Ante las numerosas capturas por casos de corrupción, es fácil confundirse y creer que todo está dicho, pero resulta que siguen dándose las sorpresas, como la detención de un tipo de burocracia más refinada por sus conocimientos especializados y en consecuencia por el tipo de labores llamados a desempeñar. Sin duda habrá más aprehensiones porque la nuestra parece una historia sin fin y cada vez más increíble.

El sábado pasado fueron capturados funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, dos entidades cuya principal función es velar porque no hayan flujos sospechosos de dinero y que quienes se dedican a hacer negocios con el movimiento de capitales no se aprovechen de quienes depositan su dinero, pero especialmente su confianza, en ellos.

Lejos de eso, y sin que todavía se sepa cuál fue el precio de corromper a esos funcionarios, varios de los hoy capturados se dedicaron a encubrir situaciones anómalas que desembocaron en un monumental fraude en contra de miles de ahorrantes, quienes perdieron sus recursos y algunos hasta la vida, gracias al contubernio de empresarios inmorales y funcionarios corruptos.

La estafa cometida por supuestos banqueros propietarios e inversionistas del Banco de Comercio se puso en marcha tan pronto como empezó el funcionamiento de esa entidad y desde el momento en que las leyes del país empezaron a actualizarse para combatir el lavado de dinero ellos también dieron inicio a la instauración de mecanismos que facilitaran la estafa, supuestamente sin que los funcionarios encargados de evitarlo, lo indicaran a las autoridades.

Ese es uno de los peores delitos que se puede cometer en un cargo público. Ser nombrado para cumplir con una función que no solo no se cumple sino que, lejos de ello, se abusa de los cargos para encubrir operaciones fraudulentas y alterar informes oficiales para robar los ahorros de miles de personas.

Una de las mezclas más letales que conspiran contra la vida y el desarrollo social es cuando empresarios y funcionarios se coluden para delinquir, a sabiendas de que están violando la ley, que no cumplen con sus obligaciones y todo ello con el vil propósito de apropiarse de recursos que, además de no pertenecerles, en la mayoría de los casos son el producto del esfuerzo de una vida.

Ante tal tipo de situaciones, resulta reiterativa la pregunta de hasta dónde llegarán las pesquisas del Ministerio Público en esa cruzada por la dignidad nacional. Una batalla que desafortunadamente se libra en medio de una gran soledad, sin el concurso decidido de las figuras más relevantes de los poderes del Estado y, peor aún, en muchos casos con la clara intención de boicotear y desprestigiar esos esfuerzos.

Quienes hoy se ubican del lado incorrecto de la historia cometen un gran error al creer que pueden salir victoriosos con sus acciones intolerables. Cuando Guatemala no pueda salir airosa ante el concierto de naciones vendrán otras presiones, como ya lo está viviendo México con la negociación de un nuevo Tratado de Libre Comercio, en el cual el combate a la corrupción puede ser determinante para disfrutar de algunos privilegios.