debe crear una unidad para “realizar las modificaciones al Reglamento Orgánico Interno (ROI) para incluir una dirección nueva, llamada Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp); trabajar con la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) en la definición de perfiles y contratación del personal 011, y procurar que el Ministerio de Finanzas autorice la nueva Estructura Programática.
Por esto, el 2025 podría ser el año de transición para la aplicación de la ley, en caso de que se apruebe en el presente año. Pivaral considera que, si “seguimos trabajando con el modelo de obra pública tradicional, la infraestructura seguirá quedándose limitada, se espera un aceleramiento en su deterioro y continuaremos cayendo en la competitividad del país y calidad de carreteras con un parque vehicular creciente”.
Una de las herramientas en las que se debe trabajar para la aplicación de esta ley es el Reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que deberá ser aprobado por Acuerdo Gubernativo. Así mismo, realizar una evaluación de la red vial “para identificar acciones situación jurídica y física de la infraestructura y poder empezar a planificar las acciones de trabajo. Todo este proceso puede durar entre 12 y 18 meses”, estima Pivaral.
Crisis en carreteras
Esta nueva ley se enfoca en la construcción y mantenimiento en las rutas centroamericanas y anillos, como el C-50, trazos que María Teresa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), considera fundamentales para el desarrollo del país.
“Las carreteras centroamericanas deberían de ser prioritarias en cuanto al mantenimiento y ampliación, son las arterias por donde circula la mayor cantidad de carga y la importación que necesitamos los guatemaltecos para nuestro día a día”, añade la representante.
El problema de la falta de carreteras en Guatemala, así como su mantenimiento, se ve reflejado en los resultados del ranking del Foro Económico Mundial del 2023, que mide la calidad vial del país, en el cual Guatemala ocupa el puesto 117 entre 119 países. Para Fanny D. Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) la iniciativa de ley propone modernizar el modelo de infraestructura vial, asegura el mantenimiento de las vías durante 30 años, incluyendo garantías financieras, y promueve infraestructura de calidad que impulse el desarrollo económico y social.
“La necesidad de esta iniciativa viene a que todo lo que teníamos anteriormente en materia de construcción de infraestructura no estaba funcionando, de hecho, se ha vuelto un factor totalmente en contra de Guatemala, de su economía y del bienestar de la población”, añade D. Estrada.
Según los especialistas consultados, hay al menos siete desafíos del panorama actual que podrían corregirse gradualmente si se implementa efectivamente la nueva ley y su posterior reglamento.
1. Velocidad de trayectos
En Guatemala, un vehículo transita a “una fracción del tiempo en el que deberíamos de circular. En zona urbana, estamos circulando entre 8 km/h y 12 km/h y en zona no urbana entre 30 km/h y 35 km/h. La velocidad a nivel mundial, en promedio, son 70 km/h, menciona González.
Este problema de velocidad impacta en la logística del país, por ejemplo, estima González que para recorrer “105 kilómetros de Puerto Quetzal a la ciudad de Guatemala nos tardamos entre cinco y ocho horas”, lo que genera un incremento del 20% al 25% en el costo de operación.
Se estima que cada año se construyen alrededor de 200 km de red vial, un cambio con la ley es que se podría dar el salto a 1 mil 500 km de rutas centroamericanas nuevas. D. Estrada estima que ese incremento mejoraría “la competitividad para sacar más productos, para producir más, para que la velocidad a la cual se circula la carga en Guatemala, que es 17 km/h, se podría hacer hasta dos viajes a los puertos del Sur”.
2. Acceso a fondos
El problema de la falta de carreteras, a criterio de Jairo Sapón, coordinador de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG), se debe al limitado presupuesto con el que se cuenta para la construcción de este tipo de obras. “Se necesita inyectar más capital o invertir más en carreteras, también en drenajes, pasos transversales, puentes hay que hablar de otras obras de infraestructura que son importantes”, enlista Sapón.
La nueva ley propone generar el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip), un fondo para la inversión de infraestructura por Q6 mil millones aprovechando los saldos de caja existentes en el Gobierno Central. Es decir, se “tiene una asignación presupuestaria, definida, además el impuesto que pagamos por los combustibles va a ir directamente a lo que nosotros necesitamos, que es la construcción de carreteras y el mantenimiento. El hecho de que se financia con saldos de caja es positivo, porque ya no van a quedar en fondo común, sino que van a tener un buen destino” considera González.
3. Seguridad vial
Si bien la movilidad es unos de los aspectos en los que impactaría la ley, también tendría un efecto en la seguridad de los guatemaltecos. D. Estrada considera alarmante que en las carreteras se han registrado hasta “2 mil 787 muertos, que son los datos del año 2023, o sea, estamos a 17 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, eso es demasiado alto y la razón se debe, en buena parte, a la infraestructura”.
Según el dictamen favorable con modificaciones de la iniciativa 5431 realizado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, la ley busca garantizar la seguridad y mejorar el servicio en la infraestructura vial prioritaria, además detalla que “se permite a las autoridades competentes realizar actividades como medición del tránsito, evaluación de la movilidad, control de seguridad vial, inspecciones. control de alcoholemia y velocidad”.
4. Diseño de obras
La señalización y seguridad son dos aspectos de una serie de componentes que incluye la ley. Si bien está centrada en la infraestructura vial prioritaria, además de las carreteras, comprende caminos, calles, carriles, carreteras, túneles, viaductos y puentes, el derecho de vía y las áreas de servicio, aceras y pasarelas, entre otros componentes. Así mismo sistema de drenajes y colectores, para prevenir inundaciones.
Sapón resalta que en Guatemala las tormentas suelen afectar la infraestructura, como los puentes, y dejar incomunicadas a poblaciones. “Esta ley nos ayuda a tener calidad de diseño de obras y carreteras, por ejemplo, de un puente. Esto va a beneficiar a las comunidades donde los necesitan porque van a llegar la infraestructura que realmente se necesita", añade Sapón.
5. Capacidad de respuesta del CIV
Para Alejandro García, viceministro de Infraestructura del CIV, la causa del mal estado de las carreteras es “el abandono, la falta de capacidad administrativa. Son los procesos muy largos de contratación, la falta de una priorización técnica y de un adecuado control”.
González califica como reducida la capacidad del ministerio. Una de sus preocupaciones a la fecha es “que no se haya podido gastar el presupuesto este año y que tengamos tan poca asignación de contratos, las leyes actuales son como camisas de fuerza que no les permiten realmente cumplir los propósitos que, aunque se tenga una buena administración, es muy complicado”.
La nueva ley propone la creación de una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), la cual estaría conformada por el ministro del CIV –quien la presidiría–, el ministro de Finanzas Públicas, el presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) y el presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua). Esta dirección sería un órgano desconcentrado del CIV, “digamos que podría considerarse que la planificación de todo va a ser mejor porque está a cargo de un mismo ente que va a regularlo todo”, evalúa González.
6. Contratación más rápida
En cuanto a la contratación, según el dictamen favorable con modificaciones de la iniciativa 5431, se establece que “la adjudicación responde a seleccionar la oferta cuyas condiciones técnicas y financieras aseguren el mejor resultado posible en términos de precio, calidad y cumplimiento de objetivos del contrato del proyecto prioritario”.
Según Sapón, con esta ley se agilizan los procesos de contratación. “Eso le da oportunidad al gobierno de ejecutar el presupuesto para poder conocer las contrataciones más rápido”, añade. Estimaciones de Fundesa apuntan a que una promesa del nuevo modelo es pasar de ejecutar Q2 mil 400 millones al año a Q10 mil millones en inversión, adjudicando contratos por valor de cuatro o cinco veces los actuales.
Sin embargo, García considera que dicha ley “tiene cosas buenas, pero que esas cosas buenas deberían de implementarse para cambios estructurales que le van a servir a todo el Estado porque estas modalidades de compra rápida o modalidades de pago por disponibilidad debería de agregar a la ley de contrataciones que tenemos”.
7. Transparencia y pago por avance
Uno de los aspectos que González destaca es que la carretera esté bajo la responsabilidad de un operador y que este sea “el responsable de su construcción desde el inicio hasta su mantenimiento anual. Con esto se elimina muchísimo de la perversión que ha habido en cuanto al mal mantenimiento que ocurre todos los años”.
Otro de los aspectos que presenta la ley es una mayor transparencia, puesto que “el nuevo modelo de la ley 5431 es ir pagándole al contratista conforme el avance la obra. Si no avanza, no hay pago”, explica Sapón. Estos son los pagos por disponibilidad, que se basan en el cumplimiento de los indicadores determinados en el contrato en la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura vial.
“De lo más importante es que asegura el mantenimiento de las carreteras, no es que yo construí la carretera, el gobierno me pagó y me olvido de ellas, por el contrario, los pagos se van a ir haciendo conforme se vea que está funcionando bien”, resalta D. Estrada.
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