La Sala Primera de la Corte de Apelaciones rechazó el 14 de julio recién pasado un amparo interpuesto por el director del RC del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, por lo que se hizo una apelación en la CC, pero también fue rechazada.
Sin embargo, la CC si declaró con lugar de manera provisional un amparo que frenó la orden del juez Orellana.
“La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por medio de su director, Ramiro José Muñoz Jordán”, dice la resolución de la CC.
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Además, detalla que “Conmina al Tribunal de primer grado para que, luego de recibida la ejecutoria de la presente resolución y si aún no hubiere emitido sentencia, verifique la viabilidad del amparo conforme lo regulado en el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y lo considerado en este auto”.
Detalles
La resolución de la Sala se dio al día siguiente de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera la orden judicial que inhabilitaba al partido Semilla del candidato Bernardo Arévalo y le impedía disputar el balotaje presidencial del 20 de agosto con la aspirante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
“No amerita declararse con lugar el amparo provisional en virtud de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad”, dice una parte de la Resolución de la Sala.
“Cuando existe una convocatoria [a comicios] ninguna organización política puede ser suspendida o cancelada”, dijo ese día el jefe del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) del TSE, Ramiro Muñoz.
“El juez ordinario en materia penal no tiene las facultades ni la competencia formal y material” en temas electorales, agregó.
El jueves de la semana pasada, la CC otorgó un amparo provisional a Arévalo, la cual revirtió la medida adoptada el miércoles por el juez Fredy Orellana que ponía en jaque la participación del candidato de Semilla en el balotaje frente a Torres, informó la entidad en un comunicado.
Poco después de la sentencia, ambos candidatos fueron oficializados para la segunda vuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), generando más incertidumbre en el país.
La acusación del Ministerio Público dice que se encontraron irregularidades en la creación del partido; sin embargo, la presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo que se “están garantizando las elecciones (…) y no tenemos ninguna cortapisa para llevar a cabo la segunda vuelta el 20 de agosto”.
El fallo del juez Orellana desató manifestaciones en Guatemala y críticas de Estados Unidos, de la cúpula empresarial guatemalteca, la Iglesia Católica, la Unión Europea, la ONU y Chile.
En tanto, la embajada de Israel se congratuló con Torres y Arévalo por “el inicio de la segunda vuelta de elección presidencial y desea éxito en el proceso electoral”.
“Es imperativo respetar la decisión de la máxima entidad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas” el 25 de junio, en la primera vuelta presidencial, declaró el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en un comunicado.
“Exigimos que se respete el resultado de las elecciones […] y que la segunda vuelta se realice el 20 de agosto” con Torres y Arévalo, indicó la Conferencia Episcopal de Guatemala en una nota de prensa.
Estados Unidos “está profundamente preocupado por el intento de la fiscalía de revocar el estatus legal del partido Semilla en pleno proceso electoral”, afirmó el Departamento de Estado estadounidense.
La UE criticó al fiscal Rafael Curruchiche, quien pidió a la justicia la inhabilitación de Semilla, afirmando que “en pleno proceso electoral amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”.
En tanto, un portavoz de la ONU dijo que el secretario general, Antonio Guterres, “observa con preocupación los informes sobre los intentos de influir en la segunda vuelta de las elecciones y la creciente tensión que esto está causando”.
Chile también llamó “a dar término a la judicialización de las elecciones” en Guatemala y pidió “que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del sufragio el próximo 20 de agosto”.
