Ángel Pineda, secretario general del MP, dijo que es una “investigación imparcial”, e indicó que “hoy es un día histórico para institucionalidad democrática”.
Afirmó que se han apoyado en entes científicos para la investigación que presentaron este viernes.
A la comunidad internacional le indicó que el MP responde a las leyes del país.
El fiscal Rafael Curruchiche resaltó “el valiente” trabajo de los fiscales, pese a amenazas a decir de él.
Dijo que le hubiera gustado que Luis Almagro, secretario de la OEA, estuviera en la conferencia.
La fiscal Leonor Morales recordó que la investigación comenzó por la denuncia de un ciudadano, quien dijo que quería adherirse a un partido de su preferencia, pero el TSE le dijo que estaba afiliado a otro partido, y al consultar se percató que estaba afiliado a Semilla sin haber firmado la hoja de adhesión.
Luego denunció ante el TSE, y el Tribunal en mayo de 2022 le respondió al ciudadano que no era posible, es decir, el TSE habría omitido su deber de denunciar en el MP.
Ante esto, el MP investigó y concluyó que la firma no coincide con la hoja de adhesión a Semilla, la firma habría sido falsificada.
Otras personas han indicado que nunca dieron su consentimiento y firma para adherirse a Semilla, por lo que según el MP, hubo falsificación.
Según la fiscal, con pleno conocimiento del hecho, quien fungía como secretario del partido, compareció ante el Registro de Ciudadanos para la inscripción del partido.
Señaló que el TSE hizo la inscripción participando en delitos, ya que Semilla no reunía los requisitos para su inscripción.
El 14 de marzo de 2023, el entonces candidato de Semilla, Bernardo Arévalo, al saberse que el partido político “había sido descubierto”, presentó denuncia en contra de Jaime Gudiel Arias.
Adjuntó a su denuncia un documento como contrato de adhesión masivo.
El MP señaló que Semilla pagó Q7 por firma recolectada.
El ente investigador señala los delitos de uso de documento falsificado con agravante electoral en forma continuada, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción de justicia
También pide órdenes de aprehensión contra de Jaime Gabriel Gudiel y Cinthya Rojas por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral de forma continuada.
Afirmó que un trabajador del TSE aceptó su responsabilidad en los delitos imputados en la audiencia de primera declaración y hubo sentencia condenatoria por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Cuatro trabajadores del TSE fueron citados señalados de incumplimiento de deberes.
Ante esto, la fiscal Morales agregó que entre las ilegalidades encontradas a efecto de resumen, 5 mil 542 personas no existen en el tema de afiliación a Semilla, 2 mil 394 personas su nombre no coincide con el Documento Personal de Identificación registrado, 40 personas fueron adheridas al partido político y ya están fallecidas.
Además, según el MP, 13 personas han declarado que nunca firmaron las hojas de adhesión y hay 132 adhesiones repetidas.
La fiscal dijo que la totalidad de ilegalidades encontradas en la adhesión, ascienden a la cantidad de 8 mil 121 ilegalidades.
Dijo que el partido Movimiento Semilla nunca nació a la vida jurídica por las supuestas anomalías, por lo que hubo suspensión de la personalidad jurídica de la agrupación.
Supuestos hallazgos de reportes financieros
El MP también presenta solicitud para retirar la inmunidad de los diputados Samuel Pérez y Ligia Hernández por hallazgos sobre reportes financieros del partido Movimiento Semilla.
Segunda solicitud contra Arévalo
El MP también anuncia una segunda solicitud de antejuicio en contra del presidente electo Bernardo Arévalo por supuesto lavado de dinero, debido al origen de US$44 mil usados para pago de una multa al partido.
El fiscal Rafael Curruchiche agregó que cuando es un año electoral, todos los partidos políticos aperturan una cuenta un mes antes de la convocatoria a elecciones, esto para registrar las aportaciones.
Dijo que una auditoria financiera estableció una serie de incompatibilidades porque no cuadraban lo ingresos y los egresos.
Recordó que Semilla recibió el 5 de diciembre una nota del TSE en la que fijaron cinco días de plazo para que desvaneciera los hallazgos.
En uno de los hallazgos el MP confirmó que el partido Semilla no presentó pruebas de descargo.
Entre los otros hallazgos figuran incongruencias en cifras en libros de registro, ingreso de recibos sin identificar al financista o recibos que no cumplen con los requerimientos mínimos.
“Se confirmaron siete hallazgos de violación a la normativa electoral”, señaló el fiscal.
Indicó que esta auditoría financiera da lugar a lo que es lavado de dinero.
Añadió de derivado de la auditoría, al Movimiento Semilla le impusieron una multa de US$50 mil 01, pero según el MP, para cancelar esa multa, la agrupación por medio de Bernardo Arévalo, el 28 de julio del 2022 mediante escritura pública hubo un contrato de mutuo con garantía fiduciaria.
Dijo que para cancelar la multa, el partido hizo un contrato y los suscribieron Arévalo, Samuel Pérez, Ligia Hernández y Manuel Alvarado por la cantidad de US$44 mil.
Mencionó que ese 28 de julio, la notaria Diana Odette Benavides, quien está ligada a proceso por incumplimiento de deberes en el caso de la compra de un edificio en la zona 5, hizo una declaración jurada de Manuel Alvarado, quien manifestó que sus ingresos son lícitos.
De esa cuenta, hubo un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial; sin embargo, Arévalo cuando desvanece sobre dicha cantidad de dinero, la Intendencia dijo que no es suficiente porque los US$44 mil no están respaldados.
De esa cuenta es la segunda solicitud de retiro de inmunidad contra Arévalo.
Afirmó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad pedirá a Estados Unidos rastrear en ese país la referida cantidad de dinero.
MP señala al TSE
La fiscal Leonor Morales en otra intervención se refirió a los cateos del 12 y 29 de septiembre 2023 en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral y en la sede del TSE, lo que según el MP, permitió evidenciar que el TSE incurrió en irregularidades en cuanto al resguardo de las actas electorales.
Dijo que el MP estableció que en las cajas no estaba depositada la copia del documento 4, que de “suma importancia”, ya que en este se consigna el dato de los votos obtenidos.
En el cateo del 12 de septiembre establecieron ilegalidad en que no había uniformidad en los formatos empleados.
También el TSE habría incumplido con publicar sus acuerdos, lo que afecta la transparencia. Publicaron 55 de 1 mil 936 emitidos.
La fiscal dijo que las funciones inherentes del TSE fueron delegados a terceros nacionales e internacionales, y mencionó que se adquirió de forma sospechosa y con fuertes indicios de sobrevaloración un sistema que sirvió de plataforma y siendo manejado por terceros “comprometió la operación regular del proceso electoral, dando lugar a vulneración informática que generaron resultados irregulares, lo cual irrespeta la voluntad del pueblo”.
Señaló opacidad en el actuar en los magistrados del TSE y la supuesta compra opaca de los sistemas Trep y Sega.
Además, un informe señala que “el sistema informático del TSE fue objeto de sabotaje, incluso, pudo haber sido internacional” para que coincidieran los datos.
El sabotaje habría sucedido porque “de forma ilegal, personas dedicadas a las Informática introdujeron datos al sistema que contenían supuestos votos”.
“Existen indicios racionales suficientes de criminalidad para presumir que tales actos fueron cometidos con conocimiento y complicidad del Tribunal Supremo Electoral”, dijo
A decir de la fiscal, “las acciones de ataque informático fueron efectuadas en forma coordinada con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral para hacer coincidir los datos ingresados”.
Dijo que esto revela “falta de honestidad y respeto” hacia las juntas receptoras de votos.
Dentro de las ilegalidades del personal del TSE, la fiscal señaló “la falta de coincidencia de datos del documento electoral, acta número 4 o acta de cierre de escrutinio”.
Anunció que los formatos “no fueron aprobados” por los magistrados y por esa razón las actas 4 “son nulas de pleno derecho” porque no fueron autorizadas.
El MP informó que se giraron órdenes de captura en contra de Jorge Santos, director de Informática y Alejandra Chiroy, exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos, por supuestas alteraciones en actas electorales.
Santos es señalado de abuso de autoridad y falsead material con agravante electoral. Chiroy es señalada de abuso de autoridad.
Indico que las actas de cierre de escrutinio o documento 4 en su llenado por las juntas receptoras de votos “no cumplían en su mayoría con todos los requisitos de información requerida para cada acta”.
También hallaron “alteración” de la información de los documentos electorales.
Dijo que digitadores contratados por el TSE han dado declaración testimonial y recordaron que les dieron actas para el escaneo, pero llevaban “múltiples tachones”.
“Personas colaboradores del Tribunal Supremo Electoral alteraron y falsearon los datos de las actas 4”, afirmó la fiscal, quien añadió que esto afecto los resultados y cuadrara con los datos del sistema Trep.
La fiscal dijo que el “actuar ilícito del TSE continuó” y también detectaron anomalías en las actas número 8 pues los datos no coincidían con los subidos al Trep. Por ese motivo “se requiere de parte del auditor que se cambie los datos consignados en las actas de cierre 8 efecto de cuadrar los datos subidos al sistema Trep”.
