Jesuswaldo Martínez Soria, economista e investigador del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado mexicano, visitó Guatemala y conversó sobre el quehacer de la institución que presenta análisis e investigaciones para sustentar la producción de leyes en el Senado. En entrevista, aborda la necesidad de “adelgazar” el marco normativo para que sea más eficiente.
También revela que en su país hay 278 disposiciones reglamentarias que las empresas deben cumplir en materia laboral y de seguridad social para estar al día con las obligaciones frente a la ley . “Tanto la cantidad, como la calidad sigue siendo un problema, pero no nos hemos dado a la tarea de adelgazar el marco normativo para que sea más eficiente” indicó.
El IBD se autodefine como un órgano especializado en investigaciones sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura para contribuir con la deliberación y la toma de decisiones legislativas. Martínez Soria estuvo de visita recientemente en Guatemala en una capacitación a personal legislativo y este es un extracto de la conversación de con Prensa Libre.
¿Cómo los análisis del IBD han servido para formular leyes en México?
En el Instituto, luego de la reforma 2013, se generan conocimientos basados en el estudio e investigación de todos los temas de la agenda pública para facilitar datos, evidencia e información que sean de utilidad para la toma de decisiones legislativas (senadores), pero nuestro trabajo objetivo, imparcial y apartidista llega hasta la presentación de los datos de la realidad de los problemas nacionales, luego la toma de decisiones es un asunto político. Hay casos en los que la información ha sido útil, por ejemplo, en la discusión de las iniciativas de la pensión universal y del seguro de desempleo, para lo que se generaron datos del impacto en beneficios y los costos, entre otros para que se pudiera tomar una decisión.
¿Se puede replicar la experiencia del IBD en Guatemala?
Creo que sí, es un instrumento muy importante para acercar conocimiento científico, datos y estadísticas que resulten útiles en la toma de decisiones de los legisladores. Hay experiencias como la biblioteca del Congreso de EE. UU., la de Chile y otros países que impulsan la generación de datos confiables, evidencia que sustente las decisiones y genere una mayor calidad en el debate legislativo. En Guatemala se puede empezar con un pequeño instituto, con presupuesto y atribuciones pequeñas para ir creciendo como institución.
Al aprobar un decreto o acuerdo, ¿dónde están las principales fallas que complican implementarlo?
Una de las tareas del IBD es darle seguimiento a las decisiones legislativas y a las políticas públicas con estudios, estadísticas y otras evidencias que permiten valorar el efecto de las decisiones tomadas. En algunos casos se encuentran errores de diseño, de proceso o de resultados, y el Instituto realiza y publica estudios advirtiendo de la ineficacia de determinadas decisiones, pero también se hace cuando están bien orientadas.
Lo que aprueban al final, es una toma de decisiones, acuerdos y trabajo político, en el que el IBD no participa, es decir, es trabajo de los políticos y es responsabilidad de ellos lo bueno o lo malo que surja de la ley o políticas.
¿Cómo se mantienen apolíticos en este ámbito?
Es algo que requiere de mucho esfuerzo con la claridad de la responsabilidad del trabajo, que debe estar apegada a los principios del Instituto. Evitamos que exista una carga en la perspectiva o el enfoque para hacer un trabajo equilibrado. No ha sido fácil, porque incluso se tienen solicitudes en las que se pretende que se tenga una orientación particular del estudio, pero siempre se ha logrado que prevalezcan los principios del IBD.
¿Cuáles pueden ser los indicadores para establecer si un país tiene exceso de leyes, de regulaciones?
Es un tema que nos hemos preguntado, porque no se refiere solo al tema del volumen de la legislación, sino también a la calidad de la reglamentación y por qué una ley, aunque esté bien definida no termina aplicándose correctamente. No hay indicadores específicos que cuantifiquen el volumen de normas o reglamentaciones, sin embargo, al hablar con diferentes sectores de la sociedad nos hemos dado cuenta de que hay sectores o actividades que tienen cierto grado de sobrerregulación que termina afectando los costos de las empresas, la dinámica de los mercados, y hasta atenta con el cumplimiento de las reglas. Un especialista en materia de seguridad social me comentó que hay 278 disposiciones reglamentarias que las empresas deben cumplir en materia laboral y de seguridad social para estar al día con las obligaciones frente a la ley. ¡Son 278!, luego hay que ver la calidad de estas, la pertinencia, si se duplican o ya dejaron de tener sentido por la antigüedad de la norma. Tanto la cantidad, como la calidad sigue siendo un problema, pero no nos hemos dado a la tarea de adelgazar el marco normativo para que sea más eficiente.
¿Cómo ayudaría la Inteligencia Artificial (IA) en estos procesos?
Ayuda principalmente en los trabajos que son técnicos; de análisis y comparación de iniciativas, leyes aprobadas, o dentro del marco internacional específico. Es un trabajo que suele hacerse de forma manual, con los investigadores o con los asesores y que la IA puede facilitar. Se puede incorporar información a estas tecnologías para sintetizar el análisis de la comparativas o los escenarios económicos de previsión, pero en la toma de decisiones es más complejo, por factores como el pensamiento y valoración humana que interviene. No hay que negarse a la tecnología, hay que arropar el esfuerzo que se puede lograr con la IA en los procesos de análisis.
¿Qué tan necesaria es la certeza jurídica en un país?
La teoría económica sostiene como importante generar un ambiente de certidumbre en los mercados y en el sistema productivo para que las decisiones económicas se puedan tomar con un alto grado de previsibilidad. Eso implica que, quienes deciden invertir lo hagan teniendo la certeza de que sus inversiones no corren mayor riesgo del que quieran correr; que los contratos mercantiles se van a respetar y que los mercados van a funcionar bien —salvo que se presenten graves crisis—, pero la certidumbre es fundamental para todos los tomadores de decisiones económicas. Para el ahorrador, saber que recibirá el rendimiento acordado; para que las empresas puedan expandir sus actividades productivas y establecer relaciones comerciales con otros países, etc.; para los trabajadores, apoya la estabilidad del trabajo y el pago a tiempo, es decir todos los agentes económicos necesitamos esa certeza jurídica que ofrece crear un entramado que garantiza el funcionamiento de los agentes económicos en orden, con estabilidad y cumplimiento. Es un tema fundamental para cualquier economía de mercado y cualquier economía moderna.
La falta de certeza jurídica desalienta las inversiones…
Sin duda. Con un contrato que se rompa, no se renueva la inversión; un pago que no se realice a algún proveedor o trabajador genera un conflicto, y en esa parte, las instituciones del Estado tienen que involucrarse para que cuando se rompa la certeza jurídica se generen mecanismos de conciliación que restituyan la certidumbre y sancione a quienes haya que penalizar. La certeza genera incentivos suficientes para que los trabajadores hagan su labor con alto grado de estabilidad, lo que permite mantener las bases del crecimiento y desarrollo.
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