La presidenta del TSE, Irma Palencia, indicó que tuvo conocimiento del tema únicamente por “las redes” sociales. “Nos vamos a ver en la reunión de fiscales y les contaremos”, declaró a los medios de comunicación.
Posteriormente, el magistrado Ranulfo Rojas confirmó que la Inspectoría General ya le había confirmado que se estaría indagando y documentando el tema de la valla.
“Nos comentaron que hay un tipo de vallas, según nos estaba indicando la señora inspectora, se estará documentando esta información. Recordemos que tenemos que corroborar y verificar el origen y algunas circunstancias que deberán estar documentadas y se tomará alguna decisión oportunamente. Sería muy anticipado en alguna otra circunstancia, lo único que debemos documentarla como corresponde”, declaró Rojas.
El 31 de julio de 2023 comenzó a circular en redes sociales la publicación de una fotografía que muestra la valla, la cual incluye en una de las esquinas inferiores el logo de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
El director de la organización, Ricardo Méndez Ruiz, publicó posteriormente en su perfil personal este 31 de julio de 2023, un mensaje adjuntando un artículo de La Hora que hace referencia a que la FCT pagó por “vallas contra Arévalo y Semilla”.
Juan Gerardo Guerrero, abogado del partido Semilla, indicó que darán acompañamiento al proceso de inspección por parte del TSE, el cual indicó que se inició de “oficio”, y que luego, dependiendo de los hallazgos que realicen, estarían elevando el caso para que lo conozca el pleno de magistrados.
“Es en contra de nosotros, abiertamente. Es importante hacer mención de que allí, prácticamente están haciendo un llamado a no votar por nosotros. […] Hay una serie de normativas que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos en contra de ese tipo de campaña negra”, declaró Guerrero.
El representante legal del partido dijo que para la organización partidaria se trata de una campaña negra que trata de “desviar su atención” las cuales intentan dejar en segundo plano, aunque no descartan actuar y presentar una denuncia por la vía administrativa.
El caso que involucra a la Fundación ocurre en la recta final al balotaje en Guatemala. En 19 días, se espera que los guatemaltecos acudan a las urnas para votar entre los dos candidatos presidenciables, Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), o Bernardo Arévalo, del partido Semilla.
El ambiente previo a la segunda vuelta se ha visto marcado por pronunciamientos de diversos actores nacionales e internacionales, quienes han manifestando su preocupación por la judicialización que llevó a vetar candidaturas, además de condenar las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) que intentó inhabilitar, sin éxito, al partido Semilla.
Precisamente Arévalo, denunció “una escalada de la persecución política” durante una conversación virtual que sostuvo con el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council, el pasado miércoles 26 de julio.
Durante ese espacio, el candidato hizo referencia de que existía una “campaña de desgaste” judicial con relación a la investigación que el MP continúa contra la organización partidaria.
El MP también está desarrollando otra investigación que involucra a los integrantes de la Juntas Electorales y de los coordinadores de los Centros de Votación que participaron en las primeras votaciones del pasado 25 de junio.
De acuerdo al ente acusador, la Fiscalía contra Delitos Electorales hizo la solicitud de una copia certificada de los resultados de las votaciones al TSE, además de los identidades de quienes integraron las Juntas Electorales y la Juntas Receptoras de votos, como parte de las diligencias de un proceso investigativo.
En medio de las acciones del MP y las campañas electorales de Arévalo y Torres, también se tiene prevista la visita del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para observar cómo se desarrolla el proceso electoral en Guatemala.
