Con la nueva administración exclusivamente gubernamental en este fondo documental, clave en la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria, se cerró la puerta incluso a oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional y se permitirá únicamente la consulta con solicitudes de acceso a la información.
El ministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, lo reconoció así en una entrevista con Efe, donde dijo que “tener espacios ahí (en las instalaciones del Archivo) no es correcto” porque “todo el mundo” estaba “queriendo meter las manos”, algo que no será tolerado y por lo que exigirán pedir la información “por el canal correcto”.
Antes, bajo la administración financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -que finalizó este lunes-, cualquier persona podía consultar la documentación desde la propia sede del archivo de la extinta Policía Nacional (1881-1997) en computadores con acceso directo a los servidores, bajo la supervisión y capacitación del personal.
“Que lleguen (las personas para consulta del archivo) a sentarse ahí a que le enseñen una computadora y que la abra para que recoja la información, no señor”, atizó el ministro.
Ahora, para poder acceder a los más de 24 millones de documentos que han sido digitalizados por el Archivo Histórico, en su mayoría información correspondiente a la década más cruenta del conflicto armado (1975-1985), habrá que ceñirse a la solicitud formal, también la Fiscalía, y el ministerio tendrá “la obligación” de dar los datos “ajustados a lo que tengamos”.
También hay una copia digital de los documentos escaneados en la página web de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, que puede ser consultada en todo el mundo, pero el ministro ve este traslado de copias de documentos al exterior como “malos manejos” por considerar que la anterior Administración no tenía potestad para hacer estas negociaciones.
El antiguo coordinador, Gustavo Meoño, quien dirigió el proyecto desde 2005 hasta 2018, está denunciado por el Ministerio de Cultura por “usurpación de funciones”, al igual que la actual directora del Archivo General de Centroamérica, Anna Carla Ericastilla.
Aunque los documentos originales no han perdido la cadena de custodia y permanecen bajo resguardo en un edificio dentro de un complejo policial -donde existió una cárcel clandestina durante el conflicto llamada “La Isla”-, Súchite denuncia que “se llevaron” las copias digitales sin la aprobación de su Ministerio.
Ahora, la única modalidad de consulta será con las solicitudes de información que el propio personal responderá. Sin embargo, Súchite no es capaz de asegurar que los documentos estarán disponibles en su totalidad y que no serán “protegidos” y tildados de “sensibles”.
Los más de 60 millones de documentos que corresponden al período histórico de la fuerza armada “pueden ser sensibles” por contener “planes estratégicos”, pero aún así insistió que permitirán conocer los contenidos “de acuerdo a la ley”.
Sin embargo, al recordarle que el Ejército mantiene en secreto la mayor parte de sus archivos porque están considerados “de seguridad nacional”, Súchite, que admite no ser experto en la materia, dijo que “probablemente habrá alguna información que sea de delicadeza en cuanto a planes estratégicos del Estado”, aunque eso lo tendrían que decidir expertos o un Tribunal.
Más allá de la posibilidad de proteger información o dejarla pública como ha sido desde hace 14 años, el ministro mencionó que se siente “muy satisfecho de todo lo que han logrado” en este acervo de la extinta Policía, que tiene un presupuesto para finalizar el año de 1,6 millones de quetzales (207.792 dólares) y en el que permanecerán 28 de los 37 trabajadores que quedaban -de los 200 que llegó a tener en algún momento-.
Este lunes, el PNUD anunció que tras 14 años de trabajo el Archivo pasaba a quedar bajo control gubernamental, aunque Súchite aseguró a Efe que se intentó ampliar el convenio administrativo pero la ONU no llegó a acuerdos sobre el nuevo “sobre el manejo”. EFE
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