La fiscal tocó varios temas en su mensaje, en el que aseguró que hay personas “que sufren” debido a que no han podido llevar sustento a sus hogares y a que las personas exponen su vida por las acciones.
Según Porras, reconoce el derecho a manifestar, pero asegura que “un grupo de guatemaltecos” se aprovechan de la situación para generar “bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenazas a comerciante y obstrucción a sedes del MP y juzgados”
“Estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos lo guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal de nuestra institución”, señaló.
Porras aseguró que las acciones obstruyen la persecución penal que debe efectuar la institución.
“Como fiscal general, estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados, y debo garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos”, aseguró.
Aseguró que no hace distinción en la investigación de cualquier persona o sector, “independiente mente de los momentos nacionales”.
También argumentó que la Corte de Constitucionalidad emitió recientemente dos amparos para que funcionarios de instituciones actúen de manera inmediata para mantener las garantías constitucionales.
“Desafortunadamente, hasta el momento, no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la cual el Ministerio Público accionó legalmente, ante el incumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal constitucional”, señaló.
La fiscal general dijo que por dicho retraso en el cumplimiento de lo ordenado se presentó la “debida ejecución” y se presentará cualquier otra acción legal que sea necesaria.
“No podemos continuar esperando que la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de los guatemaltecos se apliquen discrecionalmente”, aseguró.
También pidió las autoridades del Organismo Ejecutivo y Ministerio de Gobernación que se garantice el estado de Derecho y que “no se sufra una confrontación violenta por temas eminentemente políticos e ideológicos”.
También pidió que se cumpla lo ordenado por la CC, cuyas resoluciones ordenaron que se garanticen los derechos de locomoción y de manifestación pacífica, que se protejan los derechos de todas las personas en el territorio nacional, como la salud, libertad de industria, comercio y propiedad.
“Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito. Ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver esta problemática”, expresó.
Además, llamó a las autoridades electas entrantes, para que “comprendan que el liderazgo de la unidad nacional es para todos los guatemaltecos, no solo para algunos. Deben reflexionar, que para lograr dicha unidad hay que emprender acciones tendientes a la armonía, paz y conciliación, respetando la ley”.
Este 9 de octubre, en más de 80 puntos de la provincia y la capital, se desarrollan manifestaciones y bloqueos por parte de grupos que piden la renuncia de María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); y el juez Fredy Orellana.
Los manifestantes señalan a los tres funcionarios por las acciones legales que se han emprendido con relación al proceso electoral y contra personal y autoridades del Tribunal Supremo Electoral.
Los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas ancestrales comenzaron con las manifestaciones y bloqueos el 2 de octubre y, desde entonces, sectores civiles y estudiantiles se han unido a las protestas en todo el país.
