Ante el riesgo de que la situación se salga de control con sus consiguientes efectos en los negocios y el clima de inversión. las primeras voces empiezan a manifestarse sobre lo que debió ser un proceso ordenado y basado en ley, así como la garantía de los resultados.
Una de las coincidencias de los consultados es que esta problemática debe resolverse lo antes posible, de manera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice los resultados, para brindarle la certeza del evento pasado y respetar el calendario para llevar a cabo la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto, así como la asunción en enero del 2024 de las nuevas autoridades que resulten electas.
Posiciones coincidentes
A la pregunta ¿esta coyuntura de falta de certeza político-jurídica puede afectar el clima de negocios y posibles inversiones en el país? Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), expresó que se esperaría que esto se resuelva esta misma semana, para que no haya ningún cambio en el cronograma electoral. Si eso ocurre, no pasará nada negativo.
“Pero sí existe el riesgo de que se prolongue y se llegue a un limbo legal que pueda afectar la agenda de atracción de inversión al país y la calificación de riesgo para Guatemala, lo que sería un gran retroceso. Confiamos en que el proceso concluya esta semana, lo que le dará mayor certeza a la voluntad popular”.
Waleska Sterkel de Ortiz, directora de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), enfatizó que definitivamente, la falta de certeza en el proceso electoral y no respetar la decisión de los votantes pone en riesgo la democracia de un país. “Esto puede generar un entorno poco favorable para los inversionistas, ya que aumenta el riesgo y la incertidumbre al momento de tomar decisiones, lo que puede conllevar a una disminución de la inversión extranjera directa (IED), dificultando aún más el desarrollo económico”.
Para Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), la incertidumbre del proceso político ordenado y basado en ley y las fricciones resultantes generan alertas de riesgos sistémicos que degradan la percepción del país como garantista y apegado a la seguridad jurídica. A su juicio, la seguridad jurídica siempre será un factor de peso para el inversionista nacional y extranjero.
Fernando Orellana, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), coincidió en que la realización de las elecciones generales es la máxima expresión de la voluntad de los guatemaltecos, y para brindar certeza y seguridad jurídica, “el resultado electoral debe ser el que es y el que los ciudadanos decidieron libremente” y se debe velar por la institucionalidad para crear un clima que brinde las garantías jurídicas.
“Esto, para generar confianza y atraer inversiones en un marco seguro para que los inversionistas puedan planificar y ejecutar a largo plazo”, apuntó. Por eso insistió en la realización de la segunda vuelta electoral, así como en el cambio de autoridades para el 14 de enero del 2024. Reiteró que se está viviendo una situación extraordinaria y “ojalá que esto tenga un desenlace positivo para el país, con una resolución apegada a la constitución y a la ley, porque si sería negativo un desenlace que implique una suspensión de elecciones o peor aún, que no haya un cambio de mando en enero por los retrasos en el proceso”.
En todo caso, es de la idea que uno de los riesgos actuales es que los potenciales inversionistas pospongan sus decisiones, lo que impactaría a toda la economía.
David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca-Coreana de Comercio (Camcor), afirmó que el sistema electoral y aparato de justicia están en la necesidad de demostrar la certeza jurídica y legalidad de los procesos electorales. “Las empresas y actores económicos, entre ellos los inversionistas, están a la expectativa para la toma de decisiones y poder considerar a Guatemala como un ambiente propicio para hacer negocios a largo plazo. Es crucial que se respete el Estado de Derecho para mantener el tejido empresarial y atraer inversiones que generen empleos”, recalcó.
Efectos primarios
Otra de las preguntas a los consultados se relacionó con sus expectativas y confirmaron que, en el corto y mediano plazo, pueden verse afectadas.
Zapata respondió que, sin lugar a duda, la falta de certeza jurídica en los procesos institucionales afecta la capacidad que puedan tener los agentes económicos para generar inversiones. “Guatemala es un país que está en proceso de mejorar sus instituciones y en esa medida debemos apoyar a que se fortalezca el estado de derecho”, aclaró.
La directora de AmCham destacó que pueden revertirse las intenciones de invertir, pues los inversionistas tomarán más precauciones y tardarán más en el proceso de elegir a un país que les ofrezca certezas de todo tipo. “Uno de los principales factores que un inversionista busca en un país es la estabilidad política y jurídica. La falta de la misma es una alarma roja”.
Lacs Palomo añadió que los agentes tienen expectativas sobre el buen clima económico político y legal para sus negocios, pero si falla uno de estos, causa incertidumbre y los obliga a retomar sus planes y algunos prefieren poner en pausa el desarrollo de los negocios, hasta que se despejen los nubarrones.
“Cuanto más rápido se resuelvan los procesos que causan incertidumbre, más pronto se toman decisiones económicas positivas. Entre menos frecuente sean estas causas legales de riesgo, más confianza hay a mediano y largo plazo”.
El presidente de Camcor señaló que la incertidumbre es de los principales retos a superar para ofrecer un buen clima de negocios y la certeza de un proceso electoral es un evidente ejemplo de la estabilidad jurídica y social, así como del clima de negocios.
“Ante esta incertidumbre, se atrasa la toma de decisiones que frenan la dinámica de negocios, como las decisiones de invertir, incrementar operaciones y contratar más personal. Esto repercute en menos transacciones, reducción de empleos y por ende, un freno económico que es complicado superar porque implica devolver la confianza a los agentes económicos”, concluyó.
Sector turismo, a la espera
La Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) también emitió un comunicado indicando que ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la recepción de esta por el Tribunal Supremo Electoral, y se solicitó el respeto a la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones del 25 de junio, así como al proceso electoral en su totalidad.
Rolando Schweikert Rozotto, presidente de la entidad, indicó que por el momento, los operadores o empresas extranjeras que traen grupos organizados y que tienen grupos programados están a la expectativa de lo que sucede porque con tanta noticia que hay, prefieren cambiar de fecha, cancelar o seleccionar otro destino. Esto, principalmente lo relacionado con el área de congresos y convenciones.
“Lo que yo sé es que todavía están confirmados los eventos para después de las elecciones, pero han estado pendientes de lo que sucede en el Parque de la Industria y el estricto apego a la ley. Creemos que conforme pasen los días, se estará aclarando el panorama electoral. Los observadores nacionales y extranjeros fueron testigos del respeto al voto en los centros de votación y algunos estuvieron presentes hasta el momento de emisión de las actas”, declaró.
Esther Brol, presidenta del Buró de Convenciones (que agrupa a grandes hoteles) dijo que no se han registrado cancelaciones de reuniones, congresos y convenciones. Lo que han experimentado es una desaceleración para algunos eventos durante el año, pero indica que es normal en un período electoral.
“Respecto a eventos grandes no tenemos registros de cancelaciones. Pero tenemos fe en que la institucionalidad va a prevalecer y la tenemos que respaldar; también hacemos un llamado a la reflexión a aquellas fuerzas partidistas que están haciendo solicitudes alejadas de la ley y esperamos que se respecte la institucionalidad”.
Consultada acerca de que si tarda más la situación de incertidumbre podría afectar la actividad de turismo, la directiva dijo ante cualquier circunstancia, ya sea desastre natural, inestabilidad política u otra causa, una de las actividades económicas más sensibles es el turismo, por lo que sí podría haber efectos y los viajeros pueden decidir cambiar sus destinos.
Jorge Mario Chajón, consultor en temas de turismo, agregó que por el momento no posee información de cancelaciones de grupos de viajeros extranjeros o de reuniones o convenciones. “Y como el problema no ha pasado de acciones legales (por inconformidades contra resultados) aún no hay impacto en el turismo, lo que sí puede suceder si hay desórdenes en la vía pública o situaciones que afecten la seguridad del turista, lo que se espera que no se dé”.
CIG: Siete aspectos a considerar
Por su parte, Raúl Bouscayrol, vicepresidente de la junta directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), enumeró por lo menos siete puntos a tomar en cuenta sobre esta coyuntura de falta de certeza política y jurídica:
En principio puntualizó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vigente establece la existencia del proceso de revisión de escrutinios en el artículo 238. El cual, según el directivo, dicta claramente que, de haber alguna impugnación por parte de los fiscales de los partidos políticos, se deberá programar una audiencia de revisión dentro de los cinco días hábiles después de los comicios.
Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar conforme a la ley las acciones que considere necesarias para salvaguardar sus derechos o su integridad, pero siempre debe prevalecer el respeto por la ley a la hora de exigir revisiones y resolver apelaciones.
Por otro lado, para asegurar la consolidación del Estado de Derecho, se debe respetar la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual es parte del proceso democrático, asegurando que se cumplan los plazos establecidos para resolver dentro del marco de la ley. “Solo resguardando el respeto a nuestras leyes y normativas aseguramos que Guatemala se mantenga como un destino de inversión nacional e internacional, ya que la certeza jurídica es clave para atraer y mantener estas inversiones”.
“Actualmente Guatemala va por una muy buena ruta en cuanto a la atracción de inversión y la mejora de la competitividad del país, por lo que debemos mantener esa certeza para los inversionistas”.
En ese sentido, explicó que “todos los guatemaltecos estamos pendientes de que las acciones y decisiones sean acorde al Estado de Derecho y que se garantice el proceso electoral conforme a las leyes vigentes, respetando la voluntad de la ciudadana en el ejercicio del voto. Manifestamos que la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto de 2023, debe mantenerse. El respeto al orden constitucional, el imperio de la ley y el Estado de Derecho hace imperativo que el 14 de enero del 2024 asuman las nuevas autoridades electas”, reiteró.
A su criterio, es importante contar con certeza jurídica en todas las actividades, ya que es la única forma de consolidar el Estado de Derecho y realmente atraer inversiones.
Al preguntarle sobre las expectativas de los agentes económicos, Bouscayrol respondió que “consideramos que al momento es muy prematuro indicar si habría alguna reacción de los agentes económicos. Recordemos que la macroeconomía guatemalteca es sumamente sólida y estable, por lo que no se esperarían cambios en el corto plazo. Reiteramos la importancia de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto, de manera que los temas económicos sigan su curso normal y no haya ninguna afectación al clima de negocios o la certeza jurídica en el país”.
Más pronunciamientos
Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), aseguró que, en cualquier escenario de falta de certeza política o jurídica, se crean factores que dificultan a los empresarios tomar decisiones de inversión, como la adquisición de algún activo, equipo o maquinaria e incluso, para iniciar una empresa, contratar trabajadores o ampliar sus capacidades de operación.
Destacó que ante la coyuntura no se puede hablar de un efecto inmediato, excepto que quienes estaban pensando en invertir en estas semanas, ponen una pausa su decisión y esperan hasta que se aclare el panorama.
“A mediano y largo plazo es necesario que, sin importar los partidos políticos, quienes resulten oficialmente electos al Congreso, alcaldías y el ejecutivo, tengan claro que la responsabilidad en el ejercicio del cargo es ante toda la ciudadanía. Es decir que, desde el Congreso o desde el Ejecutivo o la alcaldía, se gobierna en beneficio de toda la ciudadanía, no de grupos particulares políticos o de los que votaron de cualquier manera.
Los gobernantes, como lo dice la Constitución Política de la República, están sujetos al imperio de la ley en el ejercicio de sus funciones. Y por eso es muy importante que en sus discursos y en sus acciones no dejen duda sobre que en sus decisiones respetarán el marco jurídico vigente y el estado de Derecho. Eso permitirá que los inversionistas tengan confianza y puedan mantenerse las inversiones actuales y se continúe en una agenda de atracción y facilitación de la inversión para que los miles de guatemaltecos que buscan un empleo puedan tener la oportunidad de encontrar un trabajo en Guatemala”, concluyó.
Además, por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) se pronunció al respecto y exige el estricto cumplimiento de la normativa jurídica referente al escrutinio del proceso electoral porque es clave para la democracia en el país.
“Dada la preclusión de acciones que debieron plantearse el mismo 25 de junio, no deben resolverse favorablemente recursos cuyo único objetivo es dilatar el derecho de la población a conocer oficialmente el resultado de las elecciones generales”, expone.
Indica que distintos sectores han hecho públicos varios comunicados en los que indican que después de haber realizado ejercicios serios de tabulación de resultados -utilizando las actas de las Juntas Receptoras de Votos-, las variaciones son mínimas y no cambian las posiciones dadas a conocer previamente por el Tribunal Supremo Electoral.
“El proceso electoral guatemalteco ha sido reconocido internacionalmente por la legitimidad que genera la participación voluntaria de más de 100 mil ciudadanos. Todos ellos, en un acto de civismo, participan en las Juntas Electorales y Juntas Receptoras de Votos en todo el país y son quienes garantizan la pureza del escrutinio el día de las elecciones. En consecuencia, no se debe poner en duda la actuación de estos ciudadanos en menoscabo de nuestra democracia electoral”.
Por lo tanto, esa cámara enfatizó que denuncia y se opone a cualquier intención de causar la nulidad del proceso verificado el 25 de junio. “Retardar el anuncio de quienes ganaron la primera vuelta, genera polarización e incertidumbre entre la población; en consecuencia, es imperativo oficializar a los ganadores y que el balotaje se lleve a cabo en la fecha establecida”, que es el 20 de agosto.
Cacif: Somos optimistas
Ignacio Lejárraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), comentó que lo principal es tratar de ser optimistas y consideró que ayer se observó un proceso un poco más tranquilo en cuanto al comportamiento de los partidos políticos, el cotejo de actas y las audiencias para las impugnaciones.
“Yo esperaría que ellos (partidos) en una posición madura, no estén procurando ningún proceso que pueda venir con una judicialización. Creo que los actores sociales han sido muy enfáticos incluyéndonos a nosotros, en que este proceso ya debe caminar al paso que debe ser. Poner recursos únicamente con un fin de atrasar el proceso con no sé qué intenciones, claramente es algo que puede causar demasiado malestar a la ciudadanía guatemalteca”, subrayó.
A su criterio, las expectativas son optimistas y los partidos que están en una posición de querer poner todavía más recursos, deben entender que “luego del proceso con las audiencias de impugnaciones y el cotejo de las actas, deberían quedarse con la tranquilidad de que los votos, son los que son, con las pequeñas diferencias que se pudieron dar, derivado que a la larga somos humanos, pero no vemos que en las mesas hayan sucedido hechos de mala fe”.
