Siete de cada 10 de los encuestados expresaron que las fuerzas armadas hacen un buen trabajo. Desde el 2011, la institución ha sido bien evaluada en esta medición, sobre todo en el nivel de confianza se evidencia un crecimiento, pues de ese período a la fecha tiene una mejora de 11 puntos porcentuales, ya que pasó de 47% al actual 58%.
Para Gabriela Carrera, politóloga de la Universidad Rafael Landívar, estos resultados no sorprenden, pues, desde los años 2000, en las encuestas de cultura política el Ejército es uno de los actores en que los guatemaltecos más confían.
Señala que esta es una de las pocas instituciones públicas estatales que logra tener presencia física en todo el territorio nacional, y esa cercanía con la población abona al nivel de aprobación que obtiene. Pero es muy clara al decir que cuando se habla del Ejército no se trata de las cúpulas jerárquicas, sino más bien de los soldados que están presentes en distintos territorios del país.
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, menciona que ha habido una estrategia por parte de los gobiernos para fortalecer la imagen del Ejército, y por eso aparece limpiando carreteras después de un derrumbe o asistiendo a la población tras un desastre natural o patrullando las calles.
“No es su función la seguridad cívica o ciudadana, que corresponde a la Policía, pero frente a la inseguridad que enfrenta la gente -robos, asaltos, delincuencia común-, ver al Ejército en estos espacios hace que tenga mayor credibilidad; obviamente, esto es aprovechado por los candidatos para ofrecer medidas de seguridad que involucren a la institución”, dice Cux.
La falta de seguridad es uno de los principales problemas que la población enfrenta, como lo manifestó el 23.3% de los encuestados, y la Policía debiera ser la institución en que las personas muestren mayor confianza para remediar la situación. Sin embargo, tiene una desaprobación del 60.5%.
Tanto Carrera como Cux opinan que, pese a tener presencia en el territorio nacional, en los últimos gobiernos la institución se ha debilitado, a lo que han contribuido los constantes cambios en su cúpula y los señalamientos de corrupción entre sus filas, situación que no ha ocurrido con el Ejército, que mantiene su estructura y no se le relaciona con actos corruptos.
“Las prácticas de corrupción que están instaladas dentro de la institución policial y en el imaginario del guatemalteco, es decir, las mordidas y las anécdotas que surgen en los retenes hacen grande la brecha de confianza que hay entre la sociedad guatemalteca y las fuerzas del orden público”, agrega Carrera.
Autoridad local
La Encuesta Libre 2023 evidencia el índice de aprobación que tienen los alcaldes en sus comunidades. La evaluación general les otorga un 37.5% a estos actores, y entre este grupo, la región que otorga un mayor personaje es la capital -46.7%-, mientras que la calificación decae en el área rural, con un 37.4%.
En este último período de gestión, los resultados podrían reflejar la evaluación del trabajo de los gobiernos locales de cuatro años. La politóloga indica que muchas veces ese trabajo no responde a las demandas más sentidas de la comunidad, como servicios públicos y carreteras, lo que repercute en que la confianza de la gente sea negativa hacia los alcaldes.
“Hay un debilitamiento de la imagen de los alcaldes porque no han sabido responder a las necesidades básicas de la población, pero también la alta corrupción que se ve en las alcaldías”, explica Cux.
Rechazo a Fiscalía
En opinión de los encuestados, tanto el Ministerio Público (MP) como la fiscal general, Consuelo Porras, tienen una baja aprobación.
Siete de cada 10 desaprueban a la institución, que, si bien en la medición del 2019 mostró una mejora en el nivel de confianza entre la población, los números de este período muestran un descenso.
Para Carrera, este resultado es producto de las decisiones de la política de investigación penal que la fiscal general ha implementado, como también el retroceso en varios casos de corrupción y el cuestionado papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual ha generado malestar y desaprobación entre la sociedad guatemalteca.
La población no califica de manera positiva al MP, pero el trabajo de Porras tiene un mayor rechazo. El 85.5% de los entrevistados lo desaprueba.
A criterio de Cux, la fiscal general es la figura visible del MP y sus acciones debilitan la imagen de la institución.
El Organismo Judicial tampoco resultó bien evaluado, el 82.7% de los encuestados le otorgó un bajo nivel de aprobación.
Los entrevistados califican esto como “preocupante”, pues es uno de los pilares fundamentales de la democracia en cualquier país, y es importante la confianza y legitimidad del sistema judicial ante la población. Pero la no renovación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que debieron ser sustituidos hace tres años por el Congreso, podría estar minando en la confianza que los guatemaltecos tengan en la institución.
Vicepresidente, mal visto
La gente desaprueba el trabajo del presidente de la República, Alejandro Giammattei, y la evaluación del vicepresidente, Guillermo Castillo, no es nada alentadora.
Al presidente lo reprueba el 88.6% de los guatemaltecos encuestados, y para su compañero de fórmula el rechazo es aún mayor, 90.8%.
Cux indica que este resultado es reflejo de cómo la población vio la gestión de Giammattei durante la pandemia del covid-19, pero también el aumento del gasto público, que no se traduce en mejoras para la población, a lo que se suma el incumplimiento de las promesas que lo llevaron a la silla presidencial. Los casos de corrupción que rodean su gestión también influyen en esa baja credibilidad hacia su mandato.
Respecto de Castillo, la politóloga refiere que en los últimos gobiernos la figura del vicepresidente ha estado ausente, en un papel “completamente anónimo”, y pareciera que la tónica se mantendrá, traducida en “una marginación de la toma de decisiones colegiadas dentro del binomio presidencial”.
La institución con la mayor desaprobación de las 10 evaluadas es el Congreso de la República, que se ubica en el último lugar, pues solo el 8.9% de la población aprueba su trabajo, ya que, mientras aprueba iniciativas para proteger la vida y la familia, por ejemplo, permanece indiferente hacia temas relacionados con el derecho a la alimentación, a la salud y la educación, según la politóloga. Esta actitud les pasa factura con la poca aceptación de la ciudadanía a su labor.
