Juan Gerardo Guerrero, fiscal general del Movimiento Semilla, se presentó al Juzgado Séptimo Penal acompañado del equipo legal de la agrupación política para presentar dos recursos de reposición en contra de la resolución del juez Orellana.
“Como miembros del partido político Movimiento Semilla hemos presentado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal dos recursos de reposición en contra de la resolución arbitraria y fuera del marco constitucional ordenada por el juez Fredy orellana”, dijo Guerrero, quien dijo que esperan que ese trámite surte efectos a corto plazo.
“Los recursos de reposición están, principalmente, enfocados en demostrar las arbitrariedades que cometió el juez, primero al habernos de denegado el principio del derecho de audiencia el debido proceso, el principio de legalidad y también hay una serie de principios y garantías que la Constitución política le otorga a las partes dentro de un sistema acusatorio y no inquisitivo”, dijo Guerrero.
EN ESTE MOMENTO
Agregó que, además de esas dos acciones “también hemos emprendido una serie de acciones en el marco constitucional”, entre ellos el amparo que les fue otorgado de manera provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC) y que suspendió la resolución del juez.
También el Movimiento Semilla interpuso denuncias contra Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), por los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, dijo Samuel Pérez, dirigente de esa agrupación política.
Además, el candidato presidencial Bernardo Arévalo se presentó a la sede del Ministerio Público de la capital para presentar una denuncia penalmente contra Curruchiche y precisó que la denuncia es por “prevaricato y otras series de abusos que están siendo cometidos”.
Expertos, activistas y el propio Arévalo venían advirtiendo desde antes de los comicios que el sistema democrático navegaba por aguas turbulentas en Guatemala, por el control político sobre el poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos presidenciales y persecución a fiscales que combatieron la corrupción.
Entrampados
Los comicios del pasado 25 de junio fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como todas las encuestas anunciaban; sin embargo, el segundo lugar fue para el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, a quien los sondeos colocaban en séptimo u octavo puesto.
Desde entonces, los miembros de Semilla advirtieron que se vendrían intenciones por detener su candidatura, con la cual no contaba el “Pacto de Corruptos”, como se ha denominado a un grupo de políticos, empresarios, militares y supuestos narcotraficantes que tienen “cooptado al Estado” en opinión de la agrupación.
Fue así como uno de sus presagios se hizo realidad el miércoles pasado con la acusación del Ministerio Público (MP), creando así 24 horas de incertidumbre y tensión dentro de la población por el futuro de los comicios.
A ello se sumó este jueves el allanamiento por parte del Ministerio Público a la sección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, con fiscales utilizando pasamontañas.
Pese a las presiones, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han tomado en cuenta la determinación del juzgado penal, ya que recordaron que para expulsar o suspender a un partido político debe hacerse un procedimiento detallado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
“Con convicción democrática y como órgano independiente, el Tribunal Supremo Electoral reafirma su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico, inherente a la ciudadanía”, resaltó la entidad.
“Sin respeto al voto no hay democracia”, añadió un comunicado de prensa del tribunal.
Es por ello que Torres Casanova y Arévalo de León se encaminan a la segunda vuelta electoral para definir al presidente del país centroamericano para el período 2024-2028.
El Movimiento Semilla nació de las manifestaciones anticorrupción en el país centroamericano durante 2015 y entre sus principios está la justicia social y el cese a la impunidad.
Con información de EFE y AFP
