Los funcionarios denunciados son:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público
- Wuelmer Ubener Gómez González, procurador general de la Nación
- Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil
- José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos (Aunque luego enmendó y lo sacó de la denuncia)
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas
En el amparo que presentó el TSE, se menciona que este va dirigido por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
En el amparo también señala que los denunciados “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”. – en el que declarar la validez de la Elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado-.
Según el amparo del TSE, los derechos que se estiman amenazados en caso de concretarse la amenaza cierta, futura e inminente que señalan son:
Deber del Estado de garantizar la libertad, justicia seguridad, certeza jurídica y paz (artículo 2 de la Constitución Política de la República
Elegir y ser electo y el Principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República (artículo 136 de la Constitución Política de la República)
Principio de Legalidad y sujeción al imperio de la ley de la función pública (artículo 154 de la Constitución Política de la República)
Régimen Político-Electoral del Estado de Guatemala (artículo 223 de la Constitución Política de la República).
El documento señala como terceros interesados en el caso al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal y a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.
Amparo no incluye al PDH
El TSE también hizo una aclaración posterior sobre el amparo que interpuso en la CC y señaló que el escrito de interposición de amparo, identificado con el número 4148-2023, por error se consignó como autoridad denunciada al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera; sin embargo, señala que este no es sujeto que ostente de legitimación pasiva dentro de la presente garantía constitucional de amparo.
Explica que “derivado de las funciones propias que la Constitución Política de la República de Guatemala le confiere, tiene a su cargo la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza a los ciudadanos, así como la supervisión y monitoreo de la administración pública en cumplimiento de los Derechos Humanos”, se lee en la aclaración.
Señala que desde la Convocatoria a las Elecciones Generales el PDH “ha acompañado al TSE como observador en la primera vuelta, poniendo a disposición de las delegaciones departamentales voluntariado de más de 3 mil 600 personas que coadyuvan a garantizar los derechos de la población; además, ha participado en las mesas de conflictividad en el llamado a empadronarse, ha brindado apoyo al Registro Nacional de las Personas al observar el cierre del padrón electoral, entre otras acciones, que ayudan al fortalecimiento de la democracia”.
“Por lo tanto, es meritorio que dentro de la presente acción de amparo se le tenga como
tercero interesado y no como autoridad denunciada; ya que es una figura importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico que debe velar por el respeto y garantía de los derechos humanos que le asisten a los ciudadanos”, se lee en la aclaración del TSE al amparo interpuesto.
