Recientemente, Almagro anunció que viajará a Guatemala para supervisar el proceso electoral, marcado por los intentos de la Fiscalía de apartar al Movimiento Semilla de la segunda vuelta electoral que se celebrará el 20 de agosto.
En ese sentido, las referidas organizaciones le dirigieron las cartas al funcionario de la OEA. En la misiva, Mirador Electoral afirmó que ha efectuado una exhaustiva observación electoral, que les ha permitido identificar diversas acciones que representan un riesgo para el régimen político-electoral y, por ende, para la democracia de Guatemala.
Explicó que a través de sus informes ha dado a conocer a la autoridad electoral y a la población varias anomalías. Entre estas aplicación diferenciada y discrecional de las normas para la exclusión e inscripción de candidatos, pues desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las elecciones, se desarrolló una dinámica de permisividad para algunos candidatos que tenían prohibiciones constitucionales para participar en la contienda y la exclusión de otros, a quienes se aplicaron procedimientos inexistentes en reglamentos y leyes.
También, debilitamiento de los órganos temporales como las Juntas Electorales Departamentales y Municipales, “cuyos integrantes, a pesar del poco apoyo recibido por parte del TSE” supieron enfrentar, pese a su escasa experiencia, sumado el retardo en el retraso de recursos y sobre todo el ataque de partidos políticos inconformes con los resultados electorales de la primera vuelta del 25 de junio.
El Mirador Electoral señala manipulación de la voluntad popular a través de prácticas de clientelismo político y “compra de votos por parte de partidos políticos vinculados al oficialismo, incluso, uso de recursos públicos con propósito electoral”.
Además, extrema judicialización del proceso electoral que ha puesto en evidencia la manipulación que hacen grupos de poder y partidos políticos poniendo en riesgo la voluntad popular expresada en las urnas. De esta judicialización resulta la exclusión de candidatos y la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios, entre otras.
Denunció el abuso “de las Cortes de Justica y el Ministerio Público, emitiendo medidas coercitivas contrarias a leyes constitucionales, tales como la orden judicial de cancelación del Partido Semilla y la orden de allanamientos en las oficinas del TSE y Semilla”.
Afirmó: “De lo anterior puede suponerse que en Guatemala no existe una división clara de poderes, todo lo contrario, hay una concentración de poder que se evidencia tanto en la información anterior, como en los informes de observación realizados por misiones de observación nacional e internacional, en la que quedó clara la falta de integridad durante todo el proceso electoral, y que ha culminado con un proceso de judicialización que pretende alterar la voluntad popular expresada en las urnas, solo porque el resultado es adverso a un pequeño grupo de personas que se han aprovechado del poder público y que es conocido en Guatemala como el ‘pacto de corruptos ’”.
Añadió que todas las acciones identificadas anteriormente originaron situaciones de alto riesgo para el “proceso político institucional democrático y legítimo ejercicio del poder del Estado de Guatemala”.
Le solicitaron a Almagro que sus recomendaciones se expresen con contundencia y que se adopten decisiones firmes para preservar la institucionalidad democrática y promover un genuino respeto al principio de alternabilidad del poder en Guatemala.
Mientas que Somosresisters en su carta manifestó: “Nuestro país atraviesa una crisis institucional y democrática que se ha agudizado en el marco de los resultados de la primera vuelta electoral, lo cual pone en riesgo el balotaje.
Añadió que desde distintas instituciones estatales y partidos políticos se han puesto en marcha acciones con el claro objetivo de impedir que la voluntad popular se manifieste el próximo 20 de agosto, fecha en la que se tiene programada la segunda vuelta presidencial.
Afirmó que lo anterior ha sido demostrado “por actos ilegales desde el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés Quezada y la Corte de Constitucionalidad. Además de abusar de su autoridad, extralimitarse en sus funciones, y romper en repetidas ocasiones el orden constitucional”.
Lea también: TSE dice que entregará nombres de digitadores ante requerimiento que hizo el MP
Según la referida organización, “las acciones de estos actores han sido reiteradamente contrarias a lo establecido en nuestro marco legal”.
También ven con preocupación la persecución hacia integrantes del partido político Movimiento Semilla y la judicialización de estas elecciones, que representa una violación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
“Queremos pronunciarnos por los distintos actos de violación hacia los Derechos Humanos, restricción a la libertad de expresión y el silencio ante los ataques de índole jurídica a las expresiones de organización política partidaria, todo en detrimento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”, señalaron en la carta.
Solicitan a Almagro que esta información sea considerada en el marco de su visita y en el informe que emitirá al Consejo Permanente de la OEA.
Además, que emita un comunicado, finalizada su visita, en el que exponga su preocupación ante la crisis democrática por la que pasa la Nación guatemalteca. También que se impulse una resolución desde el Consejo Permanente de la OEA que rechace la judicialización del proceso electoral en Guatemala.
¡Que toda América y el mundo sepan de la crisis en Guatemala!
Hoy está de visita el Secretario General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.
Como ciudadanía extendemos esta carta abierta para que se conozca la realidad de la crisis del país.#QueLaOEASeEntere pic.twitter.com/cK054BPtaM
— somosresisters (@somosresisters) July 31, 2023
