La CC ordena al Ministerio de Gobernación (Mingob) y director de la Policía Nacional Civil (PNC) a que en un plazo de seis horas se restituya el “orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”.
Añadió que al analizar lo denunciado y derivado de que la obligación de garantizar la justicia conlleva “el deber de adoptar las medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia, reconocida en el artículo 2 de la Constitución, esta Corte resolvió ordenar el resguardo de derechos tutelados en las resoluciones emitidas en este expediente, y se “conmina” ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP, asegurando la integridad física de trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda de seis horas.
A la PNC, conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes.
Al Ministerio de la Defensa Nacional, prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones.
Al Procurador de los Derechos Humanos, dar acompañamiento a las acciones ordenadas, velando por los derechos de todos los involucrados.
En lo resuelto se previene a las autoridades directamente encargadas de la seguridad que, en toda situación en que se anuncien manifestaciones o en medio de la realización de éstas, resguarden las instalaciones de todos los órganos estatales encargados, tanto de la administración de justicia, como los demás que prestan servicios públicos esenciales, en particular aquellos que tienen reconocimiento constitucional y que por mandato del cuerpo normativo supremo cumplen atribuciones que se traducen en la protección de los derechos humanos.
Deben actuar de manera preventiva o reparadora, para garantizar, en todo momento, el acceso, permanencia segura y salida de las sedes respectivas, tanto de trabajadores y funcionarios como de los usuarios de los servicios que se proveen en las instituciones referidas.
Por el incumplimiento del ministro de Gobernación que fungía en la fecha en que se emitieron la sentencia y el auto de debida ejecución, se le certifica lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar.
Se “conmina” al debido cumplimiento de este fallo con el apercibimiento al Mingob o funcionario encargado del despacho y al director general de la Policía Nacional Civil, que en caso de incumplimiento, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, serán separados ipso facto del cargo público, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por su conducta omisa incurrieren.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública informa: pic.twitter.com/bQqyrbzFOy
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) October 18, 2023
La resolución
En su resolución la CC amplía: Además, tal como esta Corte lo mencionó en el auto del pasado 15 de octubre, debe determinarse si las acciones vandálicas y violentas producidas en el marco de las manifestaciones no pacíficas, han producido, incluso, delitos de lesa humanidad por provocar el “exterminio de civiles” de acuerdo con el contenido del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, específicamente, por la situación analizada en el auto emitido en el expediente 6217-2023, en el que se analizaron situaciones de destrucción de las instalaciones y reservas de agua potable, que son actos proscritos por normas nacionales y por Tratados Internacionales, que prohíben atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.
Manifestación frente al MP
Frente a la sede central del MP desde el 2 de octubre recién pasado permanece una manifestación en la que distintas organizaciones y ciudadanos piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; del fiscal, Rafael Curruchiche; y del juez Fredy Orellana por acciones relacionadas al proceso electoral 2023.
Las manifestaciones se han extendido en todo el territorio nacional, donde miles piden la renuncia de los referidos funcionarios.
Este miércoles 18 de octubre, miles de personas se movilizan en la capital contra las acciones del MP en el proceso electoral y en carreteras principales se registran bloqueos.
El 12 de octubre, el MP publicó un comunicado en el que instaba a las autoridades encargadas de la seguridad nacional a que liberen el acceso a la sede central de esa institución que está bloqueada por manifestantes desde el pasado 2 de octubre.
En el comunicado, el ente investigador señaló primeramente que son los encargados de “promover la persecución penal, dirigir e investigar los delitos de acción pública y tiene la obligación legal de garantizar una respuesta oportuna a las víctimas de delitos que presentan denuncias y buscan obtener justicia eficaz y oportuna”.
Recordaron que el domingo 8 de octubre de 2023 presentaron ante CC la debida ejecución del amparo promovido por el Procurador de los Derechos Humanos con el fin de que se ordenara el presidente de la Republica de Guatemala -Alejandro Giammattei-, al entonces ministro de Gobernación -David Napoleón Barrientos- y al director general de la Policía Nacional Civil- Edwin Manfredo Ardiano López- que cumplieran con dicho amparo provisional.
MP pidió destitución de ministro
El 16 de octubre, MP informó que solicitó ante la CC la destitución del entonces ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, a quien señaló de desobediencia e incumplimiento a lo ordenado por esa corte de liberar el paso en bloqueos y en el ingreso a la sede central del ente investigador, en el barrio Gerona de la capital.
Según un comunicado del MP, con base en el artículo 50 literal C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público solicitó ante la CC la destitución de Barrientos Girón.
Señaló que el exfuncionario incurrió en desobediencia e incumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 16-03-2023 en el que otorgó amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, así como por el incumplimiento a lo resuelto en fecha 11 de octubre de 2023.
Ministro de Gobernación renuncia
El 16 de octubre, a horas de que el MP solicitara la destitución de David Napoleón Barrientos, por no usar la fuerza pública para liberar los bloqueos carreteros que se han mantenido durante 15 días en el país, el funcionario presentó su renuncia al presidente Alejandro Giammattei, informaron fuentes del Ejecutivo.
La petición fue entregada a la CC, por la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, que aseguró que Barrientos cayó en “desobediencia” por no acatar una orden de esta corte para desalojar los bloqueos que persisten en las carreteras del país.
De acuerdo con la Fiscalía, los bloqueos, que incluyen un plantón frente a su sede central, impiden llevar adelante sus tareas investigativas.
Asume nuevo ministro
El 17 de octubre, el Organismo Ejecutivo designó al general de brigada Byron René Bor Illescas como ministro de Gobernación, luego de que Napoleón Barrientos dimitiera al cargo.
Byron René Bor Illescas es el sustituto de Napoleón Barrientos como ministro de Gobernación, luego de que este último dimitiera al cargo en medio de cuestionamientos por parte del Ministerio Público (MP) que lo señalaba de no haber acatado una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para desalojar por la fuerza a manifestantes que bloquean carreras en demanda de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Conferencia de los 48 Cantones de Totonicapán
Luego de conocer la resolución de la CC, líderes de los 48 Cantones de Totonicapán brindaron conferencia de prensa para hablar al respecto.
“Solo queremos llamar a la tranquilidad a toda la población, creemos que hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces creemos que pueden ser para alterar el orden público”, manifestaron.
Informaron que ante situación, con la intervención del procurador de los Derechos Humanos tendrán una mesa de diálogo y en su momento indicarán la hora para dialogar y saber cuál ha sido la condicionante por la cual “se nota una represión en contra de la población”.
Agregaron que la manifestación ha sido frente al MP y no ha sido dentro del edificio y recalcaron que se ha permitido el ingreso de personas, el relevo de los guardias y el ingreso de alimentos.
“Llamamos a la calma a toda la población, a la unidad, a la democracia y sobre todo a la paz, nosotros no venimos a oponernos, esta no es una lucha de poderes, no es un guerra interna, nosotros solo somos autoridades que venimos a representar a nuestra población porque es una obligación colectiva que nace desde nuestras bases y queremos ser bien claros que si nuestras bases que son el pueblo nos dice, ya no se puede, pero del pueblo que nazca, pero dejamos claro que también nosotros seguiremos en resistencia pacífica”, advirtieron.
Agregaron que cuando el pueblo defiende la democracia y pide sus derechos, se reciben “inmediatamente las resoluciones de las leyes en contra del pueblo, no así cuando presentamos nuestras denuncias, pues eso queda en el olvido”.
Destacaron que para tener la democracia “hay que seguir luchando” y no se han dejado provocar a la violencia, pues el pueblo está cansado de tanta confrontación.
Señalaron que les sorprende “la actitud represiva del Estado, pero también no es nuevo para nosotros, esto siempre ha llegado al pueblo y las leyes de represión han llegado a los pobres”.
Enfatizaron el llamado a la calma y esperan que no haya confrontación, pues van a buscar el diálogo.
Resoluciones contradictorias
El presidente de Acción Ciudadana (AC), Eddie Cux, informó que este miércoles 18 de octubre recibieron una notificación en donde se ampliaba el amparo provisional que ellos ya habían solicitado junto a las autoridades indígenas.
En el amparo se pedía el respeto a la manifestación pacífica, de reunión y de libertad de expresión, aunque en esa solicitud también habían pedido que se protegiera el derecho de resistencia pacífica, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les amplió y también indica que se debe respetar ese derecho de resistencia pacífica.
Esta resolución de la CSJ es dentro el amparo provisional porque la ampliación la pidieron porque omitieron resolver algo que habían pedido.
Explicó que la CC había omitido en el amparo provisional el tema de la “resistencia pacífica”, por lo que ahora esa frase ya está incluida en la misma resolución.
Explicó que el amparo de ampliación surgió de la CC, es decir, son dos resoluciones de la corte, solo que ahora como remitieron el amparo a la CSJ que terminó de ampliar el amparo otorgado a AC.
Indicó que es el mismo órgano que otorgó los dos amparos provisionales “contradictorios realmente que es lo que sorprende de la Corte de Constitucionalidad, porque por una parte en una resolución resuelve garantizar el derecho de manifestación y por otro ordena a las fuerzas de seguridad reprimir a la gente que se está manifestando pacíficamente”.
Señaló que hay órdenes contradictorias y “como que perdió sentido y rumbo la misma CC”.
Dijo que en el fondo lo que debe privar es el derecho a la manifestación y la resistencia pacífica.
Agregó que ahora el Mingob tiene dos amparos, pero sobre todo tiene protocolos y dentro de los dos amparos se menciona el marco de sus funciones.
Advirtió que la CC está “jugando con fuego”, ya que da órdenes contradictorias y por “otra parte quiere quedar bien con la fiscal general, quiere quedar bien con el sector privado que también le otorgaron un amparo, y quiere quedar bien con las autoridades indígenas”.
Añadió que presentaron una debida ejecutoria del amparo ampliado para que se limite el uso de la fuerza pública.
Comunicado
La Asociación Política de Mujeres Mayas, MOLOJ, emitió un comunicado en el que rechaza “rotundamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Ministerio de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público en un plazo que no exceda de 6 horas”.
Añadió que “esta resolución de la Corte de Constitucionalidad evidencia que los magistrados han sido serviles al pacto de corruptos y que no están actuando en defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala, sus resoluciones han favorecido a los que quieren seguir en el poder y encubrir sus malas acciones”.
Señalaron que esta resolución es una amenaza a la democracia. Añadieron que las manifestaciones pacíficas están establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 33, “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”.
