Según se conoció, el amparo tiene un acto reclamado; la resolución 1-2023 del Congreso de la República en que declaró con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas contra los magistrados titulares del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores.
Según el amparo que presentó Franco, el Congreso no entró a discutir el informe circunstanciado, cuando se propuso la primera moción privilegiada y no se contaba con 107 votos.
Además, señala que el presidente del Congreso en funciones, dejó su micrófono abierto y dejó claro que no iban a discutir .
También expresa que cuando se presenta la segunda moción privilegiada se propuso a votación, nunca a discusión.
Añade que la primera vez no habían 107 diputados y la 2da vez habían más de 130 y los diputados que se integraron en la noche no tuvieron la oportunidad de discutir el informe circunstanciado como lo ordena el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio.
Asegura también que por ser la acción penal personalísima, debió haberse conocido de forma individual por parte del pleno del Congreso de la República.
La petición de retiro de inmunidad
El Congreso de la República recibió la tarde del miércoles 29 de noviembre el informe circunstanciado que recomendaba retirar la inmunidad a los magistrados del TSE y en la sesión del jueves 30 de noviembre, se sometió a votación del pleno a menos de una hora de terminar el período de sesiones ordinarias.
El punto había sido incluido por una propuesta del diputado Javier Hernández, jefe de bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien propuso que el antejuicio contra los magistrados se conociera en uno de los primeros puntos de la sesión, que comenzó alrededor de las 10 de la mañana.
La propuesta ganó por mayoría, y el pleno del Congreso votó para saber si es recomendable o no el retiro de la inmunidad con los magistrados del TSE. Sin embargo, antes de votar por el desafuero se suspendió el evento porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios -107- para conseguirlo.
A pesar que los diputados estaban en el hemiciclo, algunos se desmarcaron, los suficientes para romper el quorum.
Durante la primera parte de la sesión, los diputados se marcaban y desmarcaban. El diputado Boris España, quien llevó a cabo la dirección de la sesión, ante la ausencia de la presidenta Shirley Rivera, dejó su micrófono encendido y se escuchó lo siguiente: “Hermano, hermano, mira, pues ahorita voy a leer y terminamos esta m…”.
La votación se aplazó y siguieron con el siguiente punto de agenda: aprobar el presupuesto.
Con los votos
Alberto Sánchez, diputado disidente de Movimiento Semilla, inmediatamente después de aprobar el decreto del presupuesto, alrededor de las 23 horas, pidió la palabra para razonar su voto. Boris España, quien presidía la sesión, le cedió la palabra.
Sánchez brevemente justificó su voto a favor del presupuesto y en uso de la palabra propuso al pleno una moción privilegiada para someter a votación el informe pesquisidor del TSE, el cual fue admitido y con 108 votos y aplausos se aprobó.
Con la moción aprobada se sometió a votación la formación de causa de los antejuicios de los cuatro magistrados. De nuevo, 108 diputados, aprobaron retirar la inmunidad y con esto se abre la vía para que el Ministerio Público abra investigaciones en contra de Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, magistrados titulares del TSE.
El proceso de antejuicio contra los magistrados comenzó luego que Karen Fisher y Geovanny Fratti presentaron denuncias contra todos los magistrados del TSE, tanto titulares como suplentes, por aparentes anomalías en la compra del sistema informático usado en las votaciones.
El caso llegó a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, que al analizar el expediente consideró oportuno presentar solicitudes de antejuicio contra los magistrados, para así profundizar en los supuestos hechos denunciados.
A criterio de los denunciantes, pudo haber una sobrevaloración en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que costó Q148 millones, herramienta que, según ellos, pudo llevar a un posible fraude electoral.
CC confirma retiro de inmunidad
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el retiro de la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de suspender una acción de amparo que había sido promovida por 14 ciudadanos que cuestionaron la votación de los diputados sobre el retiro de la inmunidad de los funcionarios electorales.
La decisión de la CC se basa en que los ciudadanos que presentaron el amparo tienen falta de legitimación activa, es decir, no son personas agraviadas o afectadas en el caso. Con estos argumentos, la CC habría rechazado la intención de fondo de esta acción, que era devolver la inmunidad a los cuatro magistrados.
La acción de amparo que buscaban los ciudadanos con la CC también buscaba dejar sin efecto cualquier acto posterior a la votación del Congreso del pasado 30 de noviembre, lo que abarcaba posibles órdenes de captura que hubiesen sido emitidas después de que los magistrados perdieron la inmunidad.
Magistrados deben volver a labores
Los magistrados salieron del país y recientemente la presidenta del TSE, la magistrada titular Blanca Alfaro, declaró reciente que los cuatro magistrados que salieron del país estarían retornando a sus actividades a inicios de este 2024.
Las licencias y vacaciones de los magistrados Palencia, Rojas y Aguilera concluyeron el pasado 15 de diciembre, fecha en donde el TSE comenzó con su periodo vacacional de fin de año.
El único magistrado del que se extiende su periodo de receso es a Mynor Franco, quien tiene periodo vacacional hasta finales de enero, según informaron autoridades electorales.
