El analista ve con preocupación los acontecimientos posteriores a los comicios y señala que las maniobras judiciales que se utilicen para cambiar a los participantes en la segunda vuelta electoral traerían consecuencias graves para el país y sería como echarle gasolina al fuego.
¿Qué balance hace del proceso electoral y de los comicios del 25 de junio?
Ha sido un proceso electoral hiperjudicializado, con una manipulación de todo el aparato de justicia para ir excluyendo a aquellos candidatos que pudieran representar un riesgo para el pacto de corruptos. Y así se fue Thelma Cabrera, después Roberto Arzú y también Carlos Pineda.
En esas condiciones se fue a una jornada electoral que en general transcurrió con varios incidentes, pero que estuvo caracterizada por una abstención del 40 por ciento. En eso fue similar al nivel de la abstención que hubo en la primera vuelta en el 2019, pero con un agregado de que hubo entre votos nulos y votos blancos un 24 por ciento. Es decir, casi dos terceras partes de los guatemaltecos o no fueron a votar o anularon o votaron en blanco, y ese es un campanazo de alerta muy fuerte para todo el sistema político guatemalteco.
¿Cómo analiza los resultados y lo que ha sucedido después de la elección?
La otra sorpresa fue que ninguna encuesta había previsto que el candidato del Movimiento Semilla fuera el que iba a entrar a la segunda vuelta y eso, creo, ha generado este efecto shock, que es lo que estamos viendo con todos estos recursos de ciertos partidos políticos que están buscando, no la transparencia —del proceso—, lo cual sería legítimo, sino que lo que tratan es ver de qué manera pueden revertir el resultado y si hubiese alguna posibilidad de evitar de que —Bernardo— Arévalo pase a la segunda vuelta.
¿Qué pasaría si se concreta este extremo?
Hay que estar muy alertas, porque cualquier manoseo que termine desvirtuando la voluntad popular, estoy seguro de que va a generar una crisis política mayúscula en lo interno y un nivel de sanciones y de consecuencias muy severas en el plano internacional. La tercera característica que ha tenido esta primera vuelta es que arroja los resultados más bajos que yo he visto en casi todas las elecciones latinoamericanas respecto de los dos candidatos que pasan a una segunda vuelta, porque Sandra —Torres— estuvo en el 15 por ciento y Arévalo en el 12 por ciento. Todos estos elementos demuestran —que hay— una crisis profunda y que el sistema político democrático guatemalteco está atravesando una crisis de legitimidad. De ahí la necesidad imperiosa y urgente de aprovechar esta segunda vuelta, que se dispute con todas las garantías. Aquí, el muy desacreditado Tribunal Supremo Electoral ojalá esté a la altura. Que garantice equidad en la competencia electoral y dé garantías para que los resultados que surjan de esa segunda vuelta electoral sean inobjetables, transparentes, y que quien gane tenga toda la legitimidad de origen. De lo contrario, si se quiere manipular, va a gatillar una crisis política mayúscula y eso tiene que ser evitado.
Usted habla de consecuencias muy graves, ¿cuáles serían?
Ahí está la misión de la OEA —Organización de Estados Americanos—, ahí está la misión de la Unión Europea. El secretario —Antony— Blinken ha hecho unos pronunciamientos muy claros respecto de la preocupación que el Gobierno de Estados Unidos está teniendo frente a esta manipulación indebida. El Grupo del G13 ha expresado su interés de que se respete el voto popular. Varios gobiernos también lo han hecho. Se está generando una suerte de consenso entre actores nacionales e internacionales de que los resultados de quiénes van a pasar a la segunda vuelta están definidos.
También el consenso de que no va a ser tolerada una manipulación a través de la utilización indebida de recursos para abrir urnas, contar votos y que termine arrojando un resultado diferente y que eso abra la puerta a que sea Manuel Conde el que entre en la segunda vuelta. Eso creo que sería echar gasolina en el fuego. Recuerde que estamos ante una Corte Suprema de Justicia cuyos miembros debieron haber sido renovado hace años, y de un Ministerio Público que está a cargo de la fiscal —Consuelo— Porras que todos sabemos, instrumentalizado y manipulado por el Gobierno de Alejandro Giammattei. Entonces, no hay ya más paciencia ni límite para que se siga jugando de manera irresponsable en una situación tan explosiva.
¿Cree que todavía la historia puede terminar de buena manera?
Creo que este resultado le abre la posibilidad a Guatemala para iniciar una nueva etapa, sea quien fuere que gane esa segunda vuelta. Eso lo definirán los guatemaltecos. Pero que esa segunda vuelta se lleve a cabo con todas las plenas garantías, que el Tribunal Supremo Electoral actúe como lo que debe ser, un garante de la integridad y la transparencia del proceso electoral, y que no se presta a ningún tipo de manipulación para tratar de cambiar resultados que, a estas alturas, terminarían en una crisis política muy grande.
Guatemala, como en la novela de Dickens “Historia de dos ciudades”, vive su peor momento, y al mismo tiempo, su mejor momento. Sus horas más oscuras, pero, al mismo tiempo, sus horas de mayor esperanza. La primavera chapina de hace ocho años y que parecía haberse marchitado muestra nuevos brotes.
¿Cómo ve el acompañamiento que ha hecho la comunidad internacional?
Hay muchos ojos puestos sobre Guatemala. Somos muchos los que estamos atentos a lo que está ocurriendo. Lamento que los países latinoamericanos que deberían estar sumando sus voces y apoyando a la democracia guatemalteca estén hoy en silencio, y en particular que ni el gobierno de ni la democracia costarricense, ni la panameña, ni la de República Dominicana se hayan pronunciado en el marco de la Alianza para la Democracia y el Desarrollo de Centroamérica de manera clara.
¿A qué se debe ese contraste, entre los abundantes pronunciamientos de EE. UU. y Europa, y el silencio de Latinoamérica?
Hay una serie de fenómenos. Número uno, estamos con este tema en algunos gobiernos de que hay que respetar la soberanía y no intervenir en los asuntos internos de este.
Después están otros gobiernos que no tienen las credenciales democráticas para salir en defensa de la democracia y un poco juegan a ‘yo no me meto con lo tuyo y tú no metes con lo mío’. Ahí están Venezuela, Nicaragua, Cuba, el propio —Nayib— Bukele, etcétera. Y después tenemos que ver hacia América del Sur, que el tema de Guatemala queda bastante eclipsado por otras crisis. Hubo una reunión de los países del Mercosur y de lo que se habló fue de Venezuela. No se habló de Guatemala. Es lamentable, porque creo que tenemos que poner la lupa a lo que está pasando en Guatemala; si no, estos gobiernos terminan aprovechándose de que hay distracción o falta de atención y de una manera u otra terminan pegando el zarpazo.
Hace unos días el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que apela al respeto a la soberanía. ¿Cómo lo analiza?
Fue un comunicado lamentable, trasnochado. En materia de respeto a los derechos humanos, a la integridad de procesos electorales, a la democracia, no aplica el tema de la no intervención en los asuntos internos. Ahí está la Carta Democrática Interamericana que establece que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos están obligados a respetarla y cumplirla.
¿Cree que de concretarse las acciones que lleven a que no se respete la voluntad popular podría replicarse en otros países?
Sí, ya lo hemos visto. Vimos que la reelección de Nicolás Maduro tuvo lugar en una farsa electoral que lo terminó relegitimando; que la reelección de Daniel Ortega ha sido también basada en una farsa electoral y Ortega sigue ahí. Bukele cambió de un plumazo la Corte Constitucional, que ahora está bajo su influencia y que le hizo una nueva interpretación de la Constitución y dice que él podría buscar su reelección en febrero del año que viene. País tras país con este tipo o de violaciones a la Constitución o de farsas electorales para reelegirse y continuar en el poder o, como ahora, estas trampas como en el caso de Guatemala, excluyendo a tres candidatos, porque esto podría llegar a representar riesgo para los grupos de poder.
Ante estos casos, ¿cómo percibe la reacción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Que sigue muy débil, corriendo siempre por detrás de las crisis, que no tiene capacidad de dar una alerta temprana para actuar de manera oportuna, prevenir o actuar en el momento que las crisis se están produciendo y así evitar que se regeneren. Y cuando se llega, por lo general ya es tarde. No hay un consenso regional, hay una gran fragmentación. Cuesta mucho articular un consenso amplio para aplicar un mecanismo como el de la Carta Democrática, intensificada por la fragmentación ideológica. Por otro lado, a algunos países no les sirve que se aplique la Carta para beneficiarse ellos y todo eso está dejando un campo de impunidad para que ciertos gobiernos terminen actuando de manera ilegal, lo cual termina generando un efecto espejo muy negativo, porque dicen ‘bueno, si Bukele puede hacer lo que quiere, si Ortega puede hacer lo que quiere, y si Maduro puede hacer lo que quiere, pues yo también voy a terminar por hacer lo que quiero’.
¿Podría ser que en Guatemala esté pasando esto porque no ocurrió nada en los otros países?
Sí, creo que dentro del grupo del pacto de corruptos deben estar debatiendo esta tentación y evaluando cuál es el costo de oportunidad si avanzamos y si alteramos los resultados dándole un barniz de juridicidad que nadie, a estas alturas, se va a creer. Lo hemos visto en Venezuela, que controla la Corte Suprema y la Sala Electoral; en Nicaragua, que también controla al órgano electoral, el Legislativo y el poder judicial; el caso de Bukele en El Salvador. Todos terminan haciendo estos ataques contra la democracia dándole una apariencia de que es jurídico, porque así lo decidió la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, que están copadas por el poder de turno y carecen de toda independencia.
Entonces, creo que deben estar debatiendo este escenario de mucha distracción, de mucha impunidad. Cuál va a ser el costo que van a tener que pagar si avanzamos y cuál es el riesgo si permiten que se haga un proceso electoral con toda transparencia, en el cual pueda llegar un candidato que después, desde el Gobierno, los pueda terminar comprometiendo.
Sin embargo, las Cortes no cambiarán con el traspaso de Gobierno y el Congreso tendrá mayoría oficialista. ¿Cómo vislumbra ese escenario?
Uno de los controles que ya pusieron es asegurarse de que el próximo Gobierno, si fuese de Arévalo, va a tener un Congreso muy fragmentado, en el cual él va a ser minoría y donde el pacto de corruptos puede hacer una alianza importante para complicarle la gobernabilidad.
Se han ido asegurando de algunas medidas para mitigar el riesgo. También se habían asegurado de excluir cualquier candidato que les pudiera comprometer, pero tuvieron el elemento sorpresa que los dejó en shock.
Creo que lo están evaluando, pero la tentación sigue estando ahí, muy presente. Sigue la tentación de comerse la manzana de adulterar los resultados. Por eso es muy importante que en estos momentos haya mucha presión y se hable muy claro de cuáles serían las consecuencias en lo internacional, pero sobre todo en lo nacional.
Sin embargo, la presión internacional no ha surtido los efectos esperados en estos países.
Admitámoslo. Si estos procesos no los detiene a lo interno del país, lo internacional es importante, pero no es determinante para evitar este tipo de situación.
Después de más de 20 años no ha podido reconducir al Gobierno, primero, de Hugo Chávez, y después de Maduro, a un proceso electoral transparente. Siguiendo el ejemplo, los nicaragüenses. Cuando Ortega vio que podía llegar a perder la elección, puso preso a todos los que podían ganarle en los comicios.
Creo que una voz como la del Gobierno de Estados Unidos, más allá de lo que ha dicho Blinken, en las conversaciones más privadas debería mandar un mensaje muy claro al Gobierno de Giammattei diciendo que esto tendría consecuencias gravísimas.
¿Qué importancia reviste Guatemala en el contexto regional?
Está muy claro, porque si se comienza también a desestabilizar Guatemala, entonces tendría una situación muy complicada no solo para Centroamérica, sino también para Estados Unidos. Tendría una situación de una dictadura perfecta en el caso de Nicaragua, una situación de creciente autoritarismo en El Salvador y una situación complicada en la que se encuentra la presidenta Xiomara Castro, en Honduras.
Tendría una en la que estos tres gobiernos del Triángulo Norte, más Nicaragua con una marcada inestabilidad, y tampoco creo que esto le serviría a un país como México, en cuyo caso creo que debería mandar un mensaje claro de que hay que respetar la integridad del proceso electoral.
¿Cuál es su mensaje a los guatemaltecos?
Hay una oportunidad única de abrir la posibilidad de un renacimiento, de darle la oportunidad a que los guatemaltecos salgan el 20 de agosto y decidan con su voto a quién quieren, si a Sandra Torres o a Bernardo Arévalo, y que esos resultados se respeten.
Guatemala se merece esta oportunidad y quienes le quieren cerrar las puertas a este renacer de esta primavera democrática creo que deben ser conscientes de que, en mi opinión, el precio que van a tener que pagar va a ser muy alto, no solo de reacción a nivel de la comunidad internacional, sino que esto gatillaría una crisis política muy importante.
Dudo de que la juventud y que ciertos sectores populares guatemaltecos se queden tranquilos en su casa, si esto llegara a ocurrir. Es que ya es muy tarde para tratar de revertir esto, por más que lo quieran maquillar con una falsa legalidad que todos sabemos que es una mentira.
