Del otro lado del teléfono, un hombre desafiante, amenazante y con palabras soeces le exige Q40 mil a cambio de no hacerle daño a su familia, a quien dice conocer bien, y aunque tiene un trabajo no cuenta con la suma que le exigen, por lo que intenta negociar, pero la respuesta fue que tenía una hora para reunir el dinero. Roberto no tuvo otra opción que denunciar el hecho en la Policía Nacional Civil (PNC), la mejor decisión, según expertos.
Aunque el daño fue psicológico, la experiencia marcó la vida de Roberto, pues fue víctima de extorsión, como le ocurre a miles de familias en la provincia, principalmente en Escuintla, Huehuetenango y Quetzaltenango, según estadísticas del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (MP).
El documento destaca que en los primeros ocho meses del 2016, el ente investigador recibió cuatro mil 756 denuncias por ese delito, próximo a los cinco mil 998 del 2015. Escuintla es donde se registran mayo cantidad de casos, solo después de Guatemala, con 329 denuncias, seguido de Huehuetenango, 309, y Quetzaltenango, 285. Sololá y Totonicapán son los que menos denuncias tiene de enero a agosto de este año, con 60 y 40, respectivamente.
La Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) destaca que del 2010 al 25 de octubre de este año se registraron mil 808 víctimas mortales en el servicio de transporte de pasajeros, un promedio de 15 muertos por mes, en su mayoría por ataques contra pilotos, por extorsión.
Solo este año han muerto 128 personas en hechos criminales en el transporte colectivo, de los cuales 92 son pilotos de buses, microbuses y mototaxis.
Lilian Pérez, de la Asociación de Viudas de Pilotos de Guatemala, responsabiliza a las pandillas como autores de los ataques.
“Ellos son responsables de la muerte de más de 500 pilotos en los últimos años, un problema que ha dejado en la orfandad a unos cuatro mil 500 menores”, explicó.
Situación incontrolable
En Escuintla, la población vive con miedo y zozobra, pues los extorsionistas tienen como principal objetivo a los pilotos del transporte público y comerciantes.
“Aunque las autoridades hacen su mejor esfuerzo para prevenir, cuando no se cumple con el pago de la extorsión matan a los pilotos. Esta situación ha provocado que muchas familias se desintegren”, expresó un conductor de bus, que pidió no ser nombrado.
Un piloto de mototaxi, quien también pidió ocultar su identidad, explicó que en La Democracia radican varios de los malhechores que delinquen en municipios aledaños.
Otro caso es el de Ramón*, quien junto a su familia se vieron obligados a dejar Huehuetenango. Cuenta que durante 20 años se dedicó a conducir un bus extraurbano, pero en el último año comenzó a recibir llamadas amenazantes a su celular, y el pago semanal era de Q500 a cambio de su tranquilidad y “protección”.
“Medité por algunas semanas la situación y denuncié las amenazas, pero nunca tuve respuesta y decidí migrar con mi familia, porque el acoso cada día era mayor”, lamenta.
El martirio por las extorsiones también afecta en Quetzaltenango, como lo relata un comerciante que pidió omitir su nombre: “Mis hijos dejaron de ir al colegio y a la universidad por un tiempo, tenía miedo de que cumplieran su promesa de hacerles daño”.
El comerciante, propietario de un negocio en Xela, añadió: “Los primeros días no trabajamos, el encierro fue nuestra primera solución mientras reunía el dinero que exigían”.
Relató que a su venta de celulares y accesorios, ubicado en el mercado La Democracia, dos sujetos ingresaron y compraron un teléfono y cuando lo iban a pagar entregaron otro aparato en lugar del que se llevaron. Esa misma noche el teléfono sonó y le exigieron un primer pago de Q20 mil.
“Me decían que ellos sabían lo que yo ganaba, sabían dónde estudiaban mis hijos y sus horarios, también de mi esposa, cada vez que me decían algo cierto yo temblaba. Pensé en irme a vivir a otro lado y venderlo todo, pero mi familia no quería, no teníamos por qué huir, no somos personas malas”, añadió.
De acuerdo con los registros de la fiscalía del MP de Quetzaltenango, los más vulnerables a las extorsiones son los transportistas, y por ello los pilotos corren el riesgo de ser atacados.
Exacción
Mario Bosos, criminólogo, analista y especialista en seguridad pública y exjefe de la Fuerza de Tarea Contra la Extorsión de la PNC, dijo que el delito que proviene de las pandillas se domina exacción, pues es una palabra que resume el cobro injusto y violento que hacen grupos criminales.
Añadió que extorsión es un término que empezó a cobrar auge en el país en 1973, cuando el Estado lo tipificó como delito, como reacción antiterrorista por el conflicto armado interno.
En el 2006, debido al asedio al transporte público por parte de pandilleros, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, —decreto 21-2006— fue incluido el delito de exacciones intimidatorias y la obstrucción extorsiva del tránsito, que castiga de seis a ocho años de cárcel esa práctica.
“El fenómeno de extorsión como tal ha tenido cambios en los últimos tres años, y ahora se generalizó en relación a que personas individuales se dedican a esos ilícitos”, agregó.
Bosos considera que la PNC conoce el comportamiento y forma de operar de los grupos delictivos, por lo que cree que hay una lucha frontal contra ese flagelo, pero considera importante que la población denuncie y evite victimizarse ante amistades, pues da lugar al aprovechamiento para otro daño o perjuicio.
Además, dijo que al igual que los secuestros, que han ido a la baja, en los próximos cinco años las las extorsiones perderían fuerza y serán otras las artimañas que podrían afectar a la población.
Añadió que el delito de exacción se da más en las cercanías de las cárceles, mientras que la extorsión en lugares más lejanos y los delincuentes son menos exigentes.
Julia Barrera, vocera del MP, dijo que la mayoría de denuncias ingresan por extorsión.
Ataque frontal y denuncia
Carlos Martínez, criminólogo de Quetzaltenango, señaló que las autoridades deben prestarle atención a los casos y tener estrategias para desarticular a los grupos criminales dedicados a las extorsiones; además, aconseja a las víctimas a mantener la calma. “Generalmente los extorsionistas vigilan a la víctima para decir de qué color está pintada la casa, para infundir temor”, explicó.
Elka Huitz, fiscal distrital del MP en Quetzaltenango, informó que los casos de extorsión son atendidos por cuatro personas. Agregó que al mes se atienden entre siete y ocho denuncias.
*Nombre ficticio
Penado
La exacción y extorsión están tipificadas como delitos en las leyes del país. El artículo 261 del Código Penal, establece que por extorsión los victimarios serán sancionado con prisión de seis a 12 años inconmutables; por chantaje la sanción es de tres a ocho años.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada, artículo 10 y 11, por exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito, serán sancionados con prisión de seis a ocho años, en ambos casos.
El delito de exacción es cometido por grupos criminales, y las extorsiones, por personas individuales.
