“La judicialización de la política ha sido evidente, incluso antes de las elecciones 2019”, subraya María José López, analista de la organización Guatemala Visible.
En el pasado proceso de elecciones generales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró 950 expedientes judiciales durante el 2019, entre los procesos más frecuentes se encuentran recursos de nulidad y acciones de amparo.
De esa cifra 855 ocurrieron durante el proceso electoral, que contempla la convocatoria a elecciones generales hasta la validación de los resultados, según la memoria electoral pasada.
Para la contienda del 2023 analistas en política y justicia estiman que la cantidad de impugnaciones podría rebasar las planteadas en 2019, ya que el ataque legal se ha convertido en una táctica política moderna.
El Registro de Ciudadanos y el TSE tendrán que definir, entre muchos temas, las inscripciones de candidatos, pero no es la única instancia que tendrá voz y voto en la contienda.
Los fallos del TSE pueden ser impugnados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyas resoluciones pueden, a su vez, puede llegar hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).
Ha sido el máximo Tribunal quien ha tenido la última palabra para confirmar o descartar la participación política de varios candidatos en el pasado. Zury Ríos, Sandra Torres y Thelma Aldana han sido algunos de los casos en los que la CC ha tenido que decir la última palabra.
Aunque la memoria electoral no es exacta en la clasificación de las impugnaciones, expertos destacan que son al menos tres grandes temas los que han motivado la lluvia de acciones legales en periodos electorales.
Los motivos
Para el abogado Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, existen tres temas principales que motivan las impugnaciones en el periodo electoral, rechazo de inscripciones, falta de finiquito o finiquitos revocados y asambleas extraordinarias.
“Creo que será un proceso con muchas trabas por las impugnaciones”, vaticinó Ortiz.
Esta elevada cantidad de acciones judiciales, añade, podría dificultar el desarrollo del proceso electoral, por lo cual es necesario que el TSE revise cuales han sido los criterios que han tomado otras magistraturas para no tropezar en el camino.
Para el abogado, hay temas que conoció el TSE y que no quedaron claros. “La campaña anticipada quedó en el aire, supimos de dos políticos sancionados y que el TSE revirtió la sanción, pero por cuestiones procesales no resolvió el fondo, y ese tema si va a estar rondando como un fantasma”, puntualizó.
López, de Guatemala Visible, también observa que hay temas que no han sido resueltos. “Es importante que los magistrados del TSE y el equipo que conforman la institución conozcan cuáles fueron los errores cometidos en las elecciones pasadas, cuáles fueron las impugnaciones presentadas y sus resoluciones para evitar tropezar con la misma piedra en esta elección”, indicó.
El protagonismo que poco a poco ha ganado el sistema judicial al llegar las elecciones generales es un punto que tiene que ser abordado, según la analista.
“Aunque no necesariamente definen en el resultado final, sí los procesos previos a la elección, por lo que no solo debemos fiscalizar las acciones del TSE, sino también de las cortes”, refirió López.
¿Cortes e instituciones sesgadas?
Además del TSE al cual pertenece el Registro de Ciudadanos, y el papel fundamental que tendrá la CSJ y la CC existen otras dependencias que son clave, según Carmen Aida Ibarra de Movimiento Pro Justicia.
Estás son la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP). La primera instancia encargada de otorgar o negar finiquitos; la segunda, la encargada de la persecución e investigación penal.
“Las peores expectativas apuntan a que instituciones de control democrático y de control jurídico y de control constitucional, que ya han sido cooptadas a lo largo de los últimos años, actúen atendiendo los designios que emanen de la alianza política dominante”, considera Ibarra.
Estos designios, asegura, son orientar y reorientar el proceso electoral desde el TSE, CGC, MP, CC y CSJ, donde con sus juzgados, tribunales y cortes de apelación.
“Por ejemplo, bloqueando o intentando bloquear algunas candidaturas, básicamente a base de denuncias penales, denuncias administrativas, resoluciones judiciales, sentencias de amparo y de inconstitucionalidad, a efecto de despejar de la oferta electoral a las opciones que molestan al oficialismo y sus aliados”, refirió Ibarra.
Quiénes presiden o lideran
- Irma Palencia, presidenta del TSE
- Silvia Patricia Valdés, presidenta de la CSJ
- Dina Ochoa, presidenta de la CC
- Frank Bode Fuentes, Jefe de la CGC
- María Consuela Porras, Fiscal General del MP
