Los representante indígenas cumplen 13 días de manifestaciones en las que junto a otros guatemaltecos exigen las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras; del fiscal, Rafael Curruchiche; y del juez Fredy Orella por sus acciones en el proceso electoral 2023.
Sin embargo, siguen sin brindar detalles o una fecha respecto ala finalización de los bloqueos y las protestas. De esa manera, sobre las acciones que tomarán en los próximos días respondieron que están analizando el actuar del gobierno.
De esa manera, al tener claridad sobre sus futuros pasos, harán un comunicado debido a que en este momento los pueblos están en asamblea permanente para tomar decisiones en conjunto.
Hasta ahora, al menos 50 puntos siguen bloqueados en todo el país, aunque no existe certeza de cuántos de estos están bajo la coordinación de los líderes indígenas y cuáles son realizados por otros ciudadanos que respondieron al llamado a protestar.
Además, los dirigentes se desligaron de la toma de la planta de agua Xayá-Pixcayá, en Chimaltenango, y de otros incidentes violentos e ilegales en bloqueos y manifestaciones.
“Negamos rotundamente que alguna de nuestras organizaciones o alcaldías indígenas sean parte de esa ocupación”, agregaron.
Añadieron que este señalamiento forma parte del “del plan orquestado por el presidente Giammattei par iniciar una campaña de criminalización y persecución en contra de nuestro movimiento y el paro nacional indefinido”.
Según ellos, Giammattei sabe que es insuficiente el abastecimiento de agua a vecinos de la capital y es “mal crónico que tiene que ver con la corrupción y la mala gestión de este bien natural”.
Agregaron que los vecinos de la capital “sufren” por la falta de abastecimiento de agua y que ahora a ellos -autoridades indígenas- pretenden criminalizarlos por un acto que no es su responsabilidad y que ameritaría una investigación para investigar a los responsables de la toma de la planta.
Señalaron que hay diputados oficialistas detrás de esta maniobra en la planta de agua y afirmaron que Giammattei tendría una estrategia de “pretender criminalizarlos, queriendo inculparlos de la mala atención y falta de suministros de agua en hospitales y la ciudad capital por la toma de la planta de agua en Zaragoza, Chimaltenango”.
Las autoridades indígenas añadieron que el gobierno ha transferido Q668 millones del presupuesto de Salud para “cubrir rubros no esenciales, como la promoción de su imagen” y a rubros “que son focos de corrupción” como el Ministerio de Comunicaciones.
“De proseguir con esta estrategia de criminalización de este movimiento, advertimos al presidente Giammattei de que no consigue atemorizarnos, al contrario, nos fortalece y nos lleva a la reflexión y que el verdadero problema de Guatemala en esta crisis no es Consuelo Porras, es usted -el presidente- como comandante del pacto de corruptos”, señalaron.
Otro representante señaló que ha habido acciones en contra de las manifestaciones pacíficas, “algunas represiones y algunos actos vandálicos”.
Afirmó que no tienen ninguna relación con grupos que estén tomando acciones fuera del contexto, pues sus manifestaciones son pacíficas y han permito el paso del transporte de alimentos y combustibles.
Dijo que en algunos puntos se da paso a vehículos que trasladan insumos, ya que su lucha es pacífica, a pesar de que “no tienen un respuesta clara y contundente” de parte del gobierno.
Agregó que representantes del movimiento son judicializados e individualizados y que la lucha es del pueblo.
Advirtió que la lucha no ha terminado porque no tienen “una respuesta clara del gobierno”.
“Nos hacemos ajenos a cualquier infiltración de cualquier grupo que quiera dañar nuestra manifestación y que de esta forma nos puedan criminalizar”, advirtió.
Anunció que en su momento harán un comunicado para informar a la población sobre qué acciones van a tomar respecto de los bloqueos.
Mientras que una de las lideresas indígenas manifestó que rechazan los actos de “represión de parte de las fuerzas policiales, de parte de los antimotines que desde ayer -13 de octubre- en horas de la madrugada estuvieron enviando a más de mil elementos antimotines y utilizaron la fuerza inicialmente en Puerto Quetzal, Puerto San José y posteriormente en el cruce a San Vicente Pacaya”.
Según ella, el Ministerio de Gobernación está incumpliendo con una orden emanada de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se debe certificar lo conducente y se investigue por incumplir con un amparo a favor de las autoridades indígenas para garantizar el derecho a la manifestación.
Qué respondió Presidencia
Se consultó a Presidencia por los señalamientos hechos por las autoridades indígenas y respondió que el “presidente Alejandro Giammattei fue enfático en el mensaje a la Nación emitido el pasado viernes en hacer un llamado a las personas que tienen tomada la planta en mención a que declinen esta medida de manera pacífica”.
Indicó que la denuncia existente en contra de esta medida ilegal ha sido interpuesta por otras instancias y en caso de existir una resolución legal, la misma deberá ser acatada conforme a la ley
Añadió: “En todo momento se ha privilegiado el diálogo y la negociación”.
Durante la tarde de este sábado 14 de octubre, el presidente electo, Bernardo Arévalo, se refirió a este punto a través de las redes sociales:
Es insostenible para la población que la situación en Xayá-Pixcayá continúe. Instamos a @DrGiammattei a esclarecer urgentemente la situación y definir responsabilidades.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 14, 2023
