A pesar de la instalación de bloqueadores de señal de celular y el traslado de pandilleros de alta peligrosidad a otras cárceles, los reos se las ingenian para intimidar a comerciantes y particulares. Entre enero y febrero de este año se recibieron dos mil 61 denuncias por extorsión, según la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, la mayoría salieron de los centros carcelarios, han reconocido las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Durante una reunión con diputados del Grupo Parlamentario de Oposición, el viceministro de Seguridad, Carlos Franco, admitió que a pesar de la instalación de los bloqueadores de celulares el problema persiste, especialmente desde el Preventivo para Varones de la zona 18 y Pavoncito.
“La verdad es que siguen saliendo —las llamadas—, es algo que no se puede ocultar”, afirmó el funcionario.
Costos
Mantener a los reos que ocupan las 21 cárceles del país representa un gasto millonario, solo entre el 11 de enero y el 20 de abril de este año, la Dirección General del Sistema Penitenciario adjudicó Q8 millones 878 mil 844 en 64 eventos por compra de desayunos, almuerzos y cenas, especialmente para las cárceles de Jalapa y Quiché. También compró materiales para remozar las prisiones y equipos para oficina, según el portal Guatecompras.
La adjudicación más reciente fue el 20 de abril, por Q83 mil 466 para la compra de tres motocicletas, cada una a un costo de Q27 mil 822 que, según presidios, servirán para la entrega de documentos.
Qué proponen
Entre las propuestas comunes de los candidatos está la construcción de cuatro cárceles de máxima seguridad, aunque no detallan cuánto costarán y los lugares donde las construirán. También prometen nuevos modelos de gestión, aparatos para la detección de celulares, reclasificación de reos, combate a la corrupción en el sistema penitenciario y hacer que funcionen los bloqueadores de señal.
“Los políticos salen a ofrecer los temas que la gente quiere oír, eso de los bloqueadores es algo que se ofrece desde hace 10 años y nunca se hace, también lo ofreció —Alejandro— Giammattei”, señala Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
En una investigación en el tema de cárceles, elaborada por este centro de análisis, se recomienda que las prioridades deben estar dirigidas a ampliar la infraestructura para reducir el hacinamiento, contratar más personal y capacitarlos, así como implementar una carrera penitenciaria e instalar programas de rehabilitación. Además, agilizar los procesos judiciales ya que el 40 por ciento de los reos están en prisión preventiva.
Retroceso
Durante los últimos tres gobiernos no ha habido mayores cambios, dice Menchú. No obstante, afirma que, durante la administración de Jimmy Morales, puntualmente con Francisco Rivas al frente del Mingob, hubo una “luz”, con la mejora de los salarios para los guardias, las capacitaciones, y un nuevo modelo de gestión en las cárceles para mujeres, pero después de su salida todo retrocedió.
“En el gobierno de Otto Pérez se trató de construir módulos de deshacinamiento en Escuintla, pero al final no se concretó por falta de planificación y con el actual no hubo nada más que la habilitación de una cárcel en Malacatán, San Marcos, que es preventiva, que solo tiene 30 espacios y —en todo el país— hay 23 mil personas en las cárceles, entonces solo es una picadura de mosquito”, expone.
Un informe del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, publicado en 2018, refiere que Guatemala ocupa el segundo lugar de América Latina en tener hacinadas las cárceles, solo antes que El Salvador y después de Venezuela y Bolivia. A nivel mundial ocupa el quinto lugar, la primera casilla corresponde a Haití.
Nueva cárcel
En agosto de 2022 el Mingob autorizó el pago de US$2.5 millones al consorcio mexicano Grupo Tradeco, para elaborar estudios previos para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Escuintla.
Del costo total de la cárcel de máxima seguridad se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación y Q69.7 millones para equipamiento.
A criterio del exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, si en los tres últimos gobiernos no se ha podido tomar el control, será difícil que el próximo gobernante lo haga, debido a que no hay candidato que tenga en su plan de gobierno una propuesta “coherente” que refleje efectividad a mediano plazo para combatir el principal problema, que a su juicio es la corrupción.
“Hay una red de corrupción incrustada en la que confabulan guardias, reclusos y hasta los mismos directores. ¿Por qué cree que los directores no hacen nada? El promedio de tiempo en el que un director está a cargo de la dirección general es de un año porque también los amenazan”, afirma.
Para Morales, no solo se trata de aumentar salarios y mejorar las condiciones del personal, sino de apostarle a una reingeniería de cárceles como en El Salvador, donde se construyó una prisión con capacidad para 40 mil reos.
