En un comunicado, la CIDH urgió al estado guatemalteco a evitar “injerencias indebidas” en el proceso electoral y señaló que existe una “falta de independencia” en el Ministerio Público (MP).
En el texto, la CIDH informó que el Gobierno “rechazó categóricamente” el comunicado que la organización emitió este viernes 21 de julio, argumentado que la investigación penal del Ministerio Público a Semilla responde “a su deber de determinar la posible comisión de un delito y sus responsables, conforme a sus funciones legales y mandato constitucional”.
Para la CIDH, el intento de suspensión del partido va “en contravención con la propia legislación” de Guatemala, en particular la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Las declaraciones de la comisión se dan en respuesta al allanamiento que el MP efectúo este viernes 21 de julio en la sede del Movimiento Semilla, del que forma parte el candidato a la presidencia Bernardo Arévalo de León.
La Fiscalía ha intentado suspender a Semilla, de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 20 de agosto, donde Arévalo se enfrentará a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La Corte de Constitucionalidad (CC), que ha estado frenando los intentos del MP contra el partido político, reiteró este viernes 21 de julio que la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto debe llevarse a cabo con los candidatos Torres y Arévalo, tras ser oficializados los resultados de la primera vuelta por el Tribula Supremo Electoral (TSE).
En tanto la Unión Europea (UE) expresó que sigue “profundamente preocupada por los persistentes intentos de socavar la integridad de los resultados oficiales de las elecciones del 25 de junio”.
La UE también hizo el llamado para que el Gobierno “respete plenamente la integridad del proceso electoral”, advirtiendo también que cualquier intento de revocar las elecciones tendrá un impacto en las relaciones internacionales que sostiene Guatemala, incluyendo a esa comisión.
Con mayor severidad, el Gobierno de los Estados Unidos acusó al MP de intentar “socavar la voluntad del pueblo guatemalteco” al allanar la sede de Semilla, considerando tal acción como un gesto propio de “dictaduras” como las de Nicaragua.
