“Tiene como fin específico que la CC, como máximo tribunal en materia constitucional, revierta la decisión y nos otorgue el amparo provisional que deje en suspenso la resolución con la que se nos negó la reposición y, por ende, la resolución del 12 de julio cuya finalidad era suspender y cancelar la personalidad jurídica de Movimiento semilla”, señaló Guerrero y explicó que esto se fundamenta en el artículo 28 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucional.
Agregó que hay una contrariedad, ya que se les ha negado conocer el expediente pues no son parte del proceso.
“El mayor daño que hacemos constar en este documento es la vulneración constante al principio del debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de audiencia, al derecho de poder impugnar (…) se nos sigue negando nuestro derecho a defendernos como partido político”, agregó Guerrero.
Guerrero indicó que esperan que esta semana la CC entre a conocer la apelación de amparo y “tome una decisión pertinente”.
El caso Semilla
La primera vuelta de las elecciones generales guatemaltecas se llevó a cabo el 25 de junio de 2023, dio como ganadores a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza y a Bernardo Arévalo de León, de Movimiento Semilla.
El 12 de julio, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), informó en un video que fue publicado en las redes sociales de esa institución que “en un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado Corrupción Semilla a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla”.
Agregó que el caso es a consecuencia de que “en mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al movimiento semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el Inacif se concluyó que la firma y letra fueron falsificados”.
El juez Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla; sin embargo, no es la primera vez que esta judicatura emite una resolución que ha estado en el ojo de la polémica.
Orellana, quien fungió como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, fue quien avaló la captura del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.
El pasado 13 de julio, el registrador Ramiro Muñoz señaló que no obedecería la orden del Juzgado Séptimo de suspender al partido Semilla.
Ese día, refirió que no era acatable, ya que suspender a un partido es competencia del TSE y durante un proceso electoral en desarrollo no se puede cancelar a ningún partido, por lo cual presentó dos amparos, uno ante la Corte Suprema de Justicia y otro ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
El mismo 13 de julio, la CC decidió amparar de forma provisional al Movimiento Semilla, frenando la orden de suspensión de dicho partido -emitida por el juez Orellana- , en el sentido de que la orden del juzgador no afecta ni deja en suspenso el Acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones rechazó el 14 de julio recién pasado un amparo interpuesto por Muñoz, por lo que se hizo una apelación en la CC, pero también fue rechazada.
La CC denegó dicho recurso de apelación que el RC interpuso en contra de la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que denegó un amparo que buscaba dejar sin efecto la orden del juez Fredy Orellana, según se informó el pasado 17 de julio.
Sin embargo, la CC sí declaró con lugar de manera provisional un amparo que frenó la orden del juez Orellana.
El 18 de julio pasado el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, certificó lo conducente en contra del Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, por incumplir la orden de suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
Según se conoció este 18 de julio, con la resolución del juez Orellana la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) podrá gestionar el retiro de inmunidad a Muñoz y abrirle investigación por desobedecer la orden de suspender al movimiento Semilla
Muñoz Jordán, en una nota de fecha 15 de julio del año en curso, solicitó al TSE la autorización para gozar de su periodo vacacional a partir del 16 del presente mes, por motivos de índole familiar.
En el acuerdo 1386-2023 de fecha 16 de julio, en el que se autorizan las vacaciones de Muñoz, los magistrados del TSE nombraron en forma interina como Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, a Eleonora Noemí Castillo Pinzón Castillo Pinzón, con efecto a partir de la fecha de toma de posesión y mientras dure la ausencia del titular.
El juez Orellana giró una orden de captura, el 20 de julio pasado, contra Castillo Pinzón y se hizo un allanamiento en el Registro de Ciudadanos para ver el contrato de la registradora en funciones.
Condena
Esta situación legal dentro del proceso electoral ha generado inconformidad por parte de diversos sectores, quienes han participado en marchas de protesta para exigirle al MP y al Organismo Judicial que no se intrometan en asuntos electorales y respeten la voluntad que el pueblo expresó en las urnas.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró recientemente que la “persecución política” contra el partido Movimiento Semilla podría ser considerada como “una grave violación de los derechos humanos”. De hecho, el secretario general, Luis Almagro, se encuentra en Guatemala en una visita a la que lo invitó el Gobierno de Guatemala y en la que se reunirá con diversos sectores.
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) se pronunciaron este domingo 16 de julio por medio de un comunicado de la “grave” situación política que atraviesa Guatemala luego de las elecciones generales 2023.
El documento es respaldado por 23 exjefes de Estado y de Gobierno de España, Panamá, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia.
Figuran los nombres de Álvaro Uribe e Iván Duque de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, entre otros exfuncionarios de Estado.
