Cada día los avances tecnológicos ocupan una mayor parte de nuestras vidas. Es más, ya los llevamos en las bolsas del pantalón. El teléfono es más que solo eso: es una cámara, una libreta de teléfonos, nuestra conexión a las “redes sociales”. Pero, también es donde pagamos el mismo teléfono, es una tarjeta de crédito, y, muchas veces, nuestra tarjeta de identidad o, al menos, nuestra tarjeta de presentación.

El tema de redes sociales parecerá trivial, e incluso lúdico, en este universo digital. Sin embargo, sirve como un excelente ejemplo del potencial y su impacto. Las redes sociales nos muestran el potencial de la interconectividad y la comunicación multidimensional: podemos tener conversaciones entre distintos actores, en distintas partes del mundo, y de manera simultánea. Nos dan una pequeña muestra del valor que tiene el comunicarse con distintos actores y sistemas, y sus implicaciones.

En la medida que estos intercambios van más allá de solo opinar, como es en las redes sociales, y nos movemos hacia transacciones más sofisticadas, también se requiere cumplir con condiciones más estrictas. Una de ellas es cómo nos identificamos frente a nuestros pares en la red. Así como puede ser un simple pseudónimo, en otros casos requerimos garantías más complejas para asegurarnos con quién estamos interactuando. Definitivamente, no es lo mismo opinar sobre el clima que pagar la energía eléctrica.

Las comunicaciones y nuestra propia información pasan por la nube para establecer relaciones se hacen más sofisticadas, y también es necesario una nueva forma de identificarnos. Es aquí donde surge la importancia de la identidad digital. Para decirlo de una manera más sencilla, necesitamos un nuevo “DPI digital”, que nos permita identificarnos para realizar de forma segura, confiable y remota todas aquellas transacciones que hoy hacemos de forma presencial.

En la medida que avancemos en la identidad digital, también podremos hacer más cosas. Un ejemplo es acceder a la administración pública digital de forma remota (conocida como Gobierno Electrónico, Gobierno Digital o, simplemente, GovTech). Cada principio de año miramos a los papás cargando con aquellos grandes expedientes para inscribir a sus niños en las escuelas. ¿Por qué esa información no está disponible en forma digital? ¿Acaso no sería más barato y seguro? Pero, para eso, debemos ser capaces de vincular la información con la persona. Y, lo mismo sucede en salud, en seguridad ciudadana y en cada trámite que nos vemos obligados a realizar personalmente.

Otras ventajas de la identidad digital también incluyen poder manejar nuestra privacidad en la red, al saber exactamente qué información nuestra está disponible y quién la tiene. De igual manera, nos permite fortalecer nuestra democracia y la participación ciudadana. En los países donde la identidad digital ha avanzado más, como en Uruguay, es común ver comunas o municipalidades haciendo consultas populares, de manera confiable, sobre políticas, reglamentos e incluso en qué obras públicas priorizar el presupuesto local. Esto permite una mayor participación de las personas en aquellas decisiones públicas que le afectan, para bien o para mal.

En general, la identidad digital nos permite realizar transacciones financieras, comerciales, contractuales y legales independientemente de nuestra ubicación física, inclusive fuera de las fronteras de su país. Una típica historia de terror entre nuestros migrantes es que alguien envió el dinero para comprar un terreno u otra propiedad, y el pariente de confianza se lo gastó en algo más. Para evitar esto, la persona tiene que trasladarse numerosas veces de Estados Unidos a nuestro país para completar todos los trámites. Lamentablemente, muchas oportunidades de negocio se pierden porque las personas no pueden viajar, ya sea por tiempo, dinero o su propia condición migratoria. ¿Cómo serían de diferente las cosas si todo eso lo pudiéramos hacer por el celular, sin importar el país donde nos encontremos?

Para poder avanzar en la implementación de una plena identidad digital es necesario avanzar simultáneamente en dos rutas: la tecnológica, que nos da el nivel de seguridad; y, la legal, que nos da certeza jurídica. A diferencia de hace una o dos décadas, los avances tecnológicos son cada vez es más accesibles y baratos, ésta ya no es una barrera.

Por otro lado, en el tema legal, también hay avances importantes. Por mencionar tres marcos jurídicos que ya han evolucionado en esta dirección: la Ley del Registro Nacional de Personas -RENAP- (Decreto 90-2005) ya permite un reconocimiento digital y remoto de la persona por parte del Estado; la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47- 2008), es compatible con las normas o criterios internacionales reconocidos en materia de firma electrónica avanzada; y, La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021), que obliga a las dependencias del Organismo Ejecutivo a modernizar sus trámites.

Entonces, ¿qué hace falta? Primero, un cambio de mentalidad y de visión compartida sobre el Estado y su función. La facilitación de procesos debe ser una prioridad para el Estado y su función debe orientarse en beneficio de los ciudadanos y no de la burocracia. Esto implica incorporar la identidad digital como una prioridad en la planeación estratégica del RENAP. Segundo, tenemos que abandonar nuestra visión aislacionista y reconocer que la identidad digital debe facilitar las transacciones remotas. El aferrarnos a transacciones presenciales ya es obsoleto en la globalidad. El gran beneficiario va a ser los más de dos millones de guatemaltecos que viven en el extranjero. Tercero, establecer un plan con actividades concretas, metas esperadas, presupuesto y responsables. Hay que definir la ruta y debemos ser exigentes en la rendición de cuentas.

Por último, vale la pena mencionar que esta columna no se refiere a nada que no miremos a diario. Incluso, en Guatemala esto sucede constantemente, tenemos ejemplos como la Factura Electrónica -FEL-, o el pago del agua y la luz por celular. Pero, toda esta interacción sucede en forma descoordinada y parcial, elevando los costos de transacción. La tecnología nos ofrece la oportunidad de ser más eficientes, es de nosotros asumirla.