Esta declaración se da en medio de intentos por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de inhabilitar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, por supuesta afiliación irregular de simpatizantes y de inscribir personas muertas o coon documentos que no les correspondían.
La Comisión con sede en Washington, Estados Unidos, solicitó al Estado de Guatemala que adopte de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de Arévalo y Herrera.
La CIDH menciona en su resolución que considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento.
Es por ello que se solicita a Guatemala que:
- a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Cesar Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar a la luz de las valoraciones de la presente resolución.
- b) Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes
- c) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
En el documento se menciona que el 24 de julio de 2023, la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por Alfredo Ortega Franco y Christian González Chacón instando a la Comisión que requiera al Estado de Guatemala la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de Arévalo Herrera, quienes estarían en riesgo en el país.
Agrega que en los términos del artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó información adicional a la parte solicitante el 26 de julio de 2023 y esta contestó el 31 de julio de 2023. Luego, la CIDH realizó traslado de información y solicitó información a ambas partes el 3 y 18 de agosto de 2023.
Añade que el Estado remitió sus informes el 11 y 19 de agosto de 2023 y la parte solicitante envió información el 13, 15, 19 y 21 de agosto de 2023.
El comunicado añade que tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie – ‘a primera vista’ o ‘en principio’- que Arévalo y Herrera “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
Es por ello que solicitó a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del binomio de Semilla “a la luz de la valoraciones de la presente resolución.
Además, que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes
Finalmente pide al Estado de Guatemala que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
El plan Colosio
El 15 de agosto de 2023, los solicitantes de las medidas cautelares informaron que el equipo de seguridad de Arévalo recibió información que calificaron como “preocupante” sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares.
El documento menciona que los solicitantes expresaron que al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, les habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, Luis Donaldo Colosio.
Ese plan Colosio se implementaría para acabar con la vida de Arévalo.
Los solicitantes de las medidas cautelares también aclararon, según el documento, que las fuentes que dieron la información del Plan Colosio no se conocen entre sí.
Añadieron que la seguridad de Arévalo y Herrera tendrían cierta información sobre el referido plan desde el 4 de julio de 2023; sin embargo, fue hasta ese momento que habrían podido corroborar la información por medio de las mencionadas fuentes.
En ese momento, alegaron que Arévalo figuraba como favorito en la intención de voto.
Otro plan para matarlo
Las personas que solicitaron las medidas para Arévalo y Herrera, también expusieron que el 21 de agosto de 2023, luego de la celebración de la segunda vuelta electoral, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad de Guatemala, se habrían presentado cuatro fiscales del Ministerio Público quienes pidieron una reunión privada con Arévalo de León.
Añadieron que en el acta de 20 de agosto de 2023 de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión se indicaba lo siguiente: “[…] nos encontramos constituidos en el referido lugar con la finalidad de hacer constar lo siguiente: PRIMERO: Con el objeto de hacer de conocimiento al señor César Bernardo Arevalo de León, […] que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, obtuvo información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas, que puede poner en riesgo la vida e integridad física del señor Arevalo de Leon, por lo que se procedió a realizar la notificación correspondiente, para que este tome las medidas de seguridad que considere pertinentes, asimismo se hizo de su conocimiento que todo lo anterior también fue informado a la Dirección General de la Policía Nacional Civil. SEGUNDO: No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, media hora después de su inicio, la cuál es leída por los comparecientes, quienes enterados de su objeto, contenido, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. […]”.
Esto, según los solicitantes constituiría un segundo plan de atentado contra Arévalo y Herrera.
El contexto del caso
El documento de la CIDH menciona contexto de las elecciones en Guatemala, que la parte solicitante alegó y se explica que el Movimiento Semilla ha sido objeto de criminalización y persecución política, y por eso cuestionó el actuar de diversas autoridades estatales.
Los solicitantes dicen que esas acciones de persecución buscarían evitar que Arévalo y Herrera asuman sus cargos e
impedirles participar en nuevas elecciones, considerando que sus derechos políticos están en riesgo.
Recordó que “el 30 de junio de 2023, nueve de los partidos políticos – identificados por los solicitantes como de la “coalición gobernante”- presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el cual se le acusó al
Movimiento Semilla de perpetuar un “fraude electoral” tras los resultados de la primera vuelta electoral. El 1
de julio de 2023, la CC emitió una resolución en la que ordenó a todas las Juntas Electorales del país de llevar a
cabo una nueva audiencia de revisión de escrutinios y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera el
procedimiento para la certificación de resultados. Los solicitantes cuestionaron lo decidido por la CC”.
Qué dice el Estado
En la información que le envió el Estado de Guatemala a la CIDH, se menciona que Arévalo y Herrera tendrían protegidos sus derechos políticos dado que la CC protegió la personalidad jurídica del partido político frente a cualquier medida penal y garantizó la celebración de la segunda vuelta y la efectividad de los resultados.
Además, que Guatemala asumió compromisos formales frente a la OEA en cuanto a que: iba a haber segunda vuelta entre los ganadores de la primera vuelta y que se abría para ellos un proceso de transición ordenada abierta y transparente.
Además, que esos acuerdos de transición van a culminar con la entrega del poder a quien gane la segunda vuelta el próximo 14 de enero de 2024. Además, al binomio presidencial se le ha garantizado el sufragio pasivo, sea el derecho a ser votado y el derecho a ser electo.
Seguridad para Arévalo y Herrera
El Estado guatemalteco también señaló que desde el primer día que se oficializó los resultados por el TSE, que se les ofreció seguridad a ambos partidos políticos que pasaron al balotaje, y únicamente el partido Movimiento Semilla la aceptó.
La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y el Ministerio de Gobernación estarían brindando medidas de seguridad a Arévalo de León y Herrera Aguilar.
El 13 de julio de 2023, la SAAS notificó al binomio presidencial sobre la comitiva de seguridad a su disposición y, en esa misma fecha, ambas personas propuestas beneficiaras aceptaron recibir el apoyo de seguridad ofrecido. Nombraron a Iván Carpio Alfaro, para coordinar todo lo relacionado a las comitivas de seguridad al citado binomio.
Los agentes asignados al binomio presidencial y quienes integran los grupos de trabajo A y B, hacen un total de 20 agentes de seguridad presidencial, que son diplomados en Seguridad de Protección a funcionarios debidamente equipados con su armamiento respectivo, vehículos sencillos y blindado, como el monitoreo constante para optar cualquier apoyo.
En el oficio anexo de la SAAS de fecha 18 de agosto se hizo constar que el esquema de seguridad otorgado el 14 de julio de 2023 estaba compuesto por 10 agentes (5 por cada grupo), así como un carro blindado y un pick up a cada miembro del binomio. La SAAS también señaló trabajar en conjunto con el Ministerio de Gobernación, coordinando patrullas de PNC para el servicio y seguridad perimetral en las áreas del domicilio del binomio.
Agentes de la PNC también resguardan los domicilios de Arévalo y Herrea.
La SAAS señaló que hasta la fecha no ha sucedido algún acontecimiento de riesgo.
“El 18 de agosto de 2023, el Estado señaló que habría reforzado las medidas de seguridad tras la consternación internacional ante lo ocurrido en Ecuador. Al respecto informó sobre las siguientes gestiones:
- Por instrucciones del presidente de Guatemala el 10 de agosto de 2023 se incrementó la seguridad a los dos candidatos, teniendo actualmente el candidato a presidente 1 carro blindado, 2 pick up y 16 de seguridad (8 por grupo); y la candidata a vicepresidente 1 carro blindado, 1 pick up y 12 de seguridad (6 por cada grupo);
- El Departamento de Protección de Personalidades del Ministerio de Gobernación realizó coordinaciones para que en la residencia de los candidatos por la noche exista una radio patrulla fija y una unidad móvil durante el día, así como también en las giras que han efectuado tienen asignada una patrulla del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la policía Nacional Civil (PNC)”.
Sobre el plan Colosio
En cuanto al supuesto plan para matar al presidente electo, Bernardo Arévalo, el Estado le respondió a la CIDH, que el Estado consideró incongruente que ante una situación tan grave como la que refieren la parte solicitante no se habrían presentado ninguna denuncia al respecto.
Señalaron que la información que recabaron indicó que no se tiene conocimiento sobre los planes fraguándose en contra de la vida de Arévalo y Herrera, pues Iván Carpio – Coordinador de Seguridad del binomio – no ha informado de ninguna amenaza.
También calificó como incongruente que”, la parte solicitante indique que este plan es de conocimiento del “equipo de seguridad” del binomio, y que por otro lado la institución que tiene a su cargo dicha seguridad, que es la SAAS y el Coordinador de Seguridad del binomio y persona de su confianza, manifiesten no conocer sobre ningún plan de esta naturaleza. Por su parte, al consultarle al Ministerio de Gobernación si es verídico que el equipo de seguridad tenía conocimientos de un plan para atentar contra la vida de César Bernardo Arévalo de León y/o Karin Herrera Aguilar, respondió: “No se tiene conocimiento respecto a esa información”.
El documento añade que el Estado de Guatemala señaló que la Dirección General de Inteligencia Civil, en base a la información recabada, “no habría obtenido información confirmada sobre alguna “amenaza real” emitida por parte de grupos o personas individuales en contra de los binomios presidenciales. Así, el Estado consideró que habría actuado en prevención recabando información a través de la SAAS, el MINGOB e incluso en la Dirección General de Inteligencia Civil, de la Policía Nacional Civil, descartando la existencia de planes de atentados contra la vida o la integridad de los propuestos beneficiarios”.
Apunta que pese a ello, habría reforzado la seguridad de los funcionarios electos, para evitar cualquier riesgo.
“El Estado reiteró que las personas propuestas beneficiarias no han acudido a las autoridades competentes a denunciar ningún hecho de amenazas o intimidación en el año en curso”, se le en el documento.
