Opinión: Aquí hay una oportunidad para la creación de nuevos negocios en Guatemala

En 2022, Guatemala dio un paso importante hacia la modernización de su sistema económico con la aprobación del Decreto Número 8-2022, Ley de Insolvencia. Esta legislación surge como una respuesta necesaria ante la creciente demanda de un entorno económico más resiliente y eficiente, capaz de gestionar situaciones de insolvencia de manera efectiva. La Ley de Insolvencia no solo establece procedimientos claros para la reorganización y liquidación de empresas en dificultades, sino que también, indirectamente, promueve un entorno más favorable para la creación de nuevas empresas e incentiva la actividad emprendedora al facilitar la salida ordenada de negocios inviables.

La Ley de Insolvencia reemplazó al régimen de insolvencias del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) de 1963, derogando una serie de artículos que regulaban los procesos concursales de manera más compleja y burocrática. Esta nueva normativa introduce cambios significativos que simplifican y modernizan los procedimientos, adaptándolos a las necesidades actuales.

Simplificación de procedimientos concursales

La nueva ley facilita la convocatoria y el funcionamiento de los procesos, permitiendo el uso de medios electrónicos para la comunicación con los acreedores y estableciendo plazos más cortos para agilizar las decisiones (Artículos 24, 28, 35-38). Este cambio reduce considerablemente el tiempo necesario para resolver casos de insolvencia, beneficiando tanto a deudores como a acreedores. Además, la creación de la figura del Administrador Concursal garantiza una gestión profesional y eficiente de los procesos concursales, asegurando transparencia y equidad en la administración de los recursos de la empresa en concurso (Artículos 6, 20).

La nueva normativa establece una clara jerarquización de créditos, priorizando aquellos que cuentan con garantías específicas (Artículos 48-52). Los créditos privilegiados, como los hipotecarios y prendarios, son atendidos primero, seguidos por los créditos con privilegio general, comunes y de segundo orden. Esta estructura asegura que los acreedores con garantías reales sean protegidos adecuadamente. Además, la ley incluye sanciones para administradores concursales negligentes (Artículos 15, 23), reforzando la integridad del proceso y buscando garantizar una gestión correcta.

Mecanismos alternativos de resolución

Mecanismos Alternativos de Resolución

La Ley de Insolvencia también promueve el uso de mecanismos alternativos de resolución, como la mediación y la conciliación, para resolver conflictos concursales de manera consensuada (Artículo 60). Estos métodos permiten acuerdos más rápidos y reducen la carga judicial, beneficiando a ambas partes y facilitando una resolución más eficiente de las disputas. Los out-of-court workouts (OCWs), establecidos en los Artículos 59 a 62, son una herramienta valiosa para la reestructuración de deudas sin necesidad de recurrir a procesos judiciales prolongados.

Desafíos en la implementación

A pesar de los avances que representa, la plena efectividad de la Ley de Insolvencia aún está por materializarse. Dos años después de su promulgación, la ley permanece sin implementarse debido a la falta de acciones concretas por parte del Ministerio de Economía (MINECO) y del Organismo Judicial. Según el Artículo 151, el Ministerio de Economía debía emitir los acuerdos gubernativos necesarios para la implementación de la ley en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor, es decir, hasta finales de 2023. Estos acuerdos incluyen el Reglamento del Registro de Procesos y Administradores Concursales (Artículo 28) y el tarifario para Administradores Concursales (Artículo 14). En una citación ante el Congreso de la República, la actual administración del MINECO anunció que ya trabaja en la elaboración de dichos reglamentos y se espera su publicación en los próximos meses.

Por otro lado, el Organismo Judicial debe crear juzgados especializados en insolvencia, tal como lo estipula el Artículo 150, en un plazo de cinco años contados a partir de septiembre de 2022. Estos juzgados facilitarán una gestión más ágil y especializada de los casos concursales. La nueva magistratura de la Corte Suprema de Justicia enfrenta el desafío de planificar la creación de dichos juzgados y, sobre todo, de capacitar adecuadamente a jueces y personal auxiliar para contar con la formación necesaria para resolver eficazmente los casos de insolvencia.

Impacto e importancia de la Ley de Insolvencia

Diversos estudios, incluyendo el reciente reporte Business Ready (B-READY)del Banco Mundial, destacan los beneficios de un sistema de insolvencia eficiente. Un marco regulatorio sólido no solo facilita la salida ordenada de empresas inviables, permitiendo que los emprendedores reinventen sus negocios, sino que también promueve la reubicación de capitales hacia usos más productivos. Esto incentiva la creación de nuevas empresas y el acceso al financiamiento, aspectos cruciales para el desarrollo del sector privado y la generación de empleo. Además, la protección de los derechos de los acreedores y la profesionalización de los procesos concursales fortalecen la confianza en el sistema financiero, esencial para la estabilidad económica del país.

En este sentido, la Ley de Insolvencia de 2022 representa una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial de Guatemala. Al proporcionar un marco legal claro y eficiente para la gestión de la insolvencia, facilita la recuperación de empresas viables y promueve una liquidación ordenada de aquellas que no lo son. Esto no solo protege los derechos de acreedores, sino que también fomenta un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, para que esta ley cumpla con su propósito, es imperativo que las autoridades competentes actúen con prontitud y compromiso. La emisión de reglamentos específicos (Artículo 151), la creación de juzgados especializados (Artículo 150) y la capacitación y certificación adecuada de jueces y administradores concursales (Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 20) son pasos esenciales para asegurar que la Ley de Insolvencia cumpla con su objetivo de impulsar la resiliencia y prosperidad empresarial en Guatemala.

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