La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los políticos, de acuerdo con una resolución publicada hoy.
En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que han incrementado “tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023”.
Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.
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Uno de esos planes, del que fue informado su equipo de seguridad la semana pasada y que fue denominado “Plan Colosio”, cuenta con “participación de agentes estatales e individuos particulares”, de acuerdo con el texto de la resolución de la CIDH.
Y un segundo, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público, según el documento de la CIDH, la madrugada del lunes 21 de agosto, al que relacionaron con presuntas “estructuras criminales de pandillas”.
Sin embargo, fue hasta las 19.42 horas que el MP confirmó la amenaza y reveló las acciones que tomaron en torno al caso.
“La Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida del señor César Bernardo Arévalo de León”, señala la Fiscalía.
Agrega que “de conformidad con los protocolos establecidos, de manera inmediata se realizaron las acciones pertinentes para resguardar su vida. Se hizo de su conocimiento y se coordinó con la Dirección General de la Policía Nacional Civil para brindar las medidas de seguridad correspondientes”.
Señala que “la Fiscalía se encuentra investigando el hecho para dar con los responsables y deducir responsabilidades”.
Según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aun conociendo estas amenazas en su contra.
El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.
La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.
Como consecuencia, el organismo solicitó hoy formalmente a Guatemala que informe “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”.
Las medidas cautelares se conocen el mismo día en el que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso suspender al partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo.
Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León.
En los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.
Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.
El proceso electoral guatemalteco, que inició en enero y culminó el domingo pasado, ha sido el más controvertido en la historia del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1986.
