El embajador estadounidense ante ese organismo, Francisco Mora, apuntó que su país está en conversación con otros integrantes del mismo de cara a la elaboración de un “proyecto de resolución más serio dado el creciente ataque a la democracia allí”.
“Si este órgano no logra levantarse y alzar su voz por la democracia en Guatemala ahora, el impacto irá más allá de Guatemala”, dijo en una sesión extraordinaria celebrada en la sede de la OEA, en Washington.
El encuentro del Consejo Permanente fue solicitado por los representantes de Chile, Costa Rica, Estados Unidos, la República Dominicana y Uruguay.
En su solicitud para la cita de este lunes recordaron que el 30 de noviembre el Congreso de Guatemala votó a favor de retirar la inmunidad a cuatro funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “tras meses de acciones antidemocráticas y corruptas encaminadas a socavar la voluntad del pueblo guatemalteco y anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2023″.
En apariencia, según esos cinco países, “esos actos son contrarios a la Carta Democrática Interamericana y constituyen una continuación de las acciones de actores corruptos encaminadas a socavar la transferencia pacífica y democrática de poderes al presidente electo Arévalo y la vicepresidente (Karin) Herrera, y atacar a quienes tratan de defender la democracia”.
En un mensaje en video difundido durante la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, expresó su incredulidad ante la legitimidad de los motivos para convocar esta cita.
“Guatemala no está de acuerdo”, dijo el canciller, que subrayó la necesidad de mantener un “trato respetuoso” entre las naciones que forman la OEA y de respetar el principio de no intervención en los asuntos internos.
El proceso de transición de Alejandro Giammattei a Bernardo Arévalo de León, según añadió Búcaro, “continúa desarrollándose de manera pacífica, contrario a lo afirmado por los ponentes” este lunes.
La retirada de la inmunidad a cuatro magistrados del Supremo Electoral se produjo por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, utilizado en los comicios celebrados este año.
