De acuerdo con los líderes indígenas, cada pueblo originario se encuentra en asamblea desde el pasado jueves para determinar las acciones a tomar y se analiza la posibilidad de convocar a un paro nacional.
Alida Vicente, autoridad indígena del Pueblo Pocomán de Escuintla, dijo que la convocatoria también se extenderá al sector estudiantil.
“Estamos en todos los territorios realizando las asambleas y las consultas correspondientes para convocar de nuevo a un paro nacional, pero eso va a ser producto de ese análisis”, dije Vicente.
Añadió que, además, “hacemos un llamado al sector universitario no solo de la San Carlos, sino que de todos los sectores y también al movimiento social porque no es posible que estos criminales continúen con este tipo de acciones”.
Los líderes indígenas aseguraron que, la investigación presentada este jueves por el Ministerio Público busca desafiar al ejercicio democrático expresado en las urnas el pasado 20 de agosto, cuando el partido Movimiento Semilla ganó la Presidencia.
En ese sentido, exigieron al sector empresarial que se pronuncie y condene las acciones del MP y a la Organización de Estados Americanos a que aplique de urgencia la Carta Democrática Interamericana en Guatemala.
“Pedimos a todos los firmantes y a todos los estados parte de las convenciones internacionales aplicar las cláusulas de competencia extraterritorial a todos los funcionarios corruptos a efecto de que sus autoridades judiciales emitan las correspondientes órdenes de captura internacional” agregó Vicente.
Las manifestaciones comenzaron en Guatemala desde inicios de octubre cuando se hicieron allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral y en su momento hubo hasta 140 rutas bloqueadas en el país para exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Antejuicios
El MP presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia el pedido para retirarle la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, quien denuncia ser víctima de un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el poder el 14 de enero.
El MP involucró el jueves a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, en una investigación por daños en la ocupación de la Universidad de San Carlos en 2022, y anunció que pediría privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos para procesarlos penalmente.
La Fiscalía “presentó seis solicitudes para el trámite de las diligencias de retiro de antejuicio en contra de seis personas”, indicó el ente en la red social X (antes Twitter).
El listado es encabezado por Arévalo y Herrera junto a un diputado actual y uno electo de su partido Semilla, además de otros dos congresistas opositores. La medida fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.
La Fiscalía los señala de los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias.
