La UE “está profundamente preocupada por los intentos intensificados de socavar los resultados electorales de Guatemala mediante acciones legales y procesales selectivas y arbitrarias, como las recientes redadas y las órdenes de detención de miembros del partido político Movimiento Semilla”.
Añadió que estas acciones no solo ponen en peligro una transición ordenada del poder al nuevo gobierno, sino también la estabilidad y el sistema democrático de Guatemala en general.
Indicó que la Misión de Observación Electoral de la UE destacó en su informe final, presentado recientemente, que no hubo fraude en las elecciones y subrayó la extensa judicialización y el abuso de los procedimientos judiciales por parte del Ministerio Público (MP).
Enfitazó: “La UE está profundamente preocupada por el continuo uso indebido de estos medios para intimidar y criminalizar a los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), altos funcionarios y magistrados, miembros de las juntas electorales departamentales (JED) y municipales (JEM), mesas electorales (JRV) y digitadores”.
Por lo tanto, reiteró su llamado a todas las instituciones y funcionarios guatemaltecos a respetar plenamente la integridad de los resultados electorales que certificó el TSE y a detener cualquier acción que pueda poner en peligro un proceso de transición pacífica, actuando de acuerdo con sus responsabilidades consagradas en la Constitución de Guatemala, respetando el principio fundamental de la separación de poderes y la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas.
Señaló que las nuevas acciones para anular el resultado legítimo de las elecciones y la continua instrumentalización de las instituciones judiciales y procesales para socavar la democracia y el Estado de derecho tendrían inevitablemente repercusiones en las relaciones entre la Unión Europea y las autoridades que permiten que esto suceda.
El jueves 16 de noviembre, el MP mediante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio informó que solicitará el retiro de derecho de antejuicio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, como de otros funcionarios.
La solicitud es por el caso “Toma de la USAC: Botín Político”, revelado este 16 de noviembre.
De acuerdo con el ente investigador, Arévalo y Herrera habrían estado involucrados en la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (Usac), donde los fiscales indican que hubo comisión de delitos.