Después de que el Ministerio Público (MP) abriera las cajas electorales en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) ubicado en el parque de la Industria, Arévalo señala a la jefa del ente investigador de cometer varios delitos.
La querella y solicitud del retiro de antejuicio contra Porras es por violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad con propósito electoral, atentado contra el transporte del material electoral, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, asociación ilícita, y prevaricato.
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En la querella, Arévalo recuerda la investigación contra el partido que lo lleva al poder, Movimiento Semilla, y asegura que el MP “ha violado sistemáticamente” varias normas.
“Bajo la autoridad de la fiscal general y con su consentimiento, el abril de 2023 se trasladó la investigación de una causa penal de materia eminentemente electoral, hacia la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). Esta primera acción es fuertemente cuestionable, en tanto la Fiscalía contra Delitos Electorales era la competente por razón de la materia. Por ello, el partido político Movimiento Semilla ya se encontraba coadyuvando con la investigación ante esa instancia”, se indica en la denuncia.
“Para conseguir su propósito criminal y evitar una debida defensa y contrariando su deber de objetividad, desde el traslado de la causa penal a la Feci, se le vedó el acceso al expediente al Movimiento Semilla, que evidentemente tiene interés en el asunto por figurar como denunciante”, agrega.
Después de mencionar otros antecedentes, Arévalo resalta que este martes “de forma completamente arbitraria, ilegal e inconstitucional”, el MP allanó el COPE y que “sin ningún respaldo jurídico” procedió a abrir las cajas que contienen las actas y papeletas previamente validadas durante el proceso electoral.
“Esto afecta gravemente la certeza y pureza del proceso electoral, y en consecuencia, el orden democrático y constitucional del país”, reitera la querella.
Enseguida, se describe la posible comisión de los ocho delitos. La acción legal fue presentada ante un juzgado.
Más temprano, Arévalo exigió la renuncia no solo de Porras, sino también del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, contra quienes también se presentaron acciones legales.
“Los golpistas deben renunciar”, expuso.
