La decisión se toma, dijo el organismo internacional, “en el marco del acuerdo firmad con el TSE —Tribunal Supremo Electoral—”. Asimismo, señaló que sus observadores han dado constante seguimiento a lo ocurrido después de celebrados los comicios y la misión considera “de vital importancia que se respete la voluntad popular expresada en las urnas”.
“Por esta razón, un equipo técnico integrado por observadoras, observadores y especialistas en organización y tecnología electoral, estará viajando a Guatemala. La Misión estará presente en los nuevos escrutinios y continuará recabando información relevante, de cara a la segunda vuelta presidencial el 20 de agosto”, añadió en un comunicado.
Esta decisión llega un día después de que la misión criticara la “extrema judicialización” del proceso electoral en Guatemala, señalando que “las elecciones se deben ganar en las urnas” y no “impugnando resultados legítimos”.
El sábado, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, suspendió la oficialización de los resultados electorales hasta que se investiguen denuncias de presuntas irregularidades planteadas por nueve partidos políticos.
Uno de esos partidos es Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya candidata, la ex primera dama Sandra Torres, se enfrentará en la segunda vuelta el 20 de agosto al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta.
El segundo puesto del candidato de Semilla no estaba en las encuestas divulgadas en las últimas semanas, ya que lo ubicaban en un octavo lugar en la carrera presidencial.
Arévalo de León advirtió el pasado viernes que su “avance”, inesperado, “despertó el temor de los corruptos”.
La decisión del alto foro judicial surgió tras una solicitud de nueve partidos de la política tradicional del país que alegan que antes de adjudicar los cargos se debe revisar nuevamente las actas de la votación del 25 de junio.
No existen precedentes en la historia de las elecciones de Guatemala donde los resultados queden congelados por una corte a falta de definir a las autoridades que dirigirán el país entre 2024 y 2028.
