Entre los partidos señalados se encuentran la coalición Valor-Unionista, Vamos por una Guatemala Diferente, Bienestar Nacional (Bien), Todos, Podemos, Cabal, Unidad de la Esperanza Nacional (UNE) y Victoria.
Del total de los casos detectados en los diferentes informes presentados por la MOE-Gt, Vamos representa el 44.6 por ciento de los casos; la UNE, el 16.1 por ciento; el Comité Cívico de Unidad Marquense, 10.7 por ciento; el partido Cambio con 7.1 por ciento; y el 21.4 por ciento restante son casos vinculados a los partidos Cabal, Unionista-Valor, Victoria, Bien, Nosotros, Podemos y Todos.
Programa del Adulto Mayor
De acuerdo con los reportes de la MOE-Gt, en Chimaltenango, Huehuetenango, Jalapa y Suchitepéquez se ha evidenciado la promoción de la entrega del Programa del Adulto Mayor en eventos en los que ha participado el presidente Alejandro Giammattei.
La MOE-Gt resaltó la prohibición en el artículo 223 de la Constitución Política de la República, “una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios de Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas”.
Ante esto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia señaló que: “Tal como se ha informado anteriormente el Gobierno de Guatemala ha cumplido con su función de continuar trabajando a través de los programas en beneficio de los guatemaltecos. El programa del Adulto Mayor ha sido una prioridad del señor presidente, asistiendo personalmente a realizar notificaciones a beneficiarios durante los dos últimos años de gestión en todo el territorio nacional, lo que demuestra que es falso que la promoción de dicho programa se realice en el marco del proceso electoral en marcha”.
Según la MOE-Gt, con la entrega de este programa se estaría buscando beneficiar a nueve candidatos a alcalde de Chimaltenango de los cuales siete van tras la reelección. Además, según la misión de observación, estas acciones también tienen intención de atraer votos para los candidatos del binomio presidencial, Manuel Conde y Luis Suárez.
El partido Vamos, por su parte, aseguró que son respetuosos de la leyes del país y las que rigen el proceso electoral. “Nunca coaccionamos o forzamos a ningún ciudadano a pertenecer a nuestra organización, mucho menos a emitir su sufragio el cual es libre y secreto, garantizado en la Constitución de la República como forma precisa de darle vida al proceso democrático que se vive en nuestro país”, respondió la organización partidaria.
En abril de 2023 se amplió el presupuesto del programa con los saldos de los recursos de la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia Covid-19, el aumento fue de Q339 millones.
El programa es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En 2022 se registraban 69 mil 397 inscritos. Hasta enero y febrero de 2023, se registraron 6 mil 752 beneficiarios más, según los datos de la cartera.
Programas locales
También, la MOE-Gt reportó casos de entrega de programas locales en Barberena, Santa Rosa donde el alcalde busca la reelección con la coalición Valor-Unionista.
Además, también registraron casos en Retalhuleu donde el alcalde se perfila con Bien, así como en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con el jefe edil que compite con Todos.
El mismo caso se detectó en la cabecera departamental de Totonicapán donde el candidato busca repetir el cargo con el partido Cabal. Y también en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con el alcalde que participa con Victoria.
Otros hallazgos
Entre los hallazgos de la Misión que están relacionados con actos prohibidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, prevalece la participación de trabajadores del Estado en horario laboral en actividades de campaña electoral con el 18.6 por ciento; entrega de productos y otros beneficios de programas del gobierno central o de municipalidades con el 16.3 por ciento; y la inauguración de obras públicas en un 14 por ciento
El monitoreo de la MOE-Gt contiene datos hasta el 15 de junio y los informes son enviados al Tribunal supremo Electoral para la respectiva verificación y sanción, de ser necesaria.
