La ley bajo la que opera la Bolsa de Valores Nacional, S.A. (BVNSA) data de 1996, con algunas reformas aprobadas en 2008, pero que están desactualizadas. Según Rolando San Román, gerente de la BVNSA, temas prioritarios a revisar son fortalecer la regulación, la inversión colectiva, infraestructuras de mercado y la titularización.
San Román agregó que desde que se promulgó la Ley del Mercado de Valores han avanzado los estándares internacionales, se han creado nuevas figuras y mecanismos bursátiles, que países como El Salvador están aprovechando el sector público y privado.
Es necesario fortalecer la figura de un ente regulador para que cumpla con aspectos de supervisión y vigilancia del mercado, puesto que actualmente el Registro del Mercado de Valores no tiene ese alcance, mientras que en los mercados más desarrollados se cuenta con un organismo independiente que cumple esas funciones.
¿Hora de “deslegislar”?
Pero actualizar este mercado no es lo único pendiente. En la agenda del Congreso de la República se tiene la iniciativa 6287 que busca derogar 30 decretos, algunos que datan de 1948, y que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Apoyo Técnico, es parte del proceso de “deslegislación” normativa.
El dictamen cita la necesidad de actualizar la legislación para hacerla moderna y eficiente, por lo que se propone excluir de la normativa decretos para exonerar el pago de impuestos para donaciones específicas, una rifa que se realizó en 1949; la importación de tres obras pictóricas; el estado de excepción en mayo de 1962, y para facilitar el cumplimiento de la ley de alcoholes y bebidas fermentadas que data de hace 75 años.
La antigüedad de algunas leyes es problema que está en proceso de revisión en el Congreso, pero hay otras situaciones en las que ha sido la redacción de un artículo lo que complica la interpretación de una norma.
Por ejemplo, lo aprobado en el Decreto 7-2017, que reformó el Código de Trabajo, que en uno de los artículos indica: “se derogan las disposiciones que expresamente se consignan en el texto de esta Ley y las que se oponen a su cumplimiento”.
Con esta redacción se derogan las mismas reformas que aprueba el decreto, indicó el abogado Alex Franco, al señalar que, en el Congreso hay una comisión de redacción y estilo para evitar este tipo de fallas, además se lee en el pleno cada artículo para que los diputados lo aprueben. Pero las presiones, en algunos casos, para cumplir con compromisos internacionales o las aprobaciones de decretos ante una coyuntura, provocan ese tipo de errores, agregó.
El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Francisco Quezada comentó que en los errores de redacción lamentablemente influyen aspectos como la presentación de iniciativas con deficiencias y la aprobación de enmiendas de curul. “Se da trámite a iniciativas de baja calidad y hasta la Corte de Constitucionalidad ha llamado la atención al Congreso por la mala redacción de las leyes”, dijo.
También “hay exceso de normativa vigente y representa un reto para el sector privado, el poder mapear la regulación que resulte aplicable y cumplirla”, al igual que existe un reto enorme en personal calificado e infraestructura operativa en el sector público para garantizar el cumplimiento de las leyes, según el criterio de Ginny Castillo, senior manager y líder de práctica de EY Law Guatemala.
A pesar de que las últimas legislaturas han reformado o promulgado pocas leyes en materia mercantil, lo que se ha hecho es aceptable, señaló Rodolfo Salazar, socio de la firma BLP Guatemala, quien menciona con mayor preocupación el rezago en esta materia, ya que el Código Mercantil data del siglo pasado, con algunas reformas.
Es una ley con más de cinco décadas que obliga a las entidades del derecho mercantil a regularse con normas antiguas, mientras que los países desarrollados impulsan normativa para incentivar y aprovechar las oportunidades para desarrollar negocios, agregó Salazar.
Tropiezos y avances
Es precisamente una legislación dispersa; normativa desactualizada, y poca confiabilidad en el sistema de impugnaciones —administrativas y judiciales—, según Castillo, así como de la interpretación de la ley, por parte de los usuarios, ciudadanos y empresas.
El país ha evolucionado de una cultura de inercia en el hacer negocios a una cultura de cumplimiento, señaló Castillo, pero hay problemas por las interpretaciones oportunistas o del momento político que viva Guatemala, y las influencias políticas, económicas o sociales “impiden una estabilidad, predictibilidad y certeza interpretativa de las normas”.
La abogada de EY Law Guatemala destacó el avance sustancial en el Registro Mercantil (RM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con la adopción de tecnología en los procesos internos y de frente a los diferentes usuarios.
Por su parte, Franco dijo que, en 2021 con la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos y el efecto de la pandemia, se aceleró la adopción informática, “se quitó el criterio de ventanilla que había en muchas instituciones”. Aunque no todas las entidades han hecho acopio de modernizar sus procesos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo que presenta rezagos principalmente, en las inspecciones laborales, comentó al destacar los cambios en el RM y la SAT, agregó.
El timbre fiscal electrónico y la facturación en línea son avances que contribuyen a agilizar los trámites, falta que todos los abogados, contadores y auditores tengan firma electrónica avanzada para darle mayor certeza y agilidad a los trámites, indicó Franco.
Para el CEO de la firma Denarium, José David López Morales, en cuanto a normativas en materia tributaria no se han realizado cambios recientes que compliquen los procesos. Guatemala es uno de los países que más ha avanzado en facturación, fiscalización y auditorias electrónicas, agregó.
Con un inversionista, lo primero que hay que hacer, según López Morales, es presentarle los procesos de contribución tributaria, que no tiene mayor complejidad para cumplirlos, excepto en los casos en que se aplica la interpretación del ente fiscalizador en aras de analizar el gasto para aceptarlo o no como deducible.
Mientras que el abogado Iván Romero, explicó durante la jornada académica organizada por el Instituto de Derecho Tributario, que, para agotar la vía administrativa, la legislación actual deja como juez y parte en los recursos de revocatoria al Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero (Tributa), que depende de la SAT, mientras que otros países se han creado órganos independientes que resuelven y esas decisiones son tomadas por los órganos colegiados especializados.
Además, en las regulaciones para determinadas actividades que requieran autorizaciones gubernamentales especificas se pueden tener algunos retrasos, como puede ser en el caso en empresas bajo el régimen 29-89, que requiere una reforma a su reglamento para poder cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
Pocas leyes, valores fuertes
El caso de la reforma a la ley del mercado de valores es una muestra de que el uso de tecnología y mecanismos ágiles para realizar trámites plantean posibilidades de mejora, sobre todo ante las enormes brechas de confiabilidad, falta de planes de trabajo para el corto, mediano y largo plazo y la descentralización, declaró Castillo.
La abogada propone trabajar en la percepción ciudadana, gobierno corporativo en cada institución pública y fortalecer los valores y la ética de los funcionarios y empleados estatales, mientras que a nivel técnico se debe trabajar en derogar, actualizar o promulgar leyes de acuerdo con la realidad del país, profesionalizar a los trabajadores públicos y revaluación de los mecanismos de nominación a cargos públicos.
Para los aspectos tributarios, López Morales indicó que una buena medida sería que la SAT publique las guías de auditoría o cómo realizará los procesos de fiscalización para que los contribuyentes puedan preparar la documentación.
Falta, además, según Salazar, actualizar el régimen de sociedades porque no responde a las necesidades actuales, tal es el caso del reconocimiento de las sociedades unipersonales, que ya se hace en otras jurisdicciones.
De acuerdo con San Román próximamente las autoridades estarían presentando una iniciativa para cambiar la legislación del mercado de valores, incluyendo nuevas figuras que pueden servir para proyectos de infraestructura o energía, entre otros. “Con una legislación adecuada que permita esas inversiones tanto privadas como públicas”.
Para Salazar, la certeza jurídica va más allá de las leyes. Su visión es que ni el Organismo Judicial ni el Ministerio Público funcionan para resolver las controversias entre comerciantes, acreedores o deudores, o perseguir actos criminales de falsificación de documentos. El trípode para dar certeza jurídica es una buena ley; buen aparato de justicia para interpretarla, y que sea posible ejecutar las sentencias que se emitan, indicó Salazar. “Un país puede tener pocas leyes, pero el aparato judicial llena los vacíos que surgen —con criterio— para crear jurisprudencia y certeza”.
Hay un trabajo pendiente desde la institucionalidad de los partidos políticos para llevar a diputados con mayor conocimiento de la problemática nacional y la gestión pública, para aspirar a que tal como ocurre en otros países los debates en el Congreso sean en torno a intereses de legislar en beneficio de la nación, finalizó Salazar.
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